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Apurar los tiempos, la mejor opción para la Corte Nacional

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Aunque el inicio de la audiencia de juzgamiento en contra del ex presidente, sus ministros y principales allegados ha iniciado, ahí está apenas la punta del iceberg que está por develarse en las próximas semanas, meses o años.

El tiempo es relativo y está en las manos de un puñado de jueces nacionales. Si bien los recursos procesales y los galimatías jurídicos siempre estarán a disposición de los abogados defensores (en su afán de dilatar el proceso penal), en lo de fondo, dependerá de la decisión política que se asuma dentro de la Corte Nacional conocer si en el corto, mediano o largo plazo, el país tendrá una sentencia firme, ejecutoriada, pasada en autoridad de cosa juzgada, como dicen los juristas. Por ello, más allá de la dirección y contenido del fallo que está por venir, lo que se espera es que esos jueces nacionales asuman el rol político que ahora mismo se les demanda.

Visto así, a simple vista, señalar el papel político de los jueces podría aparecer como una herejía. En efecto, en una visión tradicional del papel del juzgador, la decisión de un caso jurídico debe estar ceñida únicamente a la verdad procesal y la ley. Por tanto, aunque idealmente aparece como una posición deseable, en la realidad eso no sucede. Los jueces, sobre todo los que resuelven procesos judiciales con connotaciones políticas, económicas o sociales, siempre toman decisiones considerando los efectos que de allí se podrían derivar. Negar esto es asumir que el juzgador está envuelto en un aura que lo aleja de la realidad en la que se circunscribe. Eso es falaz y rechaza la posibilidad de observar al juez, sobre todo al de altas cortes, como un actor crucial en la resolución de conflictos que, originados en la arena de la política, derivan en la de orden judicial. De lo dicho están conscientes los jueces, aunque les cueste asumir en público su posición.

En ese plano, la actuación política de los jueces no debe confundirse con adscripción partidista ni dependencia al poder político, en sus diversas manifestaciones. Tampoco con intereses coyunturales ni corrupción. Simplemente, los jueces tienen olfato y capacidad de prever las consecuencias inmediatas o mediatas de lo que decidirán hoy. Así actúa la corte constitucional alemana, la corte suprema estadounidense o cualquiera de los más prestigiosos y reputados tribunales de justicia del mundo. No se trata, por tanto, de niveles de independencia judicial ni de espacios geográficos. Se trata, eso sí, de desmitificar ese mal entendido criterio de que el juez se reduce a ser la boca de la ley. Desmitificar ese criterio es clave no sólo porque coloca a la opinión pública ante un mundo real sino también porque favorece, aunque parezca contradictorio, a una actuación mucho más autónoma de quienes administran justicia.

En la audiencia de juzgamiento iniciada ayer en la Corte Nacional, y que ha servido para que algunos califiquen a este proceso penal como el juicio del siglo (aunque aún restan 80 años para que la centuria culmine y se pueda recién allí comparar entre los juicios más sonados), el rol político de los juzgadores está por verse. En un año electoral, la primera opción y quizás la más óptima para todos, es que haya celeridad y se concluya con una sentencia firme antes de que las candidaturas sean inscritas. Más allá de a quienes favorezca el fallo, lo cierto es que eso aportará a dar mayor confianza al proceso eleccionario que se avecina. Con las inevitables críticas de un lado u otro, si la Corte Nacional se inclina en esta dirección, sus jueces tendrán un escenario futuro de mayor certidumbre y seguridad, independientemente de quienes alcancen los cargos de elección popular. Habrán jugado sus cartas abiertamente y en la correlación de fuerzas políticas que se espera a futuro, las probabilidades de ser “sancionados” por sus decisiones serán menores.

La segunda opción reduce a los jueces a observar al calendario electoral como un obstáculo infranqueable que los lleve al cuarto trimestre del año sin una decisión definitiva. En ese caso, la Corte Nacional no sólo será responsable de enrarecer el ambiente político inmediato sino también de orientar la discusión del futuro económico del país en función de las consecuencias que surjan de una posterior sentencia, condenatoria o absolutoria. En dicho escenario, e incluso por encima del resultado electoral, habrán más fuerzas políticas dispuestas a reaccionar negativamente ante las decisiones judiciales, sea cual sea su dirección o contenido. Así, pasado el fervor eleccionario, la capacidad de los jueces para resolver el caso de forma más ecuánime se reducirá ostensiblemente.

Por tanto, aún cuando los costos de resolver el caso de marras en lo inmediato podrían lucir más onerosos, asumir esa decisión acarreará a los jueces y al país un mediano plazo más estable y con mayores beneficios mutuos.

Asumir a los jueces como actores que deciden en Derecho pero que piensan políticamente es una idea clave que la sociedad ecuatoriana debe procesar de cara a una mejor comprensión del desenlace que podría tener el proceso penal que desde ayer concita la atención del país. De su lado, la Corte Nacional habrá decidido ya o estará en la disyuntiva de asumir una de las dos posiciones mencionadas: aceleran los tiempos y deciden de forma definitiva o dejan el proceso judicial en un limbo hasta que se resuelva la contienda electoral del 2021. En ambos casos, existirán costos que asumir para los jueces. En el segundo escenario, el de la dilatación, es más probable que las consecuencias sean de mayor envergadura no sólo para quienes deben tomar decisiones judiciales sino para el futuro del país. Quizás la opción de apretar los tiempos, respetando el debido proceso y las garantías de los enjuiciados, desde luego, es lo que mayores beneficios traerá a todos, jueces nacionales incluidos.

6 Comments

  1. Es innegable que los jueces se mueven o estudian el caso en la arena política, pues resulta absurdo pensar que un juez pueda abstraerse a esta realidad cotidiana.Sin embargo cuando la probanza no existe, y permite el razonamiento de la duda, la arena de la discusión vulgar no incide en una resolución ,la consecuencia es la ratificación de la inocencia de un reo.En el caso arroz verde, sin embargo, la mayoría de ecuatorianos con educación elemental, por los reiterativos informes de los medios de comunicación ,comprendemos que la prueba en el caso sobornos que fue planificada y dirigida por el encartado Correa, existe nítida,inconcusa, irrefutable y meridiana. Si el reo Correa y sus compinches tiñen al juicio penal como «persecución política» es su forma de lavar su honor .De ahí que tenemos que profundizar el análisis de una conclusión como la que comento con enorme respeto.Si los jueces cumplen sus roles con la celeridad prevista como principio constitucional, en tres meses tenemos condenados a Correa y su banda

  2. Ecuatorianos dignos y honestos, el Excelentísimo Sr. ex-Presidente de los Estados Unidos ya lo dijo al mundo»Un delincuente «No debe tener derechos» «Si él, no respeta tus derechos….. ¿Por que tu sí los de él? Más claro que el agua. Bajo esta consideración ya universal. Esta reflexión, debería ser acogida por todos los operadores de justicia, a fin de no aceptar
    de los abogados defensores su afán de dilatar el proceso penal, que a raja tabla exigen derechos para la turba correista, con el cuento del debido proceso, en detrimento de la pobre economía que enfrenta el Ecuador saqueado por esos delincuentes.

  3. Que esa sea la estrategia de Correa y sus secuaces no asombra. Pero que opina del adelanto de las elecciones que anuncio el CNE? Cree que es una casualidad? O es parte de la estrategia de salvar a Correa por la via electoral?

  4. Que verguenza, que alguien que habiertamente dice que un juez tiene que ser un politico, sea un profesor; los alumnos necesitan tener en frente impartiendo sus conocimientos, a un ser que tenga buena formacion moral, de actitud recta en el buen vivir, que tenga conocimientos de la materia que imparte; de lo contrario este tipejo que se para en frente de sus alumnos no sirve ni para enseñarles a limpiarse la nariz, mucho menos a formarles como profesionales. Al no distinguir entre lo que es impartir justicia, o ser un juez, y lo que es ser un politiquero corrupto y falto de escrupulos, Ud demuestra lo poco que le importa la honestitud, la rectitud, la verdad, etc, etc

  5. Que se cumpla el debido proceso , que se ejerza el derecho a la defensa , que se presenten todas las pruebas de cargo y de descargo , eso es lo que los ecuatorianos anhelamos ; pero mas allá de todos estos importantes detalles legales , que finalmente se imparta justicia con rectitud y celeridad , caso contrario la vindicta pública quedará nuevamente burlada .

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