Por la lucidez, desobediencia, ironía y obstinación

La operación mano de gato al juego electoral

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Pocas reformas a la ley generarán tantos desencantos como los que se producirán con el voto en la Asamblea del Código de la Democracia. Hay obvias razones: el primer debate se suspendió en enero de 2018 y, entonces, la voluntad de reforma por parte del correísmo (Marcela Aguiñaga presidía la comisión de Justicia) era inexistente. Y sobre esa matriz, la sociedad política suma ahora poca voluntad para cambiar las reglas del juego electoral. Al punto que César Litardo, presidente de la Asamblea, habló de cambios mínimos.

Si se agrega la premura que se advierte para que esas reformas alcancen a ser aplicadas en las próximas elecciones y los intereses electorales en juego, la expectativa es adversa de que se lograrán las transformaciones profundas sugeridas en textos de reforma provenientes de numerosos frentes. La tarea es amplia: método de asignación de escaños; circunscripciones electorales; financiamiento y control del gasto electoral; manejo de campañas, propaganda  y debate obligatorio; infracciones electorales y justicia electoral; cambios en el Consejo Nacional Electoral y en el Tribunal de lo Contencioso Electoral; paridad en las listas…

Se entiende que esta Ley será votada a mediados de esta semana y que el proyecto, que se procesa en la Comisión de Justicia presidida por Ximena Peña, quedará listo este fin de semana. Un borrador de esas reformas, que suma 170 artículos, permite diseñar borrosamente cómo quedarán las reglas de juego en el campo electoral. Ximena Peña dijo, por ejemplo esta semana, que el cambio que propone para adjudicar escaños en las elecciones pluripersonales (fórmula de Webster en vez de método D´Hont) posiblemente sea votado aparte. Para no comprometer el cuerpo de la reforma. Y quizá no sea el único tema. La representación paritaria -la reforma doctrinaria de mayor importancia en este proyecto- podría hacer parte de esta lista. Sobre todo por la reforma al artículo 65 del Código de la Democracia según el cual el binomio presidencial debería cumplir con el principio de alternabilidad: hombre-mujer o mujer-hombre.

Numerosas lecturas caben en esta reforma. 4P. propone una que tiene que ver con cambios polémicos y que, de ser aprobados, podrían terminar (algunos de ellos) en la Corte Constitucional.

El CNE, juez y parte: en el artículo 25, numeral 26, se lee que el Consejo Nacional Electoral debe “propiciar, organizar y dirigir debates entre los candidatos de elección popular”. Propiciar, seguramente. ¿Dirigir? Es una aberración conceptual y política con consecuencias predecibles y, en todo caso, inadecuadas para el proceso electoral y para la credibilidad e imparcialidad de la autoridad electoral.

 Jurisdicciones de primera y de segunda: en las elecciones de prefectos y alcaldes, la junta Electoral promoverá debates en aquellas jurisdicciones que cuenten con más de cien mil electores. ¿Por qué solo allí, según consta en el artículo 202.1? Si se trata de esclarecer ante los electores los programas de los candidatos (para eso son los debates) no cabe duda de que habrá jurisdicciones de primera y de segunda. Tampoco cabe duda de que una parte de la ciudadanía quedará excluida de este derecho. La misma ley habla de preconizar “pluralismo, equidad e igualdad”.

La consulta local es cercenada: en el artículo 195 se lee que solo se podrán consultar temas de interés para la jurisdicción y que sean de competencia del correspondiente nivel de gobierno. Es decir, un derecho ciudadano general queda restringido a la competencia de una autoridad local. Lo que en este texto pudiera aparecer como coherente, niega el espíritu que, en este campo, consagra la Constitución.

Los honorables no se quieren ir: el espíritu del referéndum de 2015 dice que un dignatario de elección popular no podrán postularse para reelegirse. Es el caso de un asambleísta. En esta ley, artículo 93, se agrega que sí podrán hacerlo para un cargo diferente. Y que “la diferencia entre un cargo y otro se determinará en función de la circunscripción electoral territorial de la que proceda la autoridad de elección popular y para la que se postule”. Luce a grosera interpretación. Si fue elegido como asambleísta nacional dos veces, entonces podría postularse para asambleísta de una provincia. Incluso solo cambiando de distrito, podría volverse a inscribir. Esto lo convertiría en candidato eterno para asambleísta. ¿En qué quedaría la no reelección?

Vacíos en la autoridad electoral: esta ley no reduce la discrecionalidad y la politización burda del CNE. Las juntas provinciales seguirán siendo nombradas por sus consejeros. La ley otorga poderes excepcionales al presidente o presidenta del CNE, como expedir actos administrativos. Tampoco legisla sobre la transparencia informativa que debe tener ese organismo sobre el proceso electoral hasta la proclamación de resultados. Nada se dice, por ejemplo, sobre los sondeos a boca de urna. Ni siquiera prohíbe el apagón digital en el CNE (el día de la elección hacia las 19:00) que el correísmo puso de moda en el país…

Foto: Asamblea Nacional.

6 Comments

  1. El voto obligatorio es la muletilla de los mediocres, sino pregunten a los Oswaldos, Rodrigos, Abdalas, Jamiles, Jaimes, Guillermos y que decir del vivísimo de la bahia con Phd. Todos estos se matan, si se elimina el voto obligatorio.

  2. 1. Deben haber cambios profundos.
    2. Si ha sido candidato ganador por 2 ocasiones, ya no podrá ser más candidato a nada .
    3. Se debe reformar toda la Ley( CD).
    4. Se deben cambiar a todos los operadores de ese CNE, iniciando por Atamaint y Consejeros hacia abajo, todos están contaminados de corrupción.
    5. Todo ese sistema está diseñado para el fraude, hasta la forma de los biombos.
    6.. Se debe despolitizar ese organismo.

    • Las reglas son reglas, como se las apruebe, pero quien debe impartir justicia es el CNE, y ahi si no hay garantia de que sean imparciales, miren hay una denuncia de dos vocales de este organismo en contra de la presidenta, y nadie hace nada, ni dice nada sobre el conteo de seccionales, de ahí parte la trifulca de octubre. Debe eliminarse la computadora ahí esta el fraude, y nadie hace ni dice nada, lo que deberían cambiar es a todo el CNE, ojo puede pasar lo mismo que en Bolivia, alla el pueblo fue digno, aca la gente esta embobado de correismo. Asi que a ver la forma de cambiar ese CNE, no hay garantía

  3. Es obvio que los asambleístas quieran tener reelección eterna, porque la mayoría son profesionales mediocres, que no podrían sustentarse con su profesión, sino con el gran sueldo de asambleístas, bueno fuera que bajaran este sueldo al mínimo.

  4. ¿Para qué necesitamos cambios, si así como estamos, estamos requetebién? Cuando Correa quería llegar a la Presidencia por primera vez, ofreció reducir el número de asambleístas. Ya elegido, hizo lo contrario: subió. Crearon distritos electorales para aumentar el número de asambleístas en las provincias de primera. Las oportunidades de «camello» aumentaron, el mejoramiento de la representatividad de la ciudadanía es cuento: a la hora de votar, alzan la mano (o aplastan el botón) según la orden del jefe, y punto. ¡Ojalá ese rato no estén de «ruca»! Como el trabajo en la Asamblea es abrumador, se pusieron un montón de asesores. Y miren lo que pasó recientemente con el proyecto económico: como fueron 404 art., es mucho esfuerzo, lo archivaron. Trabajan de martes a jueves, ¿y el horario?; tienen subsidios de residencia y más prebendas, amén de los «sueldazos». Ser político es una excelente profesión y para muchos, negocio; familias enteras dedicadas a «salvar a la patria» (su patria chica, debe ser). Y lo mejor de todo: se hereda. Llegan elecciones, el papá renuncia el cargo de asambleísta y deja en reemplazo al hijo, así sea un mamerto, y él se postula para alcalde de su circunscripción. Y como son buenos en cualquier «carguito», rotan. Se postulan para alcaldes y concejales marido, mujer e hijos. No hay nepotismo. El Presidente, por 4 años (en el mejor de los casos) «de sacrificio», tiene sueldo vitalicio para él o sus parientes. Y como hay que asegurar la «hinchada» para la próxima, se establece presupuesto, que casi todo se va en sueldos, hasta para las Juntas parroquiales, ¿y la obra pública?; ¿y para qué alcaldes y concejales? Gobernador y Prefecto, ¿duplicación de funciones? Como vemos, la estructura del Estado está muy bien, ¿para qué reformas electorales? El ciudadano de a pie, como todo iluso, seguirá soñando en utopías: que el mantener a la patria no le sea muy caro.

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