Los dirigentes sindicales no tienen nada que hacer como contraparte de las reformas laborales. Literalmente dinosaurios que deben extinguirse para que la evolución avance y se rompa esa rigidez que es la que les ha amarrado en sus cargos. En el supuesto que representen a los trabajadores sindicalizados, representarían al grupo de la población económicamente activa para quienes las normas del Código del Trabajo son supletorias a la aún más rígidas normas de contratos colectivos que contienen subsidios (antigüedad, familiar), draconianas garantías de estabilidad y una larga serie de beneficios entre los que se cuentan permisos y licencias a la casta sindical. Ningún trabajador sindicalizado percibe un salario mínimo. Ganan siempre un valor superior negociado. ¿Hablan los dirigentes sindicales a nombre de los trabajadores que son remunerados con el salario mínimo? No.
Tampoco representan al 60% de desempleados y subempleados, que no perciben ni el salario básico. Los de “empleo inadecuado” si están en condiciones precarias, pero no por ninguna reforma laboral, sino por no hacerla. Las condiciones de inmovilidad de esas normas impiden una expansión del empleo, en especial en pymes, en comercio y servicios. Pequeñas inversiones que pueden multiplicarse no se realizan por los elevados costos laborales, que van mucho más allá del salario. Contratos en horarios y términos rígidos en la temporalidad y un costo exorbitante por la terminación del contrato. Los socialistas, en todas sus formas, imponen condiciones draconianas con el alucinado propósito de nivelar la relación entre el capital y trabajo, a la que el prejuicio ideológico que la califica de explotación, creando obligaciones que encarecen los costos, perjudican la competitividad y ahuyentan la inversión, sobre todo la de pequeños emprendimientos.
La izquierda, en todas sus formas, ha vendido el cuento que la intención es precarizar la contratación laboral. Confunden el término para dramatizar las reformas y así, según su discurso, resucitar la esclavitud. Precario en materia laboral, tiene relación con la distinción entre contratos indefinidos y contratos inestables. Una reforma debe llevar a tener mayores opciones de contratos precarios, no por tener trabajadores flotantes sino porque las actividades de producir bienes o prestar servicios requieren en casos trabajadores fijos y otros eventuales, temporales. En cuanto a los horarios, también hay diferentes necesidades según la actividad de la que se trate. Es una restricción irracional que las leyes prohíban que empleador y trabajador puedan convenir horarios de trabajo que se ajusten a los requerimientos del negocio.
No hay empleador que despida trabajadores por abusivo. Parte del costo de contratación es el de capacitación. Aquel que contrata, asume la curva de aprendizaje: no tiene justificación económica despedir un trabajador que conoce sus funciones y aporta en productividad. En el aporte al IESS se incluye un porcentaje para cubrir cesantía; esto es, por perdida del empleo. No obstante, hay una desbordada carga de indemnizaciones. Para terminar las relaciones laborales por otro medio, los procesos son complejos: el visto bueno que es una autorización administrativa para terminar el contrato sin indemnizaciones, requiere pagar abogados y agotar un trámite que termina con un informe que puede ser impugnado. La reforma debe facilitar que se despida a un trabajador que comete faltas. El sistema del despido por causales es una alternativa. Esto, aparte de reducir el costo indemnizatorio, no sostiene el perverso incentivo de “hacerse” despedir. Los populistas se esmeran en venderse como protectores. Una irracional indemnización de 18 meses, aparte de otras, en caso de despido de discapacitados, de sustitutos y, peor aún, en el caso de un trabajador que tenga a su cargo a un discapacitado (aunque no sea pariente) convierte el concepto de inclusión laboral en una condena al empleador que deberá mantener la ineficiencia o indisciplina de un trabajador por el desproporcionado costo de prescindir de sus servicios.
El contrato de plazo fijo, el contrato por horas, la tercerización e intermediación laboral (que hipócritamente esta permitida solo para el sector público) deben restituirse como formas legítimas y normales de contratación laboral. La aberrante revolución corrupta las eliminó a pesar que la OIT (que es un reducto del sindicalismo) las reconoce como opciones para promover la contratación. Eso es flexibilidad laboral. De forma parecida, las jornadas de trabajo no deben ser rígidas. La distribución de las 40 horas debe quedar en el ámbito de la negociación entre empleador y trabajador.
Una reforma laboral que cambie todas las formas de contratación, de horarios, de remuneración, de despido y de jubilación patronal, no afectará los derechos adquiridos que tienen quienes tienen trabajo. Los desempleados y subempleados no los tienen, por lo que alegar renuncia o afectación de derechos es una falacia y parte del discurso político, pero no jurídico. Por eso es perfectamente posible una nueva ley laboral, que rija todas las contrataciones en el futuro, sin afectar la vigencia del actual Código del Trabajo.
El gobierno ha diferido este debate por la vandálica y golpista rebelión de octubre. Y también porque no logra persuadir a los carcamales del sindicalismo con razones racionales. Y es evidente que no logrará romper su anacronismo. Y es también evidente que un sistema dolarizado no es compatible con una legislación laboral rígida. La competitividad del sector real depende de ese factor. Es urgente hacer esa reforma, que debe ser profunda, no somera ni insustancial. La negociación en textos y alcances no es con los dirigentes que no representan a quienes sean contratados bajos las nuevas modalidades y condiciones, sino con los emprendedores grandes y pequeños que las conocen para arriesgar su inversión.
Diego Ordóñez es abogado y político.
Todos estos, pícaros e ignorantes capos sindicalistas , meros mercachifles vendedores de mentiras y estupidez, son los que en colusión con gobiernos mediocres y con politiqueros de baja estofa, han apuntalado la pobreza en el Ecuador, con ejército de desocupados, de jóvenes sin esperanza, Empresarios acosados y desalentados, ausencia de inversión y como si fuera poco ahora las plumas, los ponchos, con sus discursos de tercer mundo, y sus posturas sociales y económicas mohosas, tribales, sus mafiosas amenazas, alentadas con pestilentes loas de trolos en las redes y como si fuera poco los líderes de la derecha, llamemos así, ahora también con arengas populistas, y sin formar una coalición de candidato único, pues su egoísmo, vanidad y ambición prevalece ,terminan de mutuos chimbadores ,favoreciendo a gentuza de la peor calaña.
El cuadro presentado por el Doctor Ordóñez , no puede ser más objetivo y acertado.
Excelente analisis!!pero que se puede esperar con un “representante”como Tatamuez, este señor deberia primero prepararse en todos los ambitos, para llamarse representante de los trabajadores.Que les puede importar, acaso ellos arriesgan algun capital?
No se explica como pueden haberse mantenido tantos años como “representantes”bien llamados dinosaurios.
En lugar de acusar y amenazar (con la extinción), qué tal demostrar algunos estudios que demuestran como las reformas llevarían a más productividad, innovación y crecimiento?
Pero ya, el problema es que ni un solo estudio corroba lo que se intenta argumentar acá.
Interesante, el autor debe vivir en otro país. Aquí la situación más bien ya es altamente precaria en realidad, basta ver las 2 semanas de vacaciones al año (contra 5 o 6 en Europa, acuérdese hay un contrato de libre comercio con la UE bajo la promesa de mejorar la situación laboral) y 10 días de paternidad (comparado con múltiples meses en otros lados). Primero hay que reparar lo que todavía no está, luego hablamos sobre otras formas de contratación. Tan sencillo y sin alusiones agresivas.
La “precarización laboral” se ha convertido en una frase cliché que usan los dinosaurios para impedir la modernización del trabajo. Lo más grave es que lejos de “defender los derechos de los trabajadores” lo que hacen es perpetuar las condiciones de desempleo, subempleo y en definitiva, mantener en la precariedad a miles y miles de desempleados. Verdaderos asnos de dos patas.
Felicitaciones. Análisis objetivo.
La ley laboral es el mayor impedimento para contratar personal en una empresa. Los sindicalistas son los responsables de buena parte de la desocupación que agobia al país. Lo han conseguido porque las actuales condiciones son de tal naturaleza que hay negocios y empresas que evitan ampliar sus actividades únicamente porque tendrían que contratar más personal. La opción para ampliar actividades es que ese crecimiento no su ponga contratar nuevo personal. Para evitar ampliar la nómina se prefiere gastar en automatización o importación.
Exelente articulo aclaratorio