Lourdes Cuesta, Roberto Gómez y Amapola Naranjo: ese trío puede pasar a la historia. Los tres son asambleístas y, en teoría, nada los une. Naranjo es correísta, Cuesta es independiente tras haber estado en CREO y Gómez es de CREO. Pero los tres profesan una aversión profunda por María Paula Romo, ministra de gobierno. En combo ya intentaron llevarla a juicio político por incumplimiento de funciones. La acusaron por un femicidio en Ibarra, uso indebido de un avión de la Policía y la crisis carcelaria. Tres casos de peso.
El trío vuelve a la carga. Este 15 de enero, volvieron a solicitar, en un documento de 21 páginas, un nuevo juicio contra la ministra de gobierno. Otra vez por incumplimiento de funciones. Y esta vez los cargos imputados se ubican en octubre, durante las jornadas de violencia que conoció el país: uso de bombas lacrimógenas caducadas, lanzamiento de bombas lacrimógenas en “centros de paz y acogida humanitaria” y haber convocado tardíamente al Comité Interinstitucional para la protección de periodistas.
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La lectura del documento lleva a pensar que si en el primer intento la Comisión Legislativa de Fiscalización archivó el pedido de juicio político, por 9 votos de los 13 miembros, esta vez ocurrirá lo mismo. El 12 de diciembre pasado, esos 9 asambleístas concluyeron que los interpelantes no lograron sustentar sus acusaciones. Esta vez puede ser peor: sus cargos se basan en las declaraciones hechas por la misma ministra. Ella dijo, en efecto, que usaron bombas lacrimógenas caducadas porque el país estuvo en medio de una emergencia y que, en ella, la policía usó lo que tuvo a la mano. Curioso que los asambleístas que conocen las carencias que padece la Policía Nacional se sorprendan de que, tras casi una decena de días enfrentamientos callejeros, se haya usado bombas lacrimógenas caducadas cuyo gas, según los especialistas, ya no causa efecto.
Más curioso es que utilicen las excusas dadas por la ministra por el lanzamiento de bombas lacrimógenas (ella dijo cerca; los manifestantes dijeron dentro) de dos universidades y el Ágora de la Casa de la Cultura. ¿Qué dijo Romo, según recogen los propios interpelantes? “(…) bombas lacrimógenas han caído cerca de dos universidades y del Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto no se va a volver a repetir, lo he dicho con toda firmeza. Me disculpo y lo he dicho al Rector de la Católica y lo haré con el de la Salesiana. Son lugares en donde los indígenas se están hospedando y tienen que mantenerse como lugares seguros y así va a ser. No tienen justificación y no se repetirá (…)”. Está claro: ella no dio esa orden. Desautorizó a aquellos que lanzaron esas bombas. Les previno que aquello no podía repetirse. Pidió excusas y las comunicó a los rectores de esos lugares donde se hospedan ciudadanos de las comunidades indígenas. ¿Cuál es, entonces, la acusación?
En cuanto al Comité Interinstitucional para la protección de periodistas, convocado una semana tarde, dicen los interpelantes, la falacia no puede ser mayor. El trío de asambleístas pretende hacer creer que si hubiera sido convocado al inicio de las protestas, se hubiera evitado la agresión contra los periodistas. Un guiño de ojo hecho a los medios que en el fondo es un sofisma. Y compararlo con lo que ocurrió con los periodistas de El Comercio en la frontera es un despropósito. Nadie puede exigir a un gobierno que responda por la seguridad de cada periodista empeñado en cubrir eventos tan masivos, complejos y violentos como los de octubre. Endosar esa responsabilidad al funcionario encargado de la policía es librar a la sociedad entera de debatir sobre su actitud frente a la prensa, durante crisis profundas y violentas como la de octubre. El trío en este punto peca de demagogia crasa.
María Paula Romo es, por su papel en octubre, una funcionaria que tendrá que seguir respondiendo cuestionamientos e interrogantes de un momento particularmente crítico por su nivel de violencia. La Asamblea, que durante esas protestas se evaporó, tiene el derecho y deber de fiscalizar a los funcionarios que de cerca o lejos estuvieron involucrados en ellas. Es obvio, además, que esos acontecimientos merecen ser vistos e investigados sin perder de vista los peligros reales a los que estuvo expuesto el país. Pues bien: esto no es lo que hace este trío de asambleístas. Sus argumentos son pueriles y su obsesión por ir tras la cabeza de la ministra hace pensar que, lejos de querer esclarecer su papel, están utilizando políticamente las jornadas de octubre. En todo caso, un juicio político así planteado muestran la crisis que vive la Asamblea Nacional. Si se analiza el documento de los tres asambleístas, queda una impresión lapidaria que podría ser injusta, pero que ellos producen: no tienen nada que hacer.
Foto: Asamblea Nacional
Los tres Asambleistas a los que hace referencia su muy inteligenciado artículo señor Hernández, personalmente creo que es solo una infima muestra de los que sucede al interior de la Asamblea. Insistir en un nuevo enjuiciamiento politico a la señora Ministra es una soberana pérdida de tiempo. Para el bien del País, porque mejor no aprovechar ese tiempo en tramitar, actualizar y aprobar la Nueva Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero que se encuentra durmiendo el sueño eterno al interior de la Asamblea desde hace ya varios años, en reemplazo de la vieja Ley de Pesca que se encuentra vigente desde el año 1974. Es solo una sugerencia para el bien de la Patria, y para que devenguen su sueldo algunos Asambleistas.
da pena realmente este trío de asambleístas.El odio está antes que el bien y la defensa de la Patria.No dicen nada de los ataques vandálicos contra la ciudad, el incendio de la Contraloría.Se debe llamar la atención a las Universidades ya que no es función de las mismas acoger a manifestantes indiscriminadamente.Ojalá tuviéramos a más Ministros de la capacidad e inteligencia de María Paula Romo !
Cobijar a hordas destructivas y servir para relevar la violencia sin cesar, no son centros de acogida y paz ,son entidades cómplices de los hechos criminales de Octubre.