La ley de crecimiento económico: otra derrota para el gobierno.

Luego de la estrepitosa derrota sufrida por el gobierno como consecuencia de la fallida eliminación de los subsidios a las gasolinas y el diésel, lo que se esperaba desde Carondelet era un ejercicio de auto crítica y enmienda. Tomar correctivos en diferentes campos de la administración pública, remover ciertos funcionarios; y, esencialmente, reorientar las estrategias para asumir decisiones políticas, era lo mínimo que la ciudadanía demandaba. Sin embargo, nada de eso ha ocurrido. Por el contrario, el gobierno insiste en su visión unidimensional de la política y de los políticos. De hecho, cuando las heridas por el arrinconamiento al que fueron sometidos los principales funcionarios del gobierno aún están abiertas, el Presidente Moreno ha decidido abrirse otro frente de disputa política y social con el envío a la Asamblea Nacional de la ley de crecimiento económico. Miopía o necedad, usted juzgue.

Lo cierto es que al igual que en el caso del decreto 883, el problema de fondo no está en el contenido de buena parte de la ley sino en la forma mediante la cual se la presenta al sistema político. En efecto, al igual que en el caso del decreto 883 y las propuestas de reestructuración del modelo económico que erróneamente el gobierno hizo aparecer como un solo paquete, la ley de crecimiento económico adolece del mismo problema: se colocan en velocidades similares a reformas que pueden caminar en distintas revoluciones. Peor aún para el gobierno, a diferencia de las consecuencias ocasionadas por la propuesta de eliminación de los subsidios, ahora los opositores a la ley de crecimiento económico no solo están en las calles sino también en quienes hasta hace poco desde la Asamblea Nacional se opusieron a la intentona golpista. Paradójicamente, cuando se esperaba mayor sensatez del gobierno antes de decidir qué hacer y cómo hacer, lo que el país ahora mismo presencia es el advenimiento de igual o más convulsión política que la vivida hace pocas semanas atrás.

Razones para la convulsión sobran. En un escenario político tenso, quizás la mejor opción para el gobierno era avanzar de a poco, priorizando los temas más importantes y sobre todo aquéllos en los que era más fácil generar acuerdos mínimos. Cierto es que esa es una estrategia conservadora y de baja intensidad pero cierto es también que el gobierno ha perdido tanta credibilidad que es poco realista pensar que a estas alturas del partido desde Carondelet se pueda levantar la voz y generar mayorías. Ni siquiera en la bancada oficialista han sido capaces de mantener disciplina partidista, menos aún lo van a conseguir en el acre espectro político que rodea a la Asamblea Nacional. Sin embargo, ahí siguen, empeñados en aprobar un galimatías jurídico que les traerá tensiones de diverso orden en el cortísimo plazo e independientemente de los resultados de la votación en la legislatura.

En efecto, los problemas de conflictividad política y social que se derivarán del proyecto de ley de crecimiento económico están a la vista y, lo más grave aún, es que surgirán en cualquier escenario. Da igual si la Asamblea Nacional aprueba la propuesta con enmiendas, ordena su archivo o permite su vigencia por el Ministerio de la Ley. En lo de fondo, presentar un proyecto de ley sobre tantos temas, muchos de ellos inconexos, susceptibles de más de una posición fundamentada políticamente; y, adicionalmente, con la premura de tiempo que surge de la figura de la urgencia económica, no es sino una provocación política. Si bien una estrategia activa y desafiante como la enunciada puede ser utilizada, para ello se requiere apoyo popular, bloque oficialista cohesionado, objetivos claros en el gobierno y coaliciones legislativas que soporten los costos de la decisión. Nada de ello ocurre hoy por hoy; sin embargo, ahí siguen. Realmente poco aprendieron en Carondelet de lo ocurrido hace pocas semanas.

Tan poco aprendieron y tan poco les quedó de lección que ahora pretenden con la ley de crecimiento económico seguir el libreto del mamotreto de Montecristi: dar a todos una cuota de poder aún a costa de generar más distorsiones de las que pretenden resolver. Esa estrategia fue útil para el ex presidente Correa porque así consolidó el poder político cuando su gobierno estaba en sus inicios, tenía una economía boyante y gozaba de apoyo popular. No podría esperarse un efecto similar ahora, cuando el Presidente Moreno batalla a diario por mejorar mínimamente sus porcentajes de aceptación ciudadana, el gobierno está de salida, la situación económica es precaria y las posibilidades de mantenerse en el poder luego del 2021 están solo en el imaginario de quienes temen que con un cambio en la correlación de fuerzas sus propios intereses políticos y económicos se vean lesionados. Nada es igual; no obstante, ahí siguen.

Proponer un proyecto de ley tan desarticulado como el de crecimiento económico no sólo da cuenta de la falta de olfato político sino también de la ligereza con la que se manejan asuntos clave para el país, como es la educación superior. En efecto, a pesar de que este sector no tiene una relación directa con el tema que se asume central en dicha propuesta, allí se incluye una reforma a través de la que las universidades acreditadas ante el CACES (Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior) podrán ofertar programas académicos de pregrado y maestría en la modalidad virtual o en línea sin necesidad de autorización previa del citado organismo de regulación estatal. No sólo eso. La posibilidad de control del CACES se extiende solamente a los dos años iniciales de operación de tales programas académicos. Luego de dicho plazo la capacidad estatal de control caduca, dejando al estudiantado a merced de las imperfecciones que puedan surgir en el mercado universitario. Lo más grave: sobre este tema nadie ha musitado una sola palabra, ni las propias universidades, ni la Asamblea Nacional, ni el propio CACES.

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Una salida a la convulsión política y social que puede derivarse del proyecto de ley de crecimiento económico es su retiro por parte del gobierno. De esta forma tendría espacio para reordenar la propuesta, dividirla temática y estratégicamente; y, a la par, ganar tiempo respecto a la inminente amenaza de nuevas movilizaciones en su contra. Aunque esta decisión pueda ser leída como una nueva derrota política, no hacerlo resultaría aún más perjudicial para el gobierno. Es cuestión de costos y beneficios. Es cuestión de aprender de los hechos de las semanas previas. Es cuestión de asumir los errores y enmendarlos. En definitiva, es cuestión de autocrítica, valor fundamental en política que en el gobierno nacional escasea cada vez más.

Santiago Basabe es académico en la Flacso.