Bloqueo y levantamiento contra la firma de un TLC con Estados Unidos, que ha significado una pérdida de accesos a mercados y de competitividad con los países vecinos y otros más de la región. Levantamiento para que el Estado declare la caducidad del contrato con Occidental, que desarmó las avanzadas negociaciones de apertura comercial con Estados Unidos y, peor aún, las decisiones arbitrales fueron negativas y eso significa un riesgo latente de tener que pagar cientos de millones de dólares en indemnizaciones. Levantamiento contra la dolarización y participación en el golpe de Estado que derrocó al presidente Mahuad, que fue sustituido por un triunvirato fugaz en el que participó el dirigente indígena de turno.
Se alinearon con el proyecto autoritario de la revolución corrupta (recuerden que Lourdes Tibán fue secretaria del Codempe, con rango de Ministra) y cohonestaron los sucesivos golpes de Estado durante el correísmo y aplaudieron la persecución a la oposición. Acompañaron en la destrucción de las libertades de prensa y comunicación y con la mayoría de votos de Pachakutik, se aprobó la Ley Mordaza. Y aunque un grupo de dirigentes indígenas se distanció del correísmo, muchos otros permanecieron en el “proyecto”. En estos días, protagonizaron un asalto, retención forzosa, atentados contra la propiedad, coparticipación en un intento de golpe de Estado para forzar a la derogatoria de la decisión de eliminar los subsidios a los combustibles.
Desde su aparecimiento político las organizaciones indígenas han usado la fuerza y la violencia para imponer sus pretensiones. Y han logrado, a pesar de ser una minoría en descenso, bloquear decisiones que habrían significado avances en términos de incrementar las posibilidades de desarrollo y crecimiento. El movimiento indígena y para ser precisos sus dirigentes, izquierdistas y contrarios a cualquier propuesta que no provenga de esa línea de pensamiento, han mostrado que entre sus convicciones no cabe el diálogo democrático, el respeto a los puntos de vista e intereses del resto de la población, y pretenden un modelo político corporativista.
En democracia representativa, el mandato popular proviene de un resultado electoral. En una democracia participativa las organizaciones de la sociedad civil intervienen en el debate, proponen, persuaden, exigen y también presionan, que no es atentar contra la seguridad de las personas y los bienes públicos y privados y retener personas para degradar su dignidad. En la visión de las dirigentes indígenas, no solo de los actuales, los mandatos provienen de su corporación y son obligatorios para el conjunto de la sociedad que incluye a los otros ciudadanos que no tienen relación política ni étnica con esa corporación, a la que llaman “parlamento de los pueblos”.
Esta postura no democrática se combina con una ideologización irreductible, inmune a las enseñanzas de la realidad. Eso se refleja en sus propuestas que, en su autoritarismo, son órdenes; una declaración de las taras de marxistas tardíos, supervivientes a la racionalidad. En estos diez años la evidencia muestra que el estatismo es regresivo. Los desempleados y subempleados si no aumentaron no se redujeron comparado con los datos del inicio del correísmo. La tasa de crecimiento fue, en promedio, menor al periodo medido desde el inicio de la dolarización. La corrupción llegó a niveles descomunales y sin precedentes por la naturaleza corrupta de quienes manejaron el dinero y porque la intervención del Estado en la economía incrementa los espacios de corrupción: su rol de redistribuidor de riqueza es ineficiente y provoca clientelismo electoral.
La evidencia muestra que el crecimiento de la economía ligado a los recursos estatales no es sostenible. Se necesita ser muy obtuso e implicado en los intereses empresariales o delincuenciales alrededor del contrabando, para no comprender que el subsidio a los combustibles transfiere riqueza a los ricos. Frente a todos estos hechos, la propuesta salida de las cabezas de anacrónicos intelectuales que tienen un muro de Berlín que se sostiene entre sus neuronas, intenta cambiar el sistema capitalista, que muestra más eficiencia en reducir pobreza y la desigualdad, e insiste en el modelo fracasado estatista y socialista de apropiarse de la riqueza actual, destruyendo la creación de riqueza futura.
Con saludo de camaradas, que subraya la humillación a la que se sometió al Estado en la mesa del chantaje, amparado por la jerarquía eclesiástica que renunció a la obligación pastoral de condenar la violencia, el pretenso vocero de todo el pueblo ecuatoriano (que es su terminología racista no existe; existen pueblos) ha entregado el mandato al gobierno, como tal, con el sentido de te mando a hacer. Ese es el diálogo para los antidemocráticos dirigentes indígenas. Y en la galería, los correístas aplauden y los defienden. Se entiende que así sea porque se han vuelto a juntar, como estuvieron al inicio del correísmo y por varios años en el gobierno del prófugo.
Diego Ordóñez es abogado y político.
Muy buen artículo.Por todos es conocido la empatía y alineación política de las organizaciones Indígenas con el Correismo.Son izquierdistas_Marxistas, es lógico que “actualmente sean fáciles de conquistar por sus dirigentes para que trabajen a favor del amo que un tiempo los despreció”.Exigen al Presidente Moreno el modelo político y económico a seguir.Deben ubicarse en el tiempo y espacio y pensar que “las elecciones se ganan en las urnas” y deben proponer pliegos de peticiones a favor de sus Comunidades antes de cualquier movilización de hermanos indígenas que salen obligados so pena de multas. Eso se llama retroceso de derechos individuales.Es esclavitud. No se lo merecen. Antes agotar la instancia del “diálogo propositivo y no impositivo” y menos aún con violencia, amenazas e intimidación.Son ellos apenas el 7% del total de los ecuatorianos, que mediante elecciones votamos por el Presidente Moreno.El tiene decisiones firmes y únicas propias de su Mandato. Es mi humilde opinión.
Que estos farsantes ganen las elecciones en las urnas, si pretenden imponernos un proyecto económico caduco y que ha llevado a la miseria a muchos países en todo el mundo. El Presidente y todo ciudadano consciente del país deberá poner un alto a estas pretensiones golpiistas yabusivas de estos líderes y economistas trasnochados .
Muy acertado análisis. La propuesta económica que han hecho, de llegar a aplicarse, lo único que conseguiría es “redistribuir la pobreza”. La dirigencia indígena (¿léase Alberto Acosta y Pablo Dávalos?) pretende imponernos un modelo económico que ha fracasado en otros países. Nuestra legislación tributaria actual se fundamenta en la premisa según la cual “quien más gana, más paga”, pero esa premisa debe basarse así mismo en un esquema de racionalidad tributaria, que no desaliente la inversión y, en consecuencia, la generación de nuevas plazas de trabajo. Por otra parte, oponerse dogmáticamente a cualquier propuesta de flexibilización laboral, es oponerse también a la creación de nuevos empleos, ya que las rígidas normas laborales actuales lo único que consiguen es que los empleadores traten de contratar la menor cantidad de trabajadores posibles.
Excelente artículo! El gobierno agacha la cabeza, Moreno se revela una vez más como comunistoide falso, al que le encanta el dinero ( y si es ajeno, mejor aún ) y los indígenas tan campantes como Johnnie Walker! Estamos a la deriva…
Verdad, ordenan especialmente lo que los economistas desdolarizadores Alberto Acosta Espinoza y Pablo Dávalos ordenan.