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Medidas cautelares para Pabón: el Estado debe cumplirlas

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Farith Simon es decano del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco. Un experto calificado para interpretar el alcance de las medidas cautelares dictadas por la CIDH en favor de tres militantes correístas, detenidos por los eventos de octubre. 4P. charló con él.

¿Qué interpretación das tú a las medidas cautelares que dictó la CIDH a favor de Paola Pabón, Virgilio Hernández y Christian González?
Me parece que el Estado ecuatoriano no dio señales de mucha seriedad cuando vino la Comisión Interamericana y presentó los casos de los tres. El estado debía acelerar el proceso porque, de lo contrario, daba la apariencia de que lo que se está haciendo es ganar tiempo para que la señora Pabón pierda la Prefectura.
La prisión preventiva es una medida excepcional: habría que demostrar que esa medida se justifica por el peligro de fuga o por el peligro de que entorpezca la investigación. Cuando vino la Comisión Interamericana no se dio un mensaje claro sobre la justicia del proceso. Y al final del día la medida cautelar termina siendo simplemente un oiga, usted puede investigarlos pero está en riesgo su seguridad y, además, pensando en los derechos políticos de la señora Pabón, ella está en riesgo de perder el cargo.

¿Qué debe hacer el Estado si quiere reaccionar correctamente?
Puede, frente a los dos que no tienen cargo público, cambiarles de lugar de detención o tomar una medida alternativa a la prisión preventiva. Y en el caso de la señora Pabón permitir que pueda ejercer el cargo. Excepto si el Estado tiene información y puede demostrar que la medica cautelar se justifica.

¿Esas medidas cautelares podrían detener los tiempos que están corriendo y que pueden poner fin al cargo de Paola Pabón?
No tiene ese efecto. La medida cautelar pide que el Estado tome medidas pero no tiene la fuerza legal sino en la medida que el Estado tome las medidas que tiene que tomar. En cualquier caso, los plazos legales siguen corriendo para la posible pérdida del cargo porque se termina su permiso de licencia sin sueldo. Lo que está la CIDH pidiendo al Estado es que asegure su integridad y asegure integralmente sus derechos. Los que tienen que pronunciarse aquí son dos instancias, no el Ejecutivo: la Fiscalía sobre las razones que tiene para sostener esta medida cautelar y los jueces, sobre si creen que existen méritos para mantenerla.

Aquí se juega un tema internacional para el país, no por la fuerza jurídica de las medidas cautelares sino por la fuerza moral que representan.
Se va a repetir lo mismo que se dijo cuando Correa, Patiño y compañía negaban las medidas cautelares. El Ecuador se comprometió de buena fe con la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos Humanos y el Estatuto de la OEA. Una de las cuestiones más importantes es asegurar que esas medidas que toma la Comisión Interamericana se cumplan, porque tienen efecto jurídico. Solamente estoy refiriendo que ese efecto jurídico no tiene la capacidad de modificar plazos legales. Pero en mi opinión tienen obligación de cumplirlas de buena fe. Esta es una interpretación totalmente distanciada de la que hacía el correísmo sobre las medidas cautelares. Para ellos no tenía ningún valor y la CIDH no tenía competencia para hacerlo. El Estado ecuatoriano tiene la obligación de asegurar la aplicación de medidas cautelares. No dice, libéreles, no dice son inocentes, no dice que el proceso no debería seguir. Lo que dice es asegure su integridad, asegure su vida y asegure sus derechos políticos.

¿Ahora el Estado tiene la obligación de demostrar que tiene suficientes indicios para seguir el proceso y que la prisión preventiva estuvo plenamente fundamentada?
La medida cautelar de prisión preventiva es excepcional, de último recurso que debe tomarse solo en aquellos casos donde existe peligro de fuga, peligro para las víctimas eventuales o entorpecimiento a la investigación. No tiene ni siquiera relación con el tema de la gravedad de los actos porque se está bajo una presunción de inocencia. Jueces y fiscales tienen que demostrar que era necesaria, que era suficiente y que se justifica la prolongación en el tiempo. En este caso en particular hay consecuencias adicionales por el cargo político de la señora Pabón. Lo que uno esperaría es que la Justicia ya lleve a juicio y pueda demostrar, efectivamente, que la medida se tomó porque tenía fundamento.

Esta entrevista fue publicada ayer, 8 de diciembre, en el boletín semanal de 4P. Si desea recibirlo, le invitamos a suscribirse gratuitamente aquí: GPS4P.

3 Comments

  1. La prisión preventiva es una medida excepcional: habría que demostrar que esa medida se justifica por el peligro de fuga o por el peligro de que entorpezca la investigación. Cuando vino la Comisión Interamericana no se dio un mensaje claro sobre la justicia del proceso. Y al final del día la medida cautelar termina siendo simplemente un oiga, usted puede investigarlos pero está en riesgo su seguridad y, además, pensando en los derechos políticos de la señora Pabón, ella está en riesgo de perder el cargo.

  2. En la historia de la humanidad ha habido crímenes y crímenes producto de una violación generalizada de derechos, como lo ocurrido en la década +1 pasada que, desgraciadamente, la turba correísta, con pretensiones de tomarse nuevamente el poder, cargada de odio hacia la gente honesta y trabajadora, del 3 al 14 de octubre/2019, la quiso reeditar.
    Con todo respeto Señor Farith Simon, esa turba disfrazada de indios, son los autores de esos hechos que destruyeron principalmente a la Capital del Ecuador y todos los ecuatorianos lo vivimos y lo vimos aterrorizados, pero parece que Usted no; y, ante la gravedad de esos actos, hace referencia a la jurisprudencia y el cumplimiento del pronunciamiento de la CIDH. ¡Por favor!
    Para el cometimiento de esos delitos, los disfrazados recibían órdenes vía celular de Pabón, Hernández y más picaros. Las voces de algunos de esos vándalos han sido grabadas y ya están en manos de la Fiscalía; por tanto, tales acciones rebasan las exigencias judiciales y el Estado tiene la obligación por la paz y la seguridad de todos los ecuatorianos honestos, de perseguir a esos mal agradecidos criminales, ladrones y saqueadores que nunca respetaron ni respetaran los derechos humanos de la gente inocente. 10/12/2019.

  3. Que pobreza de comentarios de todo un decano de una universidad de prestigio, me voy a referir solo a uno, establecer que la prisión preventiva es perjudicial para la Sra. Pabón por el hecho de ocupar un cargo político, es una torpeza, su comentario, si quería ser jurídico debería tener criterios que aplique a cualquier ciudadano común, no solo a la «política Pabón».
    Y pensar que estos ilustrados orientan el pensamiento de la ciudadanía en general
    PD. Espero que mi comentario, inconveniente para el autor, se publique en aras de la libertad de expresión
    PD Espero que este comentario incómodo para el autor se publique en aras de la libertad de expresión.

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