El destino de los beneficios económicos que los Estados obtienen como producto de la extracción de recursos naturales -petróleo, gas y minería- ha estado rodeado de opacidad. Los ciudadanos no hemos podido acceder a información clave, especialmente a aquella que hace relación a la cadena de valor de la industria extractiva. Es decir, licencias, contratos, producción, recaudación de impuestos, asignación de ingresos y contribución social y económica en las zonas de influencia. Y esto a pesar de que los recursos naturales de un país pertenecen a sus ciudadanos.
Esta situación y la búsqueda de una solución efectiva han sido una preocupación global desde tiempos atrás. En ese empeño han surgido valiosas iniciativas que buscan, como objetivo, generar mecanismos que ayuden a construir una gobernanza efectiva en las industrias extractivas, que permita a los ciudadanos ejercer un oportuno control social sobre estas actividades y, de esa forma, lograr que respondan al interés público con prácticas transparentes que consigan una gestión eficiente de ese rubro de riqueza, de tal manera que sus beneficios se concentren en los ciudadanos.
Encontrar un mecanismo idóneo ha sido difícil, ha tomado años, sobre todo porque los países ricos en recursos naturales arrastran un karma que proviene de la mala administración por parte de los populismos, de los beneficios del petróleo y minería. Estos han sido utilizados en fortalecer el clientelismo y construir riquezas personales mediante la corrupción. Se debe sumar la tolerancia al extractivismo informal como en el caso de la minería que tanto daño social y económico causa.
No obstante, existe una iniciativa que está probando ser la más efectiva hasta ahora, para generar procesos serios de transparencia para el sector extractivo y, lo que es más importante, está logrando, de a poco pero con pasos firmes en los países implementadores, mejoras sustanciales en lo que tiene que ver con la transparencia y la rendición de cuentas en los sectores del petróleo, minería y gas.
Ese mecanismo es la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas EITI – por sus siglas en inglés-, que nació en el Reino Unido y, desde el 2003, en un esfuerzo histórico entre gobiernos, sociedad civil y empresas extractivas, consiguió generar un estándar global para la buena gobernanza del petróleo, el gas y los recursos mineros. Hasta hoy son 52 países los que se han adherido a esta iniciativa y la están implementando con éxito: 10 países en América Latina; 6 en Europa; 24 en África; 6 en Asia Central y Oriente Medio; y 6 en el Sudeste Asiático. El saldo de esta mancomunidad mundial por la transparencia es el empoderamiento ciudadano mediante el acceso a la información y la apertura de los datos sobre los procesos extractivos. De esa manera, la ciudadanía los utiliza para exigir una permanente rendición de cuentas tanto al gobierno como a los demás actores de las industrias extractivas, logrando un círculo virtuoso de confianza y beneficio mutuo.
El impacto de la implementación de esta iniciativa es múltiple porque está contribuyendo, entre otras cosas, a que los contratos de concesión, explotación y demás sean divulgados y conocidos, incluidas sus modificaciones. Se genera así mayor transparencia y confianza en el sistema de gobierno y administración pública. Además, sobre la base de datos transparentes, se están tomando medidas efectivas para gestionar pagos ambientales por impacto.
El Ecuador firmó una carta de intención para adherir a los estándares del EITI y ha reafirmado su voluntad de postular a su membresía en los próximos meses. Para ello, hay un proceso que está avanzando entre sociedad civil, industrias y gobierno con miras a formalizar su postulación. El plazo está pronto a vencer.
Es urgente que Ecuador se adhiera a la iniciativa, sobre todo teniendo en cuenta que existen proyectos extractivos a puertas de iniciar y lo más conveniente para el país sería que se inicien con la adhesión a los estándares globales que garantizan transparencia en todo el proceso.
La implementación de estándares de transparencia del EITI en el Ecuador sin duda generará muchas ventajas. Necesitamos ese respaldo para incidir apropiadamente como sociedad civil, ejercer control social y construir círculos virtuosos de colaboración con la industria y el Estado.
Ruth Hidalgo es directora de Participación Ciudadana y decana de la Escuela de Ciencias Internacionales de la UDLA.
“Es urgente que Ecuador se adhiera a la iniciativa, ”
Es gracioso ver como todos los articulistas se quejan del exceso de burocracia, pero siempre traen ideas que invariablemente termina en la creación de una oficina con un director, coordinadores y “asesores” dispuestos a sacrificarse por este asunto tan importante.
Según las indagaciones más recientes con evidencia empírica, estos estándares no sirven, son mera fachada. De una académica se debe esperar conocer los estudios de altura….