Por la lucidez, desobediencia, ironía y obstinación

Poner en orden no es fascismo

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En una democracia republicana, bajo el imperio de la ley (lo que se llama Estado de Derecho) nos asiste la capacidad de protestar, de expresar en voz alta y en la calle nuestro descontento. Cuando se avientan piedras, se asestan palazos, se arrojan cohetes, se incendian bienes, se calcinan vehículos, las fuerzas estatales del orden tienen la obligación, en contrapartida, de reprimir la violencia y restaurar el orden para garantizar los derechos humanos de las víctimas de tales agresiones y para defender la estabilidad institucional.  Esto que parecía una obviedad, no lo ha sido. Los insurgentes y corifeos de la izquierda tirapiedras, insisten en que el uso de la fuerza legítima para reprimir el vandalismo y la delincuencia maquillada de protesta social, es violación de los derechos humanos y disparan epítetos y amenazas que amedrentan, al parecer, a los miembros de las fuerzas del orden. Luego de este shock de violencia, queda claro que la estructura legal, las condiciones operativas, los suministros y en especial la cultura interna de las fuerzas armadas, han mostrado la vulnerabilidad en la seguridad que el Estado debe a sus habitantes.

La seguridad y el orden que es responsabilidad estatal, que tiene la prerrogativa de usar la fuerza legítima, permite garantizar la integridad de las personas, la propiedad privada y la subsistencia de sus instituciones. Las fuerzas del orden enfrentan amenazas de delincuencia común y de delincuencia política: subversivos, insurrectos que intentan apropiarse del poder por el ejercicio de la violencia. Y eso fue lo que intentaron los dirigentes indigenas. Aún cuando no lograron derrocar al Presidente, mostraron que por su capacidad de paralizar puntos estratégicos y la certeza que los mandos militares no impusieron el orden, han asumido la postura de decisión e imposición por encima de la institucionalidad.

En una entrevista en este portal el expresidente Osvaldo Hurtado, quien durante su presidencia impulsó la educación bilingüe, la electrificación rural y comprometió fondos para el llamado «desarrollo rural integral» que fueron políticas que sirvieron a la inclusión del mundo indígena; que en la Asamblea Constituyente de 1998 gestionó el reconocimiento constitucional a derechos específicos de los pueblos ancestrales; reflexionó sobre el carácter antidemocrático de la dirigencia indígena. Esas declaraciones han provocado la visceral reacción de algunos cromos que hablan a nombre del indigenado. No obstante, la evidencia sostiene la afirmación de Hurtado. La participación en varios golpes de Estado, la integración de un triunvirato (que fue depuesto inmediatamente), la alienación con el correísmo en la persecución a medios de comunicación, y la nueva irrupción de fuerza en busca de imponer sus sesgos ideológicos son la evidencia que la representación gremial que dicen habla a nombre del 7% que se autodefinen como indios, no juega en las reglas de la democracia y de la República. Territorios aparte, justicia aparte, ejército aparte, son expresiones de secesionismo y sedición, que se defienden como derechos. Y frente a esa violenta intención de operar desde la fuerza ilegítima, el Estado se muestra incapaz de garantizar el uso de la fuerza legítima y de garantizar el orden y la seguridad.

El Comandante de la Fuerza Aérea, verbalizó  lo que fue notorio: la estructura legal ha debilitado el rol de los militares en la seguridad interna, son objetivos fácil de persecución judicial; carecen de una definición estratégica y de suficientes recursos materiales. Ese mensaje sirve para que los subversivos, los militantes de la violencia de las mafias políticas y delincuenciales, los narcoterroristas, confirmen la debilidad del Estado ecuatoriano que puede ser reducido a aceptar el chantaje de facciosos. Eso sucedió el domingo 13 de octubre. En esa mesa, con la decisión de los mandos militares de no imponer el orden y con la mediación irresponsable del representante de Naciones Unidas que logró arrastrar a la representación de la estructura estatal a aceptar las condiciones de los alzados.

El exjefe de Comando Conjunto de las FFAA, general Ernesto González aludió al encausamiento al que fueron sometidos exjefes militares por la persecución a la guerrilla de Alfaro Vive. Qué jefe militar va a exponerse a ser sujeto de enjuiciamiento penal por cumplir con su deber, se preguntaba. Y tiene razón. Dicho de paso sería simbólico archivar ese proceso iniciado con evidente sentido revanchista por los exguerrilleros enquistados en el gobierno de la revolución corrupta.

El gobierno y la sociedad política deben concertar para cambiar en el fundamento toda norma de cualquier categoría que atente contra el rol de garantes de la seguridad que debe tener las fuerzas del orden. Y debe entablarse un diálogo sobre los términos en los que la fuerza militar se alinea al poder civil y responde a esa relación; o la aparente autonomía en definir la forma en que se subordinan al mando civil y la dirimencia que asumen en una especie de instancia intermedia entre el gobierno y los grupos conflictivos. El poder político y la sociedad en su conjunto deben tener la certeza de que existe la fuerza suficiente para repeler los ataques contra las personas, los bienes y las instituciones. De forma que los grupos que intentan en la violencia imponer sus intereses, se persuadan de que ese camino no es viable y se sometan a las reglas de la discrepancia, debate, acuerdos y desacuerdos en respeto de las reglas de la democracia.

Diego Ordóñez es abogado y político. 

6 Comments

  1. ¿Y qué tal si es al revés? ¿Qué tal si la escalada en la violencia y sofisticación de las protestas responde justamente a una escalada en las políticas, tácticas y tecnologías represivas que se ha venido produciendo desde el estado?
    Un punto de inflexión en ese sentido fue la respuesta a las protestas PACÍFICAS (yo estuve ahí con mi guagua de 4 años) cuando se desenmascaró al fin la iniciativa Yasuní-ITT en 2013. Había participado de otras manifestaciones en el centro, incluso en las que tumbaron gobiernos. Nunca había visto, nadie había visto, una desproporción tan brutal en el despliegue de fuerza pública. No solo era el número de efectivos, que excedía en mucho al de los manifestantes; era la nueva indumentaria robocop evocativa de la que los mercenarios utilizaban en Irak, la disposición de la tropa en formaciones escalonadas que evidenciaba una nueva racionalidad militar en la gestión de la disidencia, una nueva estética en el despliegue visual del poder (una estética, para conectarlo con el título del artículo, ostentosamente fascista). El salto definitivo –el involucramiento de los militares en el control interno– se dio poco después.
    Tampoco es posible un análisis que productivo si nos olvidamos, como olvida la casi totalidad de los comentaristas a quienes ha indignado o sorprendido la violencia reciente, de la premisa de las vejaciones a mujeres y dirigentes indígenas a quienes la policía arrastró fuera de sus casas y en las calles de Quito en 2015 y 2016. Protestaban entonces no para defender las prebendas que dizque tienen, sino para impedir la consolidación definitiva del autoritarismo en el país. Para comprender el componente de violencia racista en esos hechos vale contrastarlos con el arresto, con maneras casi británicas, de César Montúfar, el mismo día y a pocos metros. Como ejercicio mental para tasar ese racismo, imaginemos cuál hubiera sido la reacción de la prensa, la academia y los gremios empresariales si el arrastrado por la policía hubiera sido Montúfar. O su mujer. Talvez al alcalde Rodas no le hubiera sido posible, al mismo tiempo que ocurrían estos hechos, bailar, servil, para las cámaras, el Chulla Quiteño con el tirano. O quizá los grandes empresarios de la capital hubieran pensado dos veces antes de ir a tomarse un whisky con Correa en Carondelet para pactar la eliminación al impuesto sobre sus herencias (o quizá no).
    ¿Qué tal si la proliferación de enmascarados no es fruto de confabulaciones bolivarianas sino del hecho factual y con consecuencias prácticas de la conversión del espacio público en un espacio carcelario. Sin debate, sin reparos legales por parte de ningún organismo estatal o privado y sin resquemores de los autodesignados defensores de la libertad, se viene implementando en nuestras ciudades sistemas de vigilancia con reconocimiento facial frente a los que las distopías que imaginó Orwell son cuentos de cuna. Al mismo tiempo que se transforma a la ciudad en panóptico, la población carcelaria del país se ha triplicado en la última década. ¡Triplicado! Quien eche un vistazo al interior de esas cárceles –en las que se matan como perros y en las que incluso esas ejecuciones aparecen como un bálsamo frente a las condiciones en que permanecen los vivos– encontrará la misma composición étnica y de clase que en las “hordas” cuya violencia en las recientes manifestaciones ahora se tilda de irracional e inexplicable.
    También serviría alzar la vista más allá de la parroquia. Preguntarnos qué tienen de especulares la militarización de la relación del estado con la sociedad, el ascenso de los protofascimos (o de su añoranza, como en este artículo) y la creciente virulencia de las manifestaciones populares en todo el mundo. ¿De qué manera están todos ellos conectados con el crecimiento descomunal de las inequidades inter- e intranacionales durante el neoliberalismo (que para el autor es un orden natural) y con las angustias, primero efectos concretos y apertrechamiento de las élites frente a la crisis climática (que el autor sospecha que es una teoría conspirativa de la izquierda)?

  2. La fuerzas armadas en nuestro país tienen muy poco que hacer debido a la paz firmada con los vecinos del sur,bien lo dice el expresidente al que Ud. doctor Ordoñez hace mención. Tiene sentido el hecho de no haber ejercido con autoridad su poder de disuasión, la torpeza se hace del criterio del uso de armas letales ; pues ahora han captado 70 millones de dólares de las arcas del estado,dinero de todos, para asegurarse la compra de armamento , y según parece de inteligencia. No me cabe la menor duda , tenemos unas fuerzas armadas hábiles para consumir , la opinión publica manipulada por la información que ellos mismos emiten acerca de escases y obsolescenciaasienten ese gasto. El dragado del río Guayas no lo hicieron y tienen que devolver a la prefectura de esa ciudad 16 millones de dólares , yo pregunto , de dónde?. Llegaron a un acuerdo con Carlos Luis Morales , prefecto del Guayas, sabe alguien los términos del mismo?. Administraron Petroecuador , de verdad?. El trabajo en conjunto con la policía para el control de la delincuencia,quierde?. Su cúpula está pensando en otras cosas , ojala y para el bien de todos , esos 70 millones de dólares cumplan en su totalidad su objetivo , recordemos que por salir de compras fueron denunciados , helicópteros dhruv.

  3. Ah sí. Pero cuando se trata de reparar los daños causado por el petroleo y la minería (esperando más de 20 años), o ayudar a los compatriotas que siguen en carpas a 4 años del terremoto, o castigar a los que evaden sus obligaciones tributarios, no se les ocurre demandar el «poner al orden»?

  4. Lo sucedido es fruto de la ideología, la manipulación, el prejuicio y las presiones implícitas del grupo (muchos protestantes hicieron lo que hicieron no por voluntad propia sino porque fueron amenazados por miembros de su endogrupo). Es decir, la base de todo esto es la irracionalidad que es desplazada por un tsunami de emociones descontroladas y negativas entre las que destaca la ira fratricida (psicopatología de las masas). Ante esto la posibilidad de un diálogo “racional”, basado en principio y valores, es casi imposible (es como sentarse a dialogar con una lagartija). Me temo que el único “diálogo” que nos espera será el uso de la “fuerza legítima” siempre que las condiciones socio-políticas lo permitan …

  5. En términos generales es un analisis bastante acertado, pero creo que es importante ver también las causas…el gobierno cumple con sus funciones de administrador, planificador y facilitador de las necesidades y expectativas de un pueblo que ha sufrido, por décadas, gobiernos ineptos y corruptos… no decíamos que debemos salir a las calles a protestar por la corrupción del régimen anterior y la inercia que raya en la complicidad del gobierno actual??… desde luego que no se puede estar de acuerdo con los actos vandálicos y violentos de la marcha, pero, me parece que las medidas económicas que las plantearon, precisamente días antes de algunas acciones legales que de iban a tomar contra algunos personajes de la década perdida, entre ellos el expresidente Correa, no fue acertada… sabiendo que había colectivos del correismo cometiendo actos vandálicos, no se los impidió y tampoco se protegió a instituciones públicas como la Contraloría, que ya había sufrido un intento fallido de incendiarle…es decir, tampoco hubo un trabajo de inteligencia efectivo que hubiera evitado muchos daños como los que sufrimos todos los ecuatorianos…es decir,la violencia se pudo evitar o minimizar…a la final los que pusieron los muertos, heridos y detenidos fueron los indígenas…es mi opinión

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