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Caso El Universo: ¿Por qué el Estado va a la CorteIDH?

en Conexiones4P/Elenfoque por

La semana pasada se supo que la CIDH remitió el expediente de Carlos, César y Nicolás Pérez, accionistas de El Universo, y el periodista Emilio Palacio, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En realidad, esa noticia se produjo el 18 de diciembre del año pasado, pero los notificados no la dieron a conocer.

¿Por qué llegó este caso a esa instancia si desde marzo de 2019, tras el informe de la CIDH, el Estado ecuatoriano hubiera podido concluir un acuerdo extrajudicial con los demandantes? La respuesta la tiene la Contraloría. Pero no se ha referido públicamente al caso desde julio pasado, cuando 4P. publicó, en forma exclusiva, que la CIDH había dado razón a los demandantes. Ellos fueron víctimas de violación a la libertad de expresión y al debido proceso en el gobierno de Rafael Correa por el artículo “No a las mentiras” escrito por Palacio.

Como se recuerda, en 2011 Correa usó a fiscales y jueces y logró montar una demanda por injuria, con sentencia a su favor, que su equipo entregó a un juez de bolsillo digno de ese simulacro. Correa quiso obtener $80 millones de indemnización, luego $40 millones y, cuando el escándalo se volvió internacional, perdonó, en un show transmitido desde Carondelet, a los tres directivos de El Universo y al entonces editor de opinión.
La CIDH en su informe determinó dejar sin efecto la condena penal contra los hermanos Pérez y Palacio, que el Estado les pida disculpas en un acto público de desagravio y los indemnice económicamente. El Universo fue, en efecto, terriblemente afectado en sus finanzas y Emilio Palacio tuvo que asilarse en Estados Unidos.

La Procuraduría, en su respuesta a la CIDH, en junio pasado, dijo haber dado cumplimiento a dos de sus seis recomendaciones (la 3 y la 4). Para las otras el Estado se encuentra -dijo- realizando acercamiento y consultas con las instituciones involucradas. Y pidió que se suspenda el plazo (durante tres meses) para someter el caso a la Corte “a fin de que las partes puedan llegar a un acuerdo”.

De esas recomendaciones y su cumplimiento se ocupó, igualmente, la Secretaría de Derechos Humanos. En un informe de 13 páginas, con fecha 28 de agosto de 2019, que la Procuraduría recibió días después, el 2 de septiembre, analiza los pedidos de la CIDH. Se lee que “una vez producida la remisión y perdón de parte del querellante Rafael Correa a los accionados” (y a la compañía El Universo) “cesa de forma inmediata la pena impuesta en la sentencia de casación de 15 de febrero de 2012 emitida por la Sala de la Penal de la Corte Nacional (…)”.

Se dice que “el 13 de junio de 2019 se llevó a cabo una reunión con el Consejo de la Judicatura y la Procuraduría General del Estado, en la que se abordó las gestiones a realizar para reparar a las víctimas por los daños pecuniarios y no pecuniarios (…)” según establece la CIDH. Se habla de que están buscando “el mecanismo idóneo” para el cumplimiento de esa recomendación. Se lee que en la misma reunión se acordó realizar un análisis a fin de determinar qué institución lideraría la ejecución del acto de desagravio a los hermanos Pérez y a Emilio Palacio. La CIDH recomendó que, en presencia de altas autoridades, el Estado reconozca que ellos sufrieron, en el gobierno de Correa, persecución y hostigamiento por el desempeño de sus funciones.

En definitiva, la Secretaria de Derechos Humanos puntualiza en ese informe que “el Estado ecuatoriano ha efectuado varias diligencias y ha tomado distintas acciones para la consecución de las recomendaciones” contenidas en el informe de la CIDH.

Se debe colegir que si este caso llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos es porque hasta octubre del año pasado, que era el plazo, el Estado ecuatoriano no logró “establecer los mecanismos necesarios”, como escribió la Secretaría de Derechos Humanos, para el cumplimiento de lo dispuesto por la CIDH.

La pregunta es ¿por qué el Estado prefiere ir a juicio a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Hasta que la Procuraduría responda solo cabe una hipótesis: dejar que la CorteIDH fije las condiciones de reparación a las víctimas; de paso ganar tiempo y dejar que sea el próximo gobierno el que cierre este caso; ícono de la persecución de Correa a la prensa.

Sin aristas jurídicas de por medio, hay que admitir que el manejo dado por parte del gobierno de Moreno y del Procurador es enteramente político. No hay otra explicación, porque si el Estado admitió el informe de la CIDH y, como se ve, las instituciones han estado buscando mecanismos para cumplir sus recomendaciones, se entiende que el Estado nada tiene que defender ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Para qué, entonces, propició que este caso llegue a esa instancia?

Fotos: El Universo. Fotomontaje 4P.

5 Comments

  1. En la indefensión
    Los periodistas deben continuar unidos y mantener una combatividad férrea en defensa de la libertad de expresión en el Ecuador y en el mundo. Las trapacías y abusos cometidos en la década del Gobierno de Rafael Correa a través de funcionarios de primer nivel cobijados en la ex Secom, algunos prófugos en el exterior y otros que todavía se mantienen a flote en la administración del actual Gobierno, bajo una condenable Ley de Prensa, aprobada por la mayoría de alzamanos en la Asamblea, normativa cuestionada a nivel nacional y en el exterior por organismos de prensa y de derechos humanos internacionales. La persecución no solo fue contra El Universo sino contra muchos medios de comunicación y periodistas a quienes les hicieron pagar fuertes y reiteradas multas económicas y aclaraciones sin sustento. A todas luces se ve que el actual régimen se lavará las manos como Poncio Pilatos y se la pasará al próximo gobierno la decisión de la CIDH.
    Francico Medina Manrique
    Periodista – Guayaquil

  2. Es evidente que en este como en muchos otros casos claros y evidentes donde existió atropello y mancillamiento a las libertades, el Estado bajo el que se llamó Jefe de todos los poderes fue el causante de estas innumerables arbitrariedades.
    Nosotros como ciudadanos, testigos absortos de tanta prepotencia de este individuo que trastornado,creyó e hizo de sus adversarios políticos estropajo , nosotros reclamos que se Ejerza como Estado el “Derecho de Repetición “ y que sea ese abominable individuo y no todos los Ecuatorianos los que paguemos estos Terribles desaguisados que evidentemente deberán indemnizarse

  3. El actual gobierno, explota una debilidad del sistema, y tira la funda maloliente a quienes vengan, evitando de esta manera (eso creen) ser humillados.
    La persecución y el hostigamiento a El Universo fue grotesca, hiperabusiva y aberrante, propia de una mente criminal y perversa. Algo parecido hicieron con CEDATOS; ojalá alguien día puedan también contar esa historia.

  4. ¿Para qué, entonces, propició que este caso llegue a esa instancia?
    Rpta.: SIMPLEMENTE PARA DEJAR, COMO USTED BIEN LO SEÑALA, SEÑOR HERNÁNDEZ, EL MUERTO AL QUE SUCEDA A MORENO.
    En pocas palabras: UNA MASTURBACIÓN MÁS DEL LICENCIADO, QUE PASARÁ A LA HISTORIA COMO «GRAN INDECISO» Y/O COMO «EL QUE DEJÓ HACER Y DEJÓ PASAR».
    La pregunta clave en este caso sería: ¿Quién va a pagar la irresponsabilidad de correa de haber abusado del poder para poner en aprietos económicos y legales a El Universo y sus ejecutivos?
    Inevitablemente el Estado terminará pagando los excesos tiránicos y de dictador de correa, por lo que habrá que aplicar la repetición para que este individuo pague sus torpezas.

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