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Gobernar vía decreto: la alternativa tras el fallido juicio a Atamaint

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Aunque las consecuencias políticas del fallido juicio a la presidenta del CNE son las que prioritariamente se analizan y observan, las más trascendentales para el país son las de naturaleza económica. En un año en el que el país debía (¿debe?) cumplir con una serie de reformas legales de cara a modificar el modelo económico de la última década, las posibilidades de que el objetivo se cumpla son cada vez más distantes. A la ausencia de decisión política del gobierno para asumir una posición firme en determinados temas (como la focalización a los subsidios a la gasolina), ahora se suma el hecho de que para otros emprendimientos de mayor envergadura (como la reforma laboral), los votos en la Asamblea Nacional simplemente no existen. Si bien en lo político el fallido juicio a Atamaint desata una serie de cálculos sobre los posibles escenarios legislativos a futuro, lo más apremiante para el país es que la ruptura del acuerdo entre el gobierno y CREO trastoca lo poco que se había ganado en confianza por parte de los agentes económicos internacionales.

En efecto, aún cuando los organismos multilaterales siempre vieron con dudas la implementación efectiva de las medidas económicas a las que el gobierno se había comprometido, al menos la cercanía del bloque oficialista con CREO y otras bancadas minoritarias daba cierta esperanza de que era posible marcar algunos hitos. No obstante, el contexto ha variado drásticamente y es tiempo de que el Presidente Moreno diseñe una estrategia de acción distinta. Por tanto, si se considera que el PSC y el ala de AP (acaso la mayoritaria) más cercana a la Revolución Ciudadana tienen poco interés en apoyar a un gobierno políticamente débil, la reforma económica tendría que darse a través de decisiones en las que no se requiera la intervención de la Asamblea Nacional. En otras palabras, urge un “gobierno vía decreto”.

No obstante, esta estrategia tiene sus pros y contras. Por un lado, la gran ventaja radica en que disminuyen ostensiblemente los costos de transacción (tiempo y negociación) que implican nuevos y acaso infructuosos acercamientos ante la legislatura. Por otro lado, la limitación más seria está en el hecho de que el “gobierno vía decreto” no permite que se asuman cambios estructurales sino únicamente aquéllos que van apareciendo en el día a día. Por tanto, si el gobierno se decide por esta estrategia, es tiempo ya de prestar más atención a las concesiones, los términos de los contratos petroleros o la reducción del tamaño del Estado, pues las políticas de naturaleza tributaria o la generación de un nuevo código del trabajo deberán esperar al menos al 2021. Así, ante la incapacidad proverbial para disciplinar a la bancada oficialista, la salida es “gobernar vía decreto”. Es lo que hay. Es lo factible de realizar en el tiempo que le resta al Presidente Moreno.

Sin embargo, para que la estrategia de “gobernar vía decreto” resulte eficiente no sólo se requiere decisión política sino también que las políticas públicas se condimenten con una fuerte dosis de finura jurídica. No debe olvidar el gobierno que el país tiene ahora una Corte Constitucional que no resuelve los casos en función del monto del cheque entregado (como ocurría hasta hace poco) sino a partir de la armonía de la norma secundaria con las disposiciones (muchas de ellas disparatadas) de la constitución altiva y soberana de 2008. Por tanto, salir parcialmente del atolladero económico en el que se encuentra el país no depende únicamente de encontrar las vías para obtener recursos (o ahorrarlos) sin necesidad de pasar por la Asamblea Nacional sino además de que las cosas se hagan bajo la guía de abogados que conozcan la materia y que respondan a los intereses del gobierno actual, no del anterior, como desafortunadamente ocurre al día de hoy.

***

Si bien la transparencia del proceso electoral del 2021 y la actuación sinuosa de la bancada oficialista en la Asamblea Nacional son algunos de los temas que están tras del fallido juicio político a la presidenta del CNE, quizás la consecuencia más importante de dicho evento es que las principales reformas económicas que el país requiere ahora se ven más difíciles de alcanzar. De hecho, sin los votos de CREO y algunas bancadas minoritarias, esa posibilidad prácticamente ha quedado en el olvido. Ante ello, la opción de “gobernar vía decreto” aparece como la más plausible. Aunque no se avanzará tanto como se requiere, esta es la salida más pragmática para lo que queda del período presidencial. La otra opción es no hacer nada y simplemente esperar. Es la decisión más fácil, evidentemente. También es la decisión más irresponsable con el futuro del país.

Santiago Basabe es académico de la Flacso.

3 Comments

  1. Moreno no hará nada. Espero ansioso regresar a un casa holgada y con un buen ingreso (dos sueldos por ex-vice y ex-presi). Después de él, el diluvio.

  2. Cuando el discípulo preguntó al maestro: ¿Me caso o no me caso?; el maestro respondió: «Hagas lo que hagas, te arrepentirás».
    Así está el Gran Indeciso, que gobernando con decreto o sin él, tendrá funestas consecuencias: Si lo hace, no faltará alguien que lo tilde de dictador; si no lo hace, otros lo señalarán como el causante de la desgracia económica y social del país.
    Ergo: Su debilidad para manejar con inteligencia y agilidad a su gente dentro de la comisión de fiscalización de los arribistas, alguien así como un tal Daniel Isaac Mendoza Arévalo, que mandó a votar a una insípida y desconocida suplente; permitió que CREO le dijera al Gran Indeciso: Ya no creo en ti…y ardió y arderá Troya. Cuando perfectamente se pudo llevar al pleno para que éste resuelva si la Tibisay criolla debía irse a la casa o continuar haciendo la fanesca de la trampa eleccionaria.
    El chino diría: Ta jolilo Moleno.

  3. oooooooooops!!!!!!!!! seguimos marchando en el propio terreno. Ciegos de conveniencia los unos que miran hacia otro lado, ciegos por ignorancia los otros……….. Y con la noveleria del tal circo, gasto innecesario en tiempo de vacas flacas…………

    Sera mucho pedir que los candidotes para cualquier dignidad paguen de su propio bolsillo? no es cabal seguir financiando de nuestros impuestos a los vivisimos que llegan para servirse del pais, pues no saben el significado de politica: SERVIR A LA NACION, PUEBLO, o lo que fuere. Asi veriamos de subito reducirse a uno cuantos los que se presentan como patriotas desinteresados que aman a Ecuador, y amen – candidatos, entre los cuales confiamos habran un minusculo puñado que busque llegar a alguna dignidad por su interes en mejorar la situacion del pueblo que lo elija, comprometiendose a cumplir lo ofrecido en campaña (no lo mismo de siempre, yo te le ofrezco, etc.,)

    Confiemos que al final del dia tengamos la suerte de que una persona con caracteristicas indispensables de ESTADISTA se postule y triunfe por bien del presente y futuro de Ecuador, pues hasta aqui duele tener que usar ese adagio «digno de mejor suerte»

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