Navegando entre los virus fiscales

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En el mundo y en el país surgen acontecimientos previsibles o imprevistos que marcan el diario vivir de las sociedades, definen sus rumbos. Los hechos de hoy hacen olvidar los de ayer, no obstante, en un mundo globalizado los impactos se sienten directa o indirectamente en las economías de los países. El conflico Irán-EE UU detonó el aumento de los precios del petróleo, efecto que de inmediato se diluyó con los impactos mundiales del coronavirus al ocasionar una menor demanda de China, ante lo cual el precio del petróleo se redujo y el comercio mundial se resintió.

Ante tales acontecimientos y por otras razones, el riesgo-país del Ecuador alcanzó los 1.096 puntos el 4 de febrero de 2020 al tiempo que el precio del petróleo se redujo a menos de $50 por barril. Dos factores esenciales en el devenir de la economía y de las cuentas públicas del país. No solo por los contextos descritos, sino por deber ciudadano, el cotidiano escrutinio de las cuentas públicas es imperativo. Más, en un año electoral y con la duras tareas en ciernes que deberá enfrentarlas el próximo gobierno.

En el mes de enero de 2020, los ingresos del presupuesto alcanzaron los $1.883 millones, 3,8 % superiores a enero de 2019. Aumento debido a mayores ingresos petroleros, sin embargo, los recaudos tributarios se redujeron 1,7 % con una caída del 10,3 % en el impuesto a la renta y de 12 % en los ingresos arancelarios. Considerando siempre, los ingresos efectivos al Tesoro Nacional. Se evidencia ya, la sobreestimación de los ingresos petroleros.

Los gastos totales en enero de 2020 fueron de $1.223 millones, con una reducción de 5,6 % en relación a enero de 2019. Los gastos corrientes se expanden 13,2 %, entre ellos, los sueldos aumentan 4,7 %, el gasto en bienes y servicios crece 75 %. El pago en intereses de la deuda pública aumenta 44 %, mientras la inversión continúa su parálisis crónica con un gasto de apenas $7 millones, excluyendo los $22 millones de pagos de indemnizaciones a los jubilados.

Si los ingresos fueron $1.883 millones y los gastos $1.223 millones, el superávit fue de $660 millones. Resultado que no puede conducir a la euforia, pues, responde a restricciones poco sostenibles en el manejo fiscal, derivadas de la aguda iliquidez de la caja pública. El gasto en bienes y servicios que tiene una asignación codificada de $2061 millones, menor a 2019, en enero fue de sólo $98 millones, cuando el valor mensual debería ser de $171 millones, sino existen aumentos posteriores.

Por el 40 % de pensiones y otros rubros que deben entregarse al IESS, no se efectuaron transferencias en el mes de enero. Si la asignación anual es de $1.534 millones, el valor mensual a entregarse es de $127 millones, esta deuda se acumula. Tampoco se entregaron recursos del presente presupuesto a las seguridades sociales de las FF AA y Policía. Los GADs (Municipios, Prefecturas, Juntas Parroquiales) no recibieron la asignación de enero de 2020, esto es, $265 millones, valor que aumenta las deudas del presupuesto. Lo propio acontece con el pago de transferencias por competencias a los GADs, becas y otros rubros, que de $877 millones apenas se entregaron $18 millones.

No es difícil inferir el rezago en las inversiones, que de alrededor de $4.000 millones presupuestados sólo se ejecutaron $29 millones. Desde otra perspectiva, en enero de 2020 sólo se cubrieron $650 millones en sueldos de la burocracia, $98 millones para subsistencia operativa en bienes y servicios, $70 millones de los bonos a los pobres, $18 millones en algunas transferencias, $22 millones a los jubilados. Por intereses de la deuda pública se pagaron $351 millones, nótese el impacto de este rubro, magnitud superior a las cuotas de los GADS, de las seguridades sociales y de los bonos de la pobreza.

Como se observa y era previsible, ante la falta de dólares en la caja fiscal el Estado acumula atrasos significativos en el pago de sus obligaciones. Recordemos que las deudas del presupuesto de 2019 fueron de $1.834 millones. Se desconoce cuanto de estas se cancelaron. El Ministerio de Economía y Finanzas debe informar cada mes, cual es el stock de la deuda flotante de 2019 y como se la reduce. También la liquidación de CETES habría presionado a la caja pública, su stock cerró 2019 en $2.761 millones.

La estrechez fiscal ante la incapacidad de reducir el déficit y el agotamiento de las fuentes de financiamiento, obliga a severas limitaciones en el pago de las obligaciones estatales para cumplir con las obligaciones del servicio de la deuda pública. En marzo se debe cancelar $500 millones de un crédito de Goldman Sachs, también se debe pagar el saldo de $325 millones de los bonos 2020 y sus intereses, así como los intereses de los bonos 2022, también el servicio de la deuda de otros rubros. Marzo demanda importantes pagos de la deuda pública.

No obstante que el mes de enero siempre es limitado en los gastos estatales, no oculta las serias dificultades para el sostenimiento de las cuentas públicas. Es la alerta temprana de las vicisitudes que tendrá que sufrir el Estado para cubrir sus necesidades de financiamiento. En un caso extremo, la no responsable emisión de Bonos Basura será más onerosa ante un riesgo país superior a los 1.000 puntos. Se infiere con claridad un año de sobresaltos fiscales para sobrevivir, con la persistencia de los problemas estructurales. Tampoco parece realista esperar que las cegueras preelectorales no los profundicen.

Es inevitable que encontrar las vacunas para los virus fiscales será tarea del próximo gobierno. Mientras, la contaminación de estas enfermedades las seguirá padeciendo toda la sociedad.

Jaime Carrera es economista.

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