Las cifras ideológicas de los líderes indígenas

Escuchar a Jaime Vargas, principal dirigente de la Conaie, produce la sensación de que el país no se entenderá, o perderá más tiempo en hacerlo. A menos de hacer un pacto y forjar en forma  consensuada los mecanismos para volverlo viable: se trata de manejar las mismas cifras en políticas públicas. Cifras que, obviamente, cada sector o movimiento político o social podría interpretar o matizar según su visión. Pero las mismas cifras.

Urgido, por ejemplo, en Ecuavisa para que él diga cómo encarar el déficit fiscal, Vargas habló de tener mejores estrategias para superar la crisis económica del país. Pero cuando le preguntaron por las fórmulas que propone, el dirigente de la Conaie llegó a esos terrenos donde se echa mano de la ideología sin posibilidad alguna de aterrizar en la realidad. Él habló de los 70 mil millones de dólares que, supuestamente, suman los robos del correísmo durante diez años en el poder.

Si Alfredo Pinagorte le hubiera pedido precisar cómo llegó a esa cifra -que él repite y que ofrece como una de las fórmulas que deben ayudar a paliar la crisis y el monto que el gobierno no obtendrá por haber derogado el decreto que eliminaba los subsidios a la gasolina extra y al diésel- es posible que no hubiera podido hacerlo. No puede él y tampoco el 99% de ecuatorianos. Esa es una estimación hecha por el BID, según parámetros suyos: 40 mil millones por corrupción en compras públicas y otros factores incluida la ineficiencia. La Comisión Nacional Anticorrupción habló de casi 36 mil millones de dólares de corrupción durante el correísmo, por coimas, sobreprecios, comisiones y gasto corriente. Y así se podría proseguir en ese ejercicio. En claro, el país no tiene un cáculo oficial basado en documentos y susceptible de dejar satisfecha a la mayoría de los actores.

Ese, además, no es el problema. El problema es que Jaime Vargas y Leonidas Iza, cabezas visibles en este paro, creen que los 70 mil millones de dólares existen. Y que si se recupera la mitad -lo dijo Iza ante el país, y lo dijo considerando el monto que el gobierno pensaba obtener por la eliminación de los subsidios- alcanzaría para reemplazar esa suma durante más de diez años… Esto prueba que, además de entenderse sobre las cifras, en política pública los actores tendrían que conocer los mecanismos reales que una operación como estas implica: seguir la huella al dinero de los corruptos, contratar empresas especializadas, contar con la ayuda de ciertos gobiernos, descubrir esos fondos y, si logra probarlo, ganar los juicios que hay que interponer en los países donde el dinero sea hallado. Esos juicios pueden tomar tanto tiempo que lo más indicado para un gobierno es tratar esta posibilidad como una mera especulación. ¿Qué asesor habrá dicho a Jaime Vargas y Leonidas Iza que esos procedimientos son tan factibles y expeditos como para pretender poner una cifra real en una proforma presupuestaria?

Otra alternativa ofrece Jaime Vargas: traer inversiones de afuera en el sector del turismo comunitario y la hotelería destinadas, dice él, a crear empleo. Una gran idea. Que necesita, no obstante, algunas condiciones que él mismo, con los eventos suscitados por la Conaie en el país, se ha encargado de ahuyentar. Por eso otra condición para los actores políticos que hablan de políticas públicas ante el país, debería ser dar pruebas de entender cómo funciona el mundo real; no sus deseos.

Se puede decir lo mismo sobre decir la verdad de la gestión administrativa del gobierno de turno. Cualquiera que sea. Decir, por ejemplo como hace Jaime Vargas, y decirlo ante sus comunidades y ante la nación, que el gobierno condonó $4.500 millones de dólares a los ricos, suena escandaloso y hace gran favor a la propaganda. Pero no se apega a la verdad: lo que se hizo fue una remisión de intereses, multas y recargos acumulados hasta abril de 2018 sobre obligaciones tributarias o fiscales. Para obtenerla se debía pagar en su totalidad el capital y renunciar a cualquier tipo de recurso (administrativo, judicial, constitucional o arbitral) contra el Estado. El SRI recaudó 1268 millones de dólares. Se beneficiaron 350 mil contribuyentes; 99,5% micro, pequeños o medianos. Dicho de otra manera, “la condonación como máximo -se lee en la misma fuente, economiaenjeep– habría sido igual al capital recuperado”. No 4500 millones y de un dinero que sus deudores no iban a pagar o lo iban a hacer pero después de años de juicios contra el Estado. Correa, recuerda esa publicación, hizo lo mismo en 2015 y recaudó 972 millones de dólares. ¿De dónde sacan Jaime Vargas y Leonidas Iza que el gobierno condonó 4500 millones de dólares a los ricos y a los grupos económicamente más poderosos?

Y así se pudiera pasar en revista la retahíla de verdades antojadizas que manejan los líderes indígenas y toda la vieja izquierda que se guían por la ideología y la usan para pautar políticas públicas sin el más mínimo respeto por los hechos. Si todos los actores políticos no hacen un acuerdo básico, como en todas las democracias serias, para respetar hechos y cifras, Ecuador seguirá siendo esa peligrosa Torre de Babel metida en una olla de presión y sin válvula. Lo mismo deberían hacer la sociedad civil y los medios de comunicación para que esos actores, apenas vean cámaras y micrófonos, no puedan decir cualquier cosa. Y salir indemnes.

Foto: El Universo.