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Pichincha Universal se cierra con herramientas correístas

en Conexiones4P/Elenfoque por

César Ricaurte, Director de Fundamedios, rechaza la clausura de Radio Pichincha Universal. Por las mismas razones que él y su organización se opusieron al cierre de otros medios durante el correísmo. 4P. charló sobre su posición que no significa avalar lo que hizo esa radio durante las jornadas aciagas de octubre.

La Arcotel retiró la frecuencia de Pichincha Universal. La acusa de haber hecho en sus programas llamados a la población para que paralice los servicios públicos durante las protestas de octubre. ¿Qué piensas sobre esta decisión?
Se trata de una medida extrema y arbitraria. Se está actuando bajo la misma modalidad correísta de utilizar normas ambiguas de una forma absolutamente extrema. Con esto, obviamente, no estoy avalando en nada el trabajo periodístico de Pichincha Universal ni de posibles llamados a la población a que se sume a las protestas, solo que la forma de aplicación de estas medidas, citando incluso la seguridad nacional, no son propias de la construcción de una democracia. No son propias de un régimen que reclama respeto para la libertad de expresión.

El mecanismo que este gobierno está utilizando contra una radio lo armó Rafael Correa.
Exactamente y eso es lo paradójico. Se están utilizando las herramientas del correísmo que nunca se desmontaron. Y ahí hay que señalar que, si bien hubo unas reformas a la Ley de Comunicación, que son absolutamente ineficientes, nunca se complementaron con un reglamento. Ni siquiera se procedió a la reforma del artículo 5 que declara la comunicación como servicio público y la Ley de Telecomunicaciones jamás fue sometida a una revisión. Es decir, que toda las herramientas que dejó el correísmo -si bien hubo un desmontaje simbólico al eliminar la Supercom y las sanciones a los medios- sigue en gran parte vigente. Además, sigue prevaleciendo este espíritu autoritario de irrespeto a las mínimas libertades.

¿En este caso cuáles son las herramientas que dejó el correísmo que sirven para censurar a Pichincha Universal?
La Ley de Comunicaciones que da poder al ente regulador: la Arcotel, que no es un ente colegiado ni independiente del Ejecutivo.

¿También, y aunque sea polémico, entra en este debate sobre Radio Pichincha Universal el derecho que tiene un medio, o el responsable de un programa, a expresar su opinión?
Así es. Lo de fondo aquí es si cabe cerrar un medio de comunicación por sus contenidos, como sucedía en la época del correísmo. Evidentemente nuestra lucha fue siempre porque no se sancionara, menos aún se clausurara, un medio de comunicación por sus contenidos, por lo que dice o deja de decir, como ocurría en época de Correa.
En este caso se vuelve a castigar a un medio por lo que dice, o por lo que dice uno de sus comentaristas. Pero el tema también pasa, en este caso, porque se trata de un medio público y cuando se trata de un medio público la medida se hace más arbitraria porque es el Estado actuando en contra de sí mismo: es un sector del Estado actuando en contra de otro sector del Estado. Eso es, por decir lo menos, muy curioso. Luego está el mal manejo de los medios públicos. Ese es un debate que nunca se quiso asumir en este gobierno. Siempre se planteó desde su inicio la necesidad de una ley de medios públicos.
Los medios públicos no pueden estar al servicio de sectores políticos, de partidos políticos o de funcionarios, sino al servicio de los ciudadanos. Ese carácter público tiene que estar garantizado en una ley que norme, con precisión, cuál es la situación de un medio público. En el mismo gobierno de Lenín Moreno se tenía listo un plan de trabajo para formar el sistema de medios públicos pero nunca se avanzó. Entonces ahora tenemos que ese sector tan importante de medios de comunicación sigue funcionando bajo el arbitrio de los funcionarios públicos con recursos que son de todos.

¿Se podría pensar que, en efecto, hubo un mal manejo por parte de esa radio y lo que cabía era otro tipo de medidas que no tengan que ver con la existencia del medio, sino con la responsabilidad específica de quien cometió esos errores?
Exactamente, eso era lo más apropiado: someter a control los recursos públicos que se estaban mal administrando. No para cerrar el medio por su contenido pero sí para corregir su funcionamiento y someterlo a principios que tiene que ver con la defensa de la democracia y los servicios públicos, como tiene que ser un medio de ese tipo.

¿Aquí cabe una acción que vaya más allá del rechazo? ¿Qué más podría hacer Fundamedios?
Como una organización de la sociedad civil que lucha por la libertad de expresión vamos a estar muy atentos.  Hemos hecho un reclamo al gobierno pero las acciones legales corresponden a las autoridades del medio o a la Prefectura.

Foto: Plan V

Esta entrevista se publicó este domingo 26 de enero en el boletín semanal de 4P. Si desea recibirlo, suscríbase por favor gratuitamente aquí: GPS4P.

6 Comments

  1. Sancionar por su contenido, depnde del contenido. Eso es obvio y pensé que ustedes lo entineden pero parece que no. El contenido puede ser: falsedad, amenazas, calumnias, apología del delito, instrucciones para delinquir, mensajes para coordinar delitos. ¿Es o no es eso atmbién «contenido»? Decir que no sepuede sancionar por el contendio es una excusa infantil. Es como decir que por el movimiento de un dedo no se puede sancionar, cuando ese movimiento jala un gatillo.

  2. «Dar de comer al hambriento» dice el refrán; la práctica política que viene dando ARCOTEL a la situación comunicacional, es cíclico y aberrante; más allá del asunto concreto de Radio Universal, su situación raya quizá en lo antijurídico que corresponde ventilar a la justicia ordinaria; la aplicación de la ley de comunicación tiene el mismo sesgo político implementado por el correato: retiro de frecuencia («clausura»). Resulta que la aplicación de la ley por su origen, es como perro que se muerde su propia cola. Lo que se trata es de corregirla, para que tenga poder REGULADOR, no sancionador. Nada a cambiado, si son los mismos que gobiernan ARCOTEL (correistas-morenistas); que pena por los comunicadores y los medios, el panorama sigue siendo gris y sombrío.

  3. Discrepo. No fueron opiniones las vertidas en ese medio por periodistas o por programas de índole comunitario o público. La Señora Pabón está siendo enjuiciada por ser parte de un plan subversivo en contra del gobierno, que tenía como finalidad derrocar al Presidente y detener las audiencias en contra de Correa. Uno de los elementos de esa subversión armada, al igual que la presencia de guerrillas, la protesta indígena, la construcción de material cuasi-bélico, el suministro de pago para las movilizaciones y la utilización de mercenarios expertos para incendiar, fue el muso de medios de difusión digitales de los trolls y esta radio en manos de la Prefecta. Era parte del delito de INSTIGACIÓN, pidiendo que se unan al saqueo y la destrucción de bienes públicos. Ustedes (Hernández y Ricaurte) defienden la libertad de opinión o la libertad de instigación?

  4. Por » corrección política» no se puede aceptar que se viole una ley…si la referida emisora transgredió la ley, independiente de si ésta nos gusta o no, debe ser sancionada…incitar a la violencia, al desorden como sucedió en octubre 2019, no puede ni debe ser asimilado como » derecho a la opinión»… entonces lo que que cabe es desmontar las herramientas correistas de persecución contra las libertades, pero mientras la ley debe aplicarse, caso contrario la » corrección política» terminará siendo el filtro para la aplicación de la justicia en cualquier ámbito.

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