Rafael Correa, Jorge Glas, María de los Ángeles Duarte, Vinicio Alvarado, Walter Solis, Cristian Viteri, Viviana Bonilla… Ellos son, inequívocamente, los principales protagonistas del caso “Sobornos 2013-2016 o “Arroz verde”. ¿Y los empresarios e intermediarios? De ellos poco se habla. Hay una lista de los cuales solo uno, Pedro Verduga, admitió haber sido chantajeado para que entregara dinero a cambio de que le liquidaran antiguas facturas. Los otros (ver lista más abajo), se extraviaron en explicaciones apegados a una estrategia que terminó agravando su caso.
Por lo visto en el juicio, los empresarios y sus abogados hicieron un pésimo cálculo esperanzados en que la Fiscalía General no tendría evidencias en su contra. Y sí, tenía 61. Ellos prefirieron vincular su suerte a la de los políticos del correísmo implicados en Arroz Verde. Contra ellos la Fiscal, Diana Salazar (en la foto con su equipo), ha pedido la pena máxima: los acusa de haber hecho cruce de facturas y haber dado dinero en efectivo a cambio de contratos de obras públicas.
Este caso no tiene antecedentes en el país. Empresarios (no se sabe si algunos o muchos de los que hacen contratos con la administración pública), han sido cómplices de prácticas corruptas. En algunos gobiernos, anteriores al de Rafael Correa, miembros de las cámaras de comercio y producción visitaban los medios de comunicación para pedir que publiquen casos de extorsión. Los relataban pero no los documentaban ni se animaban a denunciarlos públicamente, poniendo la cara y dando los nombres. Ha sido habitual sin embargo hablar de funcionarios “15%”. Un prefecto llegó a ser identificado de esa manera: nunca fue investigado y ahora es un jubilado honorable.
En la época de Abdalá Bucaram se habló igualmente del IPRE, “impuesto del PRE”. En Quito se indicaba, incluso, la dirección de una oficina, en el centro histórico, en la cual supuestamente se tenía que pagar. Pero no hubo denuncias. Y, por lo que se colige, empresarios (no se sabe si algunos o muchos), plegaron a esas prácticas. La razón esgrimida, en ese y otros casos, ha sido la misma: si no pagan a los funcionarios corruptos, pierden los contratos y las empresas tendrían que despedir personal. O cerrar sus puertas. En el sector petrolero ciertas prácticas estaban sistematizadas: hubo épocas en que los contratos se ganaban por turnos…
El empresariado ecuatoriano no ignora, en todo caso, los chantajes y extorsiones a los cuales les han sometido funcionarios corruptos de algunos gobiernos. El de Rafael Correa es paradigmático: los documentos mostrados por la Fiscalía prueban que el correísmo instaló un mecanismo paralelo y dependiente de los contratos públicos para levantar fondos que, en el caso investigado, sirvieron para las actividades proselitistas y electorales de Alianza País. Un sistema dirigido por Correa y su vicepresidente Glas y articulado desde la propia Presidencia por una funcionaria de la entera confianza del Presidente. Esas extorsiones fueron de mutuo beneficio para las partes.
Nada han dicho los gremios empresariales: su silencio es notable. Y lo es porque este juicio es un hito en su historia y crea un precedente: al fin una docena de empresarios, cómplices y beneficiarios de esa corrupción, llega a los estrados judiciales. Empresarios que no tuvieron empacho en pactar con un gobierno corrupto. No solo corrupto: autoritario, aprendiz de dictador. Y no solo pactaron y callaron: participaron en el sostenimiento financiero de un régimen que pisoteó todos los valores que esos empresarios, en teoría, dicen profesar.
Este caso prueba que los grupos empresariales –salvo pocas excepciones- no tienen la menor idea de lo que significa ser elite: influir, participar en el rumbo y destino del país. Ellos son el fiel retrato de la desconexión del empresariado con la visión y misión que les otorga su posición, sus recursos, la responsabilidad de tener que ser ejemplo para sus conciudadanos.
Fuera de micrófonos, empresarios honestos hablan de la necesidad de tomar iniciativas para contrarrestar a los corruptos. Sin embargo, no hay códigos deontológicos entre ellos ni sanciones efectivas de ningún tipo. No hay rastro alguno de esa “legislación consensual” en que se ha convertido el ejercicio de la ética, también aplicada a las empresas: la construcción, a partir de la reflexión, de un saber relativo a una forma de comportarse, de habitar el mundo, como decían los griegos.
No es tarde para que, tras este escándalo de corrupción, el empresariado diga al país, pensando en los valores que realmente comparte, qué normas de comportamiento debe tener. Porque las empresas no deberían ser consideradas como unidades de producción sino como espacios forjadores y portadores de valores.
(*) Los empresarios acusados por la Fiscalía: Alberto Hidalgo, Ramiro Galarza Andrade, Édgar Salas León, Bolívar Sánchez Rivadeneira, Teodoro Calle, Rafael Córdova Carvajal, Víctor Fontana, Mateo Choi y William Phillips Cooper.
Foto: Fiscalía General de la Nación.
A mi parecer el caso denominado “arroz verde”, en el cual se da a conocer que empresas como Odebrecht y otras empresas multinacionales financiaron la campaña política de Rafael Correa y Jorge Glas en donde se establece un sistema de códigos para empresas nacionales. En dicha investigación varios ex funcionarios del ex presidente habrían recibido aportes de empresas privadas y también de empresas extranjeras.
Mientras tanto las autoridades locales no saben si voluntaria o involuntariamente se mueven la piezas correctas, ya que la captura se a vuelto imposible, y ya va siendo hora de que esto empiece a acabarse y se demuestre al país que realmente se está trabajando para atrapar al verdadero cómplice de esto.
En vario textos difundidos por la FiscalÍa General del Estado, se aseguró que en varias ocasiones existió una organización criminal y una estructura delincuencial.