El Estado se justifica por la protección que debe a los habitantes, contra las amenazas y agresiones violentas que atenten contra la integridad física y la propiedad privada. Para el cumplimiento de ese fin, la estructura legal, operativa y material debe fortalecer, promover e integrar cada parte del sistema que permita el uso de la fuerza y la sanción penal a quienes violentan los derechos de las personas.
La policía, para la persecución del delito; los fiscales para la investigación y ejercicio de la acción para enjuiciamiento; los jueces para imponer sanciones; el sistema penitenciario para ejecutar la sanción y educar a los presos; y las Fuerzas Armadas para vigilar las fronteras, perseguir los delitos transfronterizos y garantizar la seguridad frente a amenazas del terrorismo, la sedición y la subversión. En resumen, todas estas partes de la estructura del Estado, deben operar con normas, sistemas coordinados y recursos suficientes para garantizar la eficiencia. Entre otros recursos, el de sistema de inteligencia y contrainteligencia usados para defender a los ciudadanos y sus instituciones.
Esto, que parece retórico es, en realidad, retórico. Y lo es, porque en los hechos, durante el gobierno de la revolución corrupta, como si fuera parte de un propósito de desarmar el sistema, se creó la estructura legal y la estructura administrativa para que el sistema de seguridad no ofrezca la protección y eficacia que debe ofrecer. No es descabellada la conclusión según la cual la alineación ideológica del correísmo con la izquierda guerrillera -que es la que ofrece servicios de protección a los carteles del narcotráfico- indujo a ese gobierno a reducir la seguridad en las fronteras, eliminar la amenaza que representaba la vigilancia desde la Base de Manta y desarticular los servicios de inteligencia. Varios militantes de la causa de las FARC eran parte del alto gobierno y la ex senadora colombiana Piedad Córdoba, guaricha de alto nivel del comando guerrillero, era festejada comensal de Carondelet.
En estos días se hizo pública la evaluación realizada a los jueces de la Corte Nacional realizada por el sistema fijado por el Consejo de la Judicatura, que muestra que los dos tercios son una colección de incompetentes. Fueron electos para ser sumisos y resolver no en favor de la justicia y en aplicación del Derecho. Colección de mediocres que degradan la magistratura. Obviamente hay notorias excepciones de jueces y magistrados provinciales cuyas carreras judiciales sobrevivieron al arrasamiento de Jalk y su caterva; pero si así son la mayoría de jueces nacionales, cómo serán los de menor jerarquía, me pregunto. En esas condiciones, la administración de Justicia no garantiza el funcionamiento eficiente de la capacidad sancionatoria.
El asolamiento de las fuerzas combinadas de indígenas y asaltantes mercenarios, confundidos en sus causas y en sus formas, demostró que la fuerza policial es insuficiente y que las Fuerzas Armadas está sojuzgadas por limitaciones constitucionales para actuar en la represión para garantizar el orden interno. Los jefes militares han insinuado la falta de herramientas para garantizar la seguridad externa: la inteligencia está contaminada por los agentes mafiosos que siguen sirviendo a sus jefes, aparte que salieron del seguimiento a los delincuentes y capos del narcoterrorismo y se orientaron hacia el espionaje contra opositores políticos. Las fuerzas del orden, mediante las cuales el Estado aplica fuerza, son débiles y dejan vulnerable a la sociedad. Y tampoco están libres de infiltración. Nunca se supo hasta qué nivel de involucramiento llegaba el almacenamiento de cocaína en la Base Militar en Manta.
Es indiscutible el esfuerzo que realiza la Fiscal General para mostrar esta entidad profesional, independiente e irreductible. En los casos que alcanza a impulsar demuestra esas características. Pero muchos otros casos no van al ritmo que la urgencia ejemplificadora requiere. Diez años de secuestro de la Fiscalía no se han desmontado aún; lo que permite que muchos capos de la mafia -retacos de físico y de moral- siguen amparados por intencional modorra procesal. El rol de la fiscalía es crucial en procesar delitos y delincuentes.
Los sediciosos tomaron, en los once días en los que se pisoteó la seguridad y se violentó todo principio de democracia y Estado de Derecho, el pulso al sistema y a la capacidad de reaccionar contra la violencia. Los jefes de la narcoguerrilla evaluarán de similar manera la indefensión del Estado y así como franquearon la frontera, seguirán penetrando la política para beneficiar sus delincuenciales intereses. Eso lo lograron con el correísmo.
El Estado debe ser reparado de la desarticulación provocada por los estatistas. Agobiados por la crisis económica, sobre lo que tampoco se logra un acuerdo político racional, responsable y pragmático, se ha perdido de vista las amenazas contra la seguridad, que son muchos más perniciosas que los producidos por los problemas de la economía, lo que deja ver lo graves que son. Ecuador es una “gran autopista de cocaína”. País sin estructura de seguridad, ambiente propicio para el caos, la violencia y la delincuencia. Tema sobre el que la política, las élites y organizaciones de la sociedad civil no ponen atención.
Diego Ordóñez es abogado y político.
Excelente análisis, sobre la demolición de las instituciones estatales, indispensables para brindar seguridad a los ciudadanos. La vorágine de violencia y vandalismo que vivimos durante once días (y que, todavía veladamente, los dirigentes de la Conaie amenazan con repetir, si no se acepta su “propuesta económica”), demuestra a las claras la debilidad que tenemos como país para procesar y resolver adecuadamente los conflictos. Mientras no exista un castigo ejemplar, siempre dentro del marco legal, en contra de los autores materiales e intelectuales de ese clima de violencia, así como en contra de los corruptos que participaron de la fanfarria en la “década robada”, la gente seguirá desconfiando de la administración de justicia, y en general del sistema democrático.
Un artículo sobre el que hay que meditar profundamente , pues todo lo señalado en el mismo , a pesar de que suena a historia macondiana , es absolutamente real ; efectivamente las estructuras del estado , por incompetencia o por un plan perfectamente concebido , que parece lo mas lógico fueron demolidas en la nefasta época de la RC . Habrá que pensar seria y urgentemente de qué forma se las recompone . Felicitaciones .