Correa y su gavilla se auto incriminan: ¿brutos o desesperados?

En redes sociales una recua de correístas, a los que les falta entendimiento y les sobra cinismo, a pesar de la evidencia no les provoca asomo de duda. Por lo menos duda sobre la relación corrupta entre la cúpula del gobierno del prófugo y empresarios que pagaron directamente o triangulando facturas para conseguir contratos o recibir pago de planillas. De lo que se ha expuesto en el juicio contra la revolución corrupta, se ha confirmado todo lo que se comentaba: la abundancia de recursos terminó en los bolsillos de los jerarcas; lo que financia holgadamente sus exilios, sus troll centers y sus revueltas golpistas. Y en el caso del prófugo, viajes en primera clase y una corte de pepudos que le escoltan. ¿Acaso alguno de estos obsesivos que insultan como verduleras, no se pregunta de dónde un expresidente que no cobra su pensión, puede pagar esos millonarios gastos?

Pero si no es por la evidencia del juicio, toda duda debería desvanecerse por los tuits que con fruición tipean Correa, Mera y sus abogados. Conforme el caso se ha ido procesando, las versiones sobre los hechos, por parte de los acusados, se ha ido modificando porque son tan evidentes que incluso ellos no los pueden negar. Correa negó conocer a Laura Terán, afirmó que no sabía si trabajó en su equipo. Ahora afirmó que los archivos obtenidos por la Fiscalía fueron hackeados de la computadora de esta mujer ¿Bruto o desesperado? No solamente confirma que Terán trabajaba cercanamente a él, sino que los archivos existen y lo que cuestiona es la forma en que fueron obtenidos. Por su parte Mera, dispara sin conciencia lapidarios tuits en los que acusa que la principal testigo de la causa, la inefable Pamela Martínez, quien fue parte del equipo de gobierno y amiga desde la infancia de Correa. Ella es, dice, una corrupta contumaz, que se forró siendo juez constitucional, cargo al que llegó sin otro mérito que se parte de la camarilla. Ya no hay duda de la pigmea talla moral de Martínez. En el caso de Mera, aparte del resultado en el juicio por sobornos, se ha auto sentenciado de complicidad. ¿Si sabía lo pícara que fue la jueza Martínez, si supo que recibió coimas, incluso de Odebrecht, por qué no lo denunció, por qué, por lo menos no forzó su retiro de la Corte Constitucional? Con seguridad si Mera lo sabía, Correa también. ¿Bruto o desesperado? Tanto en el caso de Correa y Mera, es evidente que ya no les importa derruir su corroído prestigio. Mentirosos, cómplices con la corrupción. De eso no hay duda. Solo falta una sentencia que lo confirme judicialmente.

En otras declaraciones la ex ministra Duarte y el inefable Mera tratan de desmarcarse de Correa. Duarte dice, con asomo de asco, que Correa se rodeó de gente mala. Y lo dice con el cinismo de creerse buena y que no era parte del círculo íntimo. Para serlo, debieron compartir los antivalores que los hacían mantenerse unidos. Durante el gobierno, el pacto de silencio para cubrir la corrupción, no tuvo filtraciones. Mera por su parte dice que no estuvo de acuerdo en todo con Correa: descarado. Él, el artífice del control judicial, que fue el arma más eficiente de persecución; él, el manipulador de leyes, vetos, voluntades, quiere desmarcarse de las decisiones de Correa. Seguramente en algo habrá estado en desacuerdo, pero en lo fundamental, en nada.

Los abogados tampoco dan la talla. Reconozco ese principio que todo acusado merece una defensa. En el caso del juicio por sobornos, sin embargo, los abogados tienen la misma estatura ética que sus defendidos. El jefe de la defensa legal, Fausto Jarrín, aparte de los ilegítimos recursos que interpone dentro del proceso judicial que rayan en la deslealtad procesal, no ha explicado de donde obtuvo alrededor de 800.000 dólares para comprar una casa patrimonial para luego derrocarla, con autorizaciones del municipio de Quito, en ese tiempo en poder del correísmo. Porque de su historia tributaria no aparecen recursos propios para pagar esa compra.

En el pasado hubo actos de corrupción. Eventos aislados, eventualmente inevitables. Pero no hay precedente de una pandilla organizada, que se encaramó en el poder del Estado, al inicio probablemente con buenas intenciones, pero que, prontamente, entendió que el control total les ofrecía la impunidad para abusos políticos y violación de todo principio moral. Su alharaca de persecución, su desvergüenza en victimizarse es parte de esa desfachatez de quienes no tienen abolengo ético ni asomo de arrepentimiento. La expectativa sobre el final de juicio, en sentido que se sancione penalmente a todos los implicados en la maquinaria de coimas y contratos, reposa en enviar un poderoso mensaje en contra de la impunidad.

Diego Ordóñez es abogado y político.