El pasado 3 de diciembre, en sesión del Pleno No. 492, la Asamblea Nacional aprobó las reformas del Código de la Democracia, y con ello, se establecen nuevas reglas que regirán para las elecciones del 2021.
Vale decir que varios de los cambios aprobados son el resultado de la capacidad de incidencia e insistencia de grupos de sociedad civil, como Participación Ciudadana, que ha posicionado, durante más de una década, la necesidad de contar con normativa que asegure equidad en la competencia electoral; intercambio y debate de ideas; sinceramiento del gasto electoral, mejoramiento de los montos; paridad y otros temas más.
Ya se escuchan voces de desacuerdo con lo aprobado. Conviene aceptar, sin embargo, que el Ecuador no podía seguir con la normativa electoral con la cual los actores políticos venían compitiendo porque muchas de las reglas, que hoy han sido reformadas, fueron hechas para beneficiar al partido que ostentó el poder los últimos diez años, en desmedro y debilitamiento de los otros movimientos y partidos.
Las normas, tal y como estaban, instituían el uso de recursos públicos para proselitismo político, no promovían el debate como mecanismo de confrontación de ideas y, además, excluían la participación de movimientos locales, al haber puesto en vigencia un método de asignación de escaños que fue declarado inconstitucional por autoridad competente años atrás.
Venía siendo imprescindible reformar reglas como aquella que permitía la coexistencia de autoridades en funciones que también eran candidatos. A causa de esa norma y durante una década, los ciudadanos tuvimos que convivir, en tiempo de elecciones, con funcionarios/candidatos que, a despecho de su doble calidad, se dedicaban a inaugurar obras, copaban los espacios de opinión de los medios estatales y se movilizaban en autos del estado mientras hacían proselitismo puro y duro y, además cobraban el sueldo con dinero financiado por todos. Ni hablar de los pobres subalternos del funcionario/candidato, que eran obligados a asistir a los mítines de apoyo a su jefe, muchas veces en horario de trabajo. Dicha práctica, impidió durante años el ejercicio de una competencia electoral en igualdad de condiciones para todos, como debería ser.
Con la antigua normativa, el candidato común, tenía que esperar su fondo de promoción electoral para hacer propaganda durante los 45 días de campaña, versus el funcionario que se venía promocionando desde antes. Por eso ahora tanto la renuncia como la licencia son obligatorias, eliminan esa práctica y los funcionarios que quieran candidatizarse, deberán abandonar sus puestos de trabajo.
El caso de las listas cerradas tiene su propio relato. Los ecuatorianos hemos vivido con la condena de tener que votar entre listas; es decir por personas, no por ideologías, planes ni proyectos y, por eso, se entiende muy bien cómo catapultamos a la legislatura, cantantes, deportistas, modelos sin comprender lo delicado de legislar, y después nosotros mismos nos quejamos, como si no fuéramos también responsables de que ellos llegaran allí. La nueva forma de votación nos presenta un desafío como ciudadanos porque la reforma nos plantea el reto del voto responsable que, sin duda, será complejo de inicio, pero nos marca una ruta hacia la ciudadanización de la política y el ejercicio del sufragio consciente.
La inclusión de la paridad y la norma del 50%, por su parte, a más de ser innovadora, marca un camino de oportunidad en la generación de espacios habilitantes para la participación política de la mujer. Con todo y sus críticas, es un avance significativo.
Por otro lado, se cambia la fórmula de asignación de escaños y se espera que Webster aporte mayor inclusión y representatividad. Habrá que ver cómo se enfrentan este desafío en términos de gobernabilidad en el seno de la Asamblea. La generación de alianzas y acuerdos podría tornarse complicado.
Las reformas aprobadas, plantean, ciertamente, un reto de doble vía. Por un lado, el CNE tendrá que implementarlas y reglamentar muchos de los aspectos nuevos: paridad progresiva, debates, montos, prohibiciones de aportes, violencia política, etc. Es decir, tiene un trabajo técnico exhaustivo y que debe comenzar ni bien se aprueben definitivamente las reformas. Por otro lado, esta labor deberá ser muy técnica y precisa, de tal forma que asegure viabilidad a los cambios. Los movimientos y partidos tendrán que trabajar para fortalecer sus estructuras, generar espacios serios de participación política para las mujeres y evitar la violencia política: bien por eso.
Sin duda quedan temas pendientes por resolver, esperemos que el veto los contemple: la regulación eficaz de la publicidad oficial es uno de ellos, y otro, también fundamental, la eliminación de los distritos. Si el veto presidencial logra contemplar esos dos aspectos e incluirlos, tendremos una reforma más completa y estaremos en posibilidades de afrontar al 2021 con reglas claras para todos.
Ruth Hidalgo es directora de Participación Ciudadana y decana de la Escuela de Ciencias Internacionales de la UDLA.
Los cambios propuestos son positivos, sin embargo el método Webster privilegia a las minorías que en las urnas no son escogidas y eso contrasta con el principio de la democracia. No tiene sentido, ser rechazado en la votación y finalmente ser elegido por ese método.!