Luego del archivo del proyecto de “Ley de Crecimiento Económico” –y del subsiguiente salto en el índice de riesgo país–, el Gobierno envió a la Asamblea, otra vez con carácter de económico urgente, un nuevo proyecto de ley centrado en aspectos tributarios y que excluía gran parte de los temas que contenía el proyecto archivado (cambios a la normativa fiscal, monetaria y financiera principalmente). Con 83 votos a favor, 8 votos en contra (principalmente correístas) y 37 abstenciones (de correístas y socialcristianos, quienes también se opusieron a un eventual aumento del IVA y a la eliminación del subsidio a los combustibles), el nuevo proyecto fue aprobado en la noche del lunes.
Más allá de su nombre (“Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria”), de las facilidades que incorpora para algunas actividades económicas y de la eliminación del anticipo del Impuesto a la Renta (solicitada con insistencia por parte del sector empresarial), el principal objetivo de la nueva ley es aumentar la recaudación tributaria en un contexto de evidente estrechez fiscal. Según los cálculos oficiales, con la nueva ley el Gobierno recibirá ingresos adicionales por $620 millones en 2020 y $647 millones en 2021. La mayor parte de esa recaudación adicional se generará en cuatro impuestos: la tarifa plana de Impuesto a la Renta para microempresarios (2% sobre el ingreso); el impuesto temporal (por tres años) a las empresas con ventas mayores a $1 millón (este impuesto, que va del 0,1% al 0,2%, también se aplica sobre el ingreso); el impuesto a los dividendos que se giran al exterior; y, la tasa de 10% de ICE para los planes pospago de telefonía celular de personas naturales.
En la Proforma del Presupuesto General del Estado (PGE) para 2020, que la Asamblea devolvió con observaciones al Ejecutivo, se contemplan ingresos tributarios por $14.323 millones, monto similar al que ingresará a la caja fiscal en este año. El valor incluido en la Proforma, que no considera los ingresos adicionales que generará la nueva ley, puede resultar demasiado optimista si se toma en cuenta que una parte de la recaudación de 2019 corresponde a los rezagos de la remisión tributaria de 2018 y que el próximo puede ser un año de estancamiento o incluso de contracción económica (lo que afectaría a la recaudación). En ese sentido, la aprobación de la ley brinda un respiro al Gobierno pues asegura que los ingresos tributarios de 2020 podrían ser incluso mayores que los contemplados en la Proforma.
En la misma Proforma el Gobierno estima que el déficit fiscal de 2020 será de $3.400 millones y que las necesidades de financiamiento rondarían los $6.700 millones. Frente a ambos montos (que probablemente terminarán siendo mayores, dada la aparente sobrestimación de algunos ingresos y subestimación de algunos gastos), los recursos adicionales que generará la nueva ley lucen insuficientes (mucho menores que lo que habría generado un aumento del IVA o la eliminación de los subsidios al diésel y a la gasolina extra). No obstante, más allá del porcentaje del déficit y de las necesidades de financiamiento que pueda ser cubierto por los ingresos derivados de la nueva ley, su aprobación es fundamental para el Gobierno en la medida en que permita mejorar la percepción que los inversionistas externos tienen sobre la sostenibilidad de las cuentas fiscales del Ecuador (ayer el índice de riesgo país se redujo en casi 5%, aunque sigue siendo muy alto) y, sobre todo, dar continuidad al acuerdo con el FMI o viabilizar la negociación de uno nuevo.
Cabe recordar que de los $6.700 millones de necesidades de financiamiento que el Gobierno estima para 2020, $1.400 millones deberían ser cubiertos por desembolsos del FMI (a lo que se suman créditos de otros multilaterales que dependen de la continuidad del acuerdo con el Fondo). Aún con esos recursos, y pese al ajuste que se prevé para el próximo año en los gastos de sueldos y salarios y de bienes y servicios de consumo, en los cálculos del Gobierno todavía hace falta identificar fuentes de financiamiento para cubrir casi $1.600 millones. Por tanto, si bien la aprobación de la nueva ley tributaria, por sí sola, no implica la solución de los problemas fiscales ni mucho menos (de hecho, uno de los principales impuestos de la ley se recaudará sólo por tres años), es muy importante en la medida en que permita mantener en pie el acuerdo con el Fondo (para lo cual el Gobierno también deberá insistir en las reformas estructurales al manejo de las cuentas públicas y a la normativa monetaria y financiera). Un 2020 sin el acompañamiento del Fondo (que posiblemente es lo que algunos inversionistas temieron tras el archivo del anterior proyecto de ley) podría derivar en una crisis fiscal y económica muy severa.
José Hidalgo Pallares es economista.
Hay una ley económica dura, sin endeudamiento no hay crecimiento. Y solo hay tres sectores que puedan endeudarse, el Estado – imposible, los hogares – ya muy endeudados, o el sector privado.
No hay pagos de deuda que se pueda sostener si el país no crece.Para poder pagar hay que crecer primero. La crisis actual es despiadada. No hay dinero,no hay actividad,las necesidades aumentan,la tolerancia se acaba.Sin trabajo que genere dinero no hay presente ni futuro ; la democracia y las libertades se ponen en peligro. Observamos asombrados como la corrupción pulveriza la esperanza de los ecuatorianos y nos siguen hablando de cirugía a la corrupción.