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CAA1: ahora Moody’s tiene la culpa

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La importante empresa calificadora de riesgo Moody’s degradó la calificación de la deuda externa del Ecuador del grado B3 a Caa1, lo cual traduce la expectativa de probable default en el pago de la deuda. Tal calificación la ostentan también Argentina, Líbano, Cuba, Mozambique.

Según las empresas calificadoras de riesgo Fitch y Standar&amp&Poor’s, desde hace varios años el país luce la poco honrosa calificación de B- a su deuda externa en moneda extranjera. Estandarte asociado a los Bonos Basura. El Ecuador posee $17.700 millones de estos bonos, con vencimientos hasta el año 2030 y emitidos con onerosas tasas de interés de hasta el 10,75 % anual. Son pocos los países que emiten Bonos Basura, en este club, al que no debemos estar ufanos de pertenecer, están países como Angola y Libano.

Cuando un país, por sus erradas políticas económicas y fiscales, tiene como última y extrema opción emitir Bonos Basura, tiene la obligación de adoptar las medidas para conformar una economía sana y un fisco equilibrado, a fin de honrar el pago de los intereses y amortizaciones de estos bonos y evitar continuar emitiéndolos. Sin embargo, el gobierno anterior emitió más de $7.000 millones de Bonos Basura, para financiar un contínuo y elevado déficit fiscal.

El gobierno actual emitió más de $10.000 millones de Bonos Basura para financiar saldos rojos fiscales que persisten en su elevada magnitud. Recordemos que en septiembre de 2019 se emitieron $2.000 millones de estos bonos con una tasa de interés de 10,75 %.

El gobierno de modo tardío trató de reducir el déficit público, a pesar de disminuir drásticamente la inversión y de modo tibio la masa salarial, en 2019 el déficit del presupuesto cerró en unos $4.400 millones. Los créditos de los organismos multilaterales y otros no fluyeron en su totalidad.

Existieron severas dificultades para financiar el déficit y el pago de amortizaciones y otros pasivos. El gobierno tuvo que emitir Bonos Basura por $4.250 millones, acumular atrasos en el pago de obligaciones del presupuesto por más de $1.800 millones, colocar in extremis CETES (Certificados de Tesorería) de corto plazo hasta llevar este stock a $2.761 millones, y acudir a arbitrios como pagar sueldos de diciembre en enero de 2020.

En 2020, aún si se reduce la inversión en unos $2.000 millones para ubicarla en los niveles de 2019, a fin de reducir un potencial déficit de unos $5.800 millones hasta unos $3.800 millones, habrá serias dificultades para cubrir las necesidades de financiamiento que superan los $10.000 millones al incluir el pago de amortizaciones y otros pasivos. Además, sin incluir en tales necesidades el stock de CETES de $2.761 millones y las deudas del presupuesto por $1.800 millones.

La ejecución del presupuesto en enero de 2020, confirma los espacios cada vez más reducidos para la sobrevivencia fiscal y obtención de fuentes de financiamiento sanas. Los gastos de enero fueron de mínima subsistencia, se acumularon nuevos atrasos en el pago de obligaciones al IESS, GADs y otras. El Estado debe limitar el gasto de modo severo para acumular dólares a fin cubrir el servicio de la deuda pública que en marzo será cuantioso. Sólo en enero el pago de intereses fue de $341 millones y de amortizaciones más $230 millones.

De otra parte, continúan surgiendo otras deudas del Estado además de las citadas. El Instituto de Seguridas Social de las FFAA reclama deudas por más de $300 millones. Los Municipios, Prefecturas y otras entidades públicas reclaman unos $500 millones por varios años de no devolución del IVA. Un municipo ha acudido a la justicia para exigir estos pagos, funesto precedente para una sana gestión fiscal, que puede ser emulado por otros acreedores. Tal hecho es fiel reflejo de la falta de conciencia de la realidad económica y fiscal del país y el secular privilegio de los intereses políticos que destruyen la economía y el fisco.

El gobierno ha sido incapaz de presentar la real deuda flotante del Ecuador. La gestión fiscal no ha superado las ancestrales deficiencias, falta de transparencia y uso de arbitrios que ocultan las realidades fiscales. Ciertos sectores enquistados en la burocracia pública, acomodaticios con Dios y el Diablo, perseveran en nocivas prácticas reñidas con la sanidad fiscal y con la gran responsabilidad social que demanda la sana administración de los recursos de la sociedad entregados al Estado.

La ligera administración del presupuesto a nadie ruboriza. Por ejemplo, en el presupuesto del presente año la Asamblea aprobó desembolsos internos por $1.955 millones y en enero se asignan $19 millones, al tiempo que en el mismo mes se emiten $386 millones de deuda interna. Absurdo. También, se asignaron $2.268 millones como saldos disponibles de 2019 mientras la caja pública está en inanción, en enero se reduce esta asignación a $1.488 millones. Se cambian fuentes, se mueven partidas con absoluta discrecionalidad. El presupuesto es cuadrado a golpes de bofetadas fiscales, en fiel expresión del desdén por las responsabilidades públicas y sociales que deben caracterizar la gestión del Estado. Nadie es juzgado.

Este año concluirá con un elevado déficit fiscal, elevadas deudas del presupuesto, CETES de gran magnitud y serias dificultades para cubrir las necesidades de financiamiento. Las metas de acumulación de reservas internacionales y de depósitos del sector público establecidas en el acuerdo con el FMI no se cumplirán y seguirán la misma trayectoria de 2019. La lectura del escenario descrito aunado a factores externos y la volatilidad de los precios del petróleo, mantendrán el riesgo país elevado. El mismo alcanzó los 1.150 puntos al 11 de febrero, tornando inviable la emisión de bonos externos.

Una economía estancada o en decrecimiento y la situación fiscal descrita la heredará el próximo gobierno en 2021. Esta perspectiva nada alentadora se torna más sombría por la incertidumbre política. Los inversores nacionales y externos, así como los compradores externos de bonos de deuda pública, postergan sus decisiones de inversión hasta conocer los nuevos detentadores del poder y sus políticas económicas y fiscales. Está latente un posible retorno del populismo, ante lo cual los inversores saldrán en estampida.

Si 2020-2021 estarán marcados por obvios y dolorosos viacrucis económicos y fiscales, es ingenuo no inferir que el Ecuador está lejos de promover la solidez económica y fiscal requerida para reducir el riesgo país, atraer inversiones, crecer en su economía a tasas elevadas, mejorar el perfil de la deuda y el peso de los Bonos Basura a partir de 2022.
La calificación de Moody’s de Bonos Basura a una basura más degradante, no puede estar exenta de estas reflexiones. El país, en lugar de lamentarse por la calificación de Moody’s y ser complaciente con abrigar durante años los Bonos Basura, debe encontrar los acuerdos imperativos para efectuar las reformas económicas y fiscales, a fin de con orgullo nacional lucir en el mediano y largo plazos una calificación triple AAA en su deuda externa en moneda extranjera.

Jaime Carrera es economista

5 Comments

  1. Estamos jodidos. Décadas de malas administraciones. Subsidios desangrantes. Leyes e impuestos (ejem. el 15 % utilidad para trabajadores) que literalmente hacen correr a cualquier inversionista. Sistema judicial extremadamente corrupto, donde las sentencias son por quién da más, no por la ley ni la justicia. Políticos ineptos, ciegos, vendidos a intereses malignos de poderosos, desde banqueros, comunicadores, «empresarios», dirigentes gremiales o étnicos, y vivarachos de todo tipo y calaña. Que el último apague la luz.

  2. Sr. Carrera, deje de lamentarse, diga las cosas claras y contundentes, hay que sacar 50,000 empleados públicos, y hay que detener todo proyecto nuevo. Ya basta de Manuelas, toda una vida, circos de hielo, etc.
    Si no se toman medidas urgentes, adios dolares, y vuelve el sucre carajo.

  3. En EE.UU. el presidente acaba de decir que «despliega una lucha tenaz contra la pobreza». Esta debe ser: amontonarnos por volquetadas los bonos basura, igual que el antecesor. Se conoce que toda la deuda del Estado está por los 70 mil millones. Se ve cómo antecesor y sucesor han luchado por solucionar la pobreza: al fío. Que paguen las futuras generaciones. Mientras estos despilfarradores salen de «simpáticos» porque reparten bonos, hacen obras de relumbrón y con sobreprecios, se dan vida de reyes y luego hasta quieren volver. La perspectiva económica es espeluznante. Y quieren volver. Claro, si nadie es juzgado ni tiene responsabilidades en la administración de la cosa pública. Lo administran al tun-tun. Que le caigan juicios al Estado por terminación unilateral de contratos, o jueces que no apliquen la Ley como debe, no es problema de ellos. El manejo irresponsable de una función que un individuo se comprometió con la patria, debería ser sancionado con la repetición y cárcel. Pero no, en este país de Manuelito, por su «sacrificio» tienen derecho hasta a sueldos vitalicios. ¡Qué sarcasmo!

  4. Una adecuada explotación minera por parte de las grandes Cías-que tienen tecnología de punta para no dañar el medio ambiente-podría ser una solución

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