Hace unos días el rector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en su calidad de sacerdote jesuita, arremetió contra los medios de comunicación y los periodistas durante una ceremonia religiosa. Meses atrás, un clérigo asumió el cargo de presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y desde ese espacio arengó a favor de las consignas de una agrupación política. En la Prefectura del Guayas, hace poco más de un mes, su titular invitó a la celebración de una misa oficiada por el Arzobispo de Guayaquil. El Gobernador del Guayas, en la misma línea, realizó la semana pasada una misa para consagrar a esa provincia y al país entero al Sagrado Corazón y a la Virgen del Buen Suceso. Policías y militares mantienen vigente el rol del Obispo Castrense y sus ceremonias religiosas forman parte de las actividades oficiales de los miembros de una y otra institución.
De la revisión de estas imágenes, que pueden ser multiplicadas ad infinitum, lo que queda claro es que en Ecuador la distinción entre el rol del Estado y el de las distintas religiones es prácticamente desconocido. Independientemente de los gobiernos de turno y de las orientaciones político-ideológicas de los actores en el poder, todos han utilizado las instituciones públicas para celebrar sus ceremonias religiosas y requerir de sus divinidades bendiciones en su gestión o incluso para tomarse el atrevimiento de consagrar al país a algún referente sobrehumano en el cual creen y depositan su fe. Así, sin que el Ecuador sea formalmente una teocracia, lamentablemente es posible decir que en este equinoccial país existe una organización estatal imbricada con las religiones y sus jerarcas y que, como consecuencia de ello, los dogmas de fe son parte constitutiva de la toma de decisiones públicas.
Un argumento en contra de lo dicho podría señalar que, el hecho de celebrar un acto religioso en una institución pública no es argumento suficiente para pensar que los representantes de las divinidades efectivamente inciden sobre las decisiones de la vida pública del país. No obstante, las imágenes expuestas son sólo la forma como se exterioriza la actividad de negociación e intermediación política que tradicionalmente tienen las organizaciones religiosas en el país. Cierto es que no operan de forma abierta, como lo hacen en Colombia o Brasil a través de partidos expresamente orientados por un credo religioso, pero lo hacen a través de agrupaciones políticas que constituyen sus brazos ejecutores. En otras palabras, en Ecuador las distintas agrupaciones religiosas operan como grupos de presión, estratégicamente articulados y con capacidad de manipulación a partir, precisamente, de los dogmas de fe alrededor de los que pueden persuadir a partidos, movimientos y a los propios actores gubernamentales.
Nadie se opone a las creencias religiosas de las personas. Ese no sólo es su derecho sino que está consagrado desde los orígenes de la democracia liberal moderna. Es más, un papel ineludible del Estado es, precisamente, respetar el credo y a las organizaciones que lo difunden. Allí radica la laicidad de los países democráticos. Allí radica la posibilidad de que en la esfera privada de las personas, en su fuero interno, cada ciudadano tenga la libertad para creer o dejar de creer en lo que quiera. No obstante, trasladar tales convicciones a las instituciones públicas, más aún a las decisiones públicas, constituye una afrenta al Estado laico al que constitucionalmente decimos pertenecer. Al final, la imbricación tan fuerte que existe entre aparato estatal y religión dan cuenta de un país en el que las ideas de Maquiavelo de separar lo profano (léase público) de lo sacro nunca llegaron. Tanto es así que en Ecuador el pecado y el delito continúan siendo casi lo mismo. Allí una explicación del por qué en este país el aborto por violación continúa siendo una figura penal.
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El punto central de la discusión no está en el hecho de que el representante de un credo religioso hable a favor o en contra de un sector o actor político. Tampoco está en que una ceremonia religiosa sirva para atender a los intereses de tal o cual gobierno. En realidad, el corazón del debate está en que, si bien hemos avanzado en muchos sentidos durante estos cuarenta años de democracia, en lo que se refiere a la separación del Estado respecto a la Iglesia (en sentido amplio), el país tiene un déficit enorme. Allí está un tema que podría generar una agenda de políticas públicas a largo plazo. Religiones, sí, pero en sus respectivas iglesias. En lo público, solamente ciudadanos. En lo público, solamente actores que buscan un cambio en lo político, económico y social. En esos cambios, las religiones nada tienen que hacer. Los tiempos de la política de San Agustín o Santo Tomás de Aquino han pasado, ¿o no?
Santiago Basabe es académico de la Flacso.
Articulista y comentaristas lamentablemente se están basando en una falsedad. Cada persona es una sola persona y no puede poner la mitad del cerebro en la política y la mitad en la religión. Todo su pensamiento es uno solo, y si una persona cree firmemente en una religión la expresará SIEMPRE. Igualmente se aplica si su religión es de las llamadas laicas (marxismo o fútbol, por ejemplo) lo expresará SIEMPRE. La separación de roles entre lo político y religioso es una falsedad, no existe, no puede existir porque cada persona es una sola, a menos que tenga múltiples personalidades o alguna enfermedad mental similar. Esta falsedad se ha impuesto como un arma de lucha contra el poder milenario de las religiones cristianas en particular, a favor del sin fín de otras religiones que aparentan no ser religiones, por ejemplo las de “superación personal”. Si una persona está firmemente comprometida con su religión (ej. feminismo) luchará por ella en todas las áreas públicas y privadas. La ventaja de estas es que, al igual que en este artículo, solo las religiones tradicionales serán tachadas por su ingerencia en el orden público. Las otras religiones pasan de agache, como “no religiones” aunque igual dominan la mente, el accionar y la vida delas personas, SIEMPRE.
Estimado señor, el estado no tiene religión y la laicidad no es una religión, lo que me imagino quiso decir es que el Estado es Laico.
Lo que preocupa en este bodrio estado – religión es que se estén destinando recursos públicos para financiar actividades estatales con tufo religioso. Si este es el caso, se trata de una violación a lo que claramente dice la Constitución (sin mencionar los procesos de influencia y “reciprocidad” que las religiones y el poder tienen).
El hombre es libre para creer en lo que a bien tenga; su fe en un dios, o en muchos, es la que guía sus pasos por la vida. Y esa fe es respetable. Pero quien usa la religión para manipular a un pueblo, es un farsante. La religión católica fue traída a América por los españoles y muchos los acusan por haberla usado para someter a los pueblos conquistados; es decir, utilizaron la cruz y la espada (y el caballo). No obstante, el catolicismo ha calado muy hondo en nuestro pueblo y es capaz de movilizar grandes masas en actos religiosos. Y esto atrae al “avispón”. Se disfraza de político creyente en Dios (y que por lo mismo sólo hará el bien a la patria); asiste a misa todos los domingos, la oye de rodillas, la cara sostenida por las manos (como que solloza), la mirada al piso, y hasta comulga: una unción que conmueve y quienes lo miran (en vivo o en Tv) en esa pose (que la seguirá usando cuando gobierne; poco le importa que la Constitución diga que el país es laico) se convencen y se hizo el éxito para el manipulador, (ya no usó la espada española). Pero quienes se tragaron “la pose” no saben lo que en realidad ese fariseo decía: “Perdóname Señor por lo que estoy haciendo, pero la tentación es grande, y sucumbo al color verde del billete”. Y se alza con el santo y la limosna. Hizo caso omiso de uno (por lo menos) de los DIEZ MANDAMIENTOS: NO ROBAR. Y cuando ya fugó con el botín, el pueblo grita: “Cojan al ladrón, cojan al ladrón”. ¡Qué drama!
independientemente de los gobiernos que turno y de las orientaciones políticas-ideológicas, en mi punto de vista, la iglesia no debe tener opiniones política , ni ser partidario de ninguno partido político. Ya que la iglesia o los que representa la iglesia son para servir a Dios , y luchar por la paz de los países y del mundo a través de sus oraciones y fe.
Independientemente de los gobiernos de turno y de las orientaciones político-ideológicas, en mi punto de vista, la iglesia no debe tener opiniones políticas, ni orientacion y ni partidarios por por ningun politica, sea izquierda o derecha. Ya que ellos son para servir a Dios, y luchar por la paz de los paises.
Totalmente de acuerdo con el columnista de hecho en muchas ocasiones la impertinencia por parte de la Iglesia en el sentido de omitir algún comentario a hecho que varios grupos sociales o personas que han estado en busca de que se apruebe alguna ley han sido tachados como contrarios a la Iglesia. Considero que en cuestión de leyes la Iglesia sale sobrando en muchos sentidos. Un excelente artículo.
Si, estos actos en contra la laicidad hay que prohibir y multar por completo. La iglesia y menos aún las nuevas iglesias no deben tener ningún papel en la política, sobre todo no en la educación!
Estoy de acuerdo con los comentarios de los 4, pero no en su totalidad. Es la libre expresión. Saludos.