Por la lucidez, desobediencia, ironía y obstinación

Seguimos con un Estado candidato

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Durante años, se ha venido insistiendo desde la sociedad civil en la necesidad de controlar el uso de recursos públicos en proselitismo político. No es que nos falten normas; la misma   Constitución vigente señala, en su artículo 115, que está prohíbo el uso de recursos públicos, infraestructura del estado y publicidad gubernamental para campaña electoral, al igual que otras normas conexas.

Si bien la norma constitucional nos aporta un mandato que tiene su base en criterios técnicos, debemos decir que el cumplimiento de esa regla tiene que ver más bien con la voluntad política y también con el ejercicio de la ética.

Desde el análisis técnico, el Ecuador ya vivió períodos electorales consecutivos en donde era común ver a los funcionarios/candidatos hacer uso indiscriminado de los recursos públicos que son puestos bajo su custodia temporalmente en razón de su cargo, para movilizarse, entregar obras, promocionar sus nombres y así ir ganando presencia, visibilidad y reconocimiento antes de que el período de elecciones sea oficialmente inaugurado.

Esa ha sido una práctica  mal vista porque produce inequidad en la competencia frente a los ciudadanos o militantes de partidos que quieran lanzarse de candidatos en un futuro, pero que llegan a inscribir sus candidaturas ya sufriendo desventaja, frente a los funcionarios/candidatos que venían haciendo campaña desde hace rato sin control, usando recursos públicos y, obviamente, sin gastar un centavo. Además, esta costumbre ha contribuido a generar procesos electorales tensos y a veces violentos porque los competidores políticos se sienten, con justicia, en desventaja y timados en términos de equidad.

En tiempo electoral, sin duda, el proselitismo político es necesario porque es la herramienta principal mediante la cual los movimientos y partidos difunden sus propuestas y planes a la ciudadanía para ganar su voto. Por eso, siendo una actividad clave en la competencia electoral debe estar regulada adecuadamente: primero, por la normativa, después, por la decisión política de la institucionalidad y luego –y fundamentalmente- por la auto regulación que impone la ética y sensibilidad patriótica de sujetarse todos al imperio de la ley.

Está comprobado, por experiencia propia en nuestro país, lo mal que hace al ejercicio de la política y al Estado en general, tener funcionarios/candidatos que hacen tabla rasa de sus compromisos éticos y comienzan a usar recursos públicos en beneficio propio. Claro que nos querrán convencer de que no son oficialmente candidatos pretendiendo salvar su prestigio. Pero a estas alturas los ciudadanos no solo intuimos sino ya sabemos que algunos funcionarios que andan recorriendo el país con un desborde de generosidad con plata ajena: son los futuros candidatos a varias dignidades.  :

Si esta práctica no es detenida a tiempo por las autoridades que corresponde: Contraloría y CNE, puede terminar mal. No únicamente porque la falta de control producirá, a la larga, un abuso de los recursos de todos. Y si en enero ya vemos este desafuero, ¿qué podremos decir de los meses que vienen por delante? Pero también afectará a un intangible que es más valioso y que se debería cuidar que es la credibilidad de los órganos de control para poner coto a este mal uso de los recursos públicos y la propia imagen de los funcionarios que incurren en estos actos, porque al fin y al cabo el pueblo tonto no es: estamos mirando todo.

Reza un sabio pensamiento que el pueblo que no corrige sus errores está condenado a repetir su historia. En ese sentido, no podemos darnos el lujo de seguir en la misma lógica y vivir de nuevo la pesadilla de funcionarios/ candidatos que se promocionan con dineros públicos –entiéndase transporte, funcionarios, estructura comunicacional, alimentación, etc.-  a pretexto de su jovialidad.

Se ha disparado una alerta temprana que debería ser utilizada para que los ciudadanos exijamos coherencia y ética a nuestros funcionarios. Inauguremos procesos electorales verdaderamente equitativos, forcemos a los órganos de control que hagan su trabajo con eficiencia de modo que, quienes se ganen el favor del voto en el 2021, lo hagan con la fuerza de sus propuestas y no con las manos llenas del dinero de todos.

Ruth Hidalgo es directora de Participación Ciudadana y decana de la Escuela de Ciencias Internacionales de la UDLA.

1 Comment

  1. Muy cierto, lamentablemente ya se ha hecho algo «normal», no se avizora un mecanismo que detenga estas malas practicas, ya que no existe consciencia de ello, la falta de concepto ético en la sociedad es profundo, lo más irónico es que este Gobierno y las fichitas que lo conforman malgastan abusivamente los recursos públicos en tanta publicidad sin considerar que no tienen ningún chance y su aceptación tan sólo sigue decreciendo.

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