La muerte cruzada más allá de la amenaza

Cuando en el año 2008, la euforia de la reconstrucción de la Patria inundó el país entero, la esperanza de que era posible un cambio hacia mayor democracia, participación, equidad y justicia, trajo el diseño e incorporación de nuevas figuras en el sistema político y del Estado, que fueron incorporadas a la estructura institucional en la Asamblea Constituyente de plenos poderes de Montecristi.

Allí se gestó un cambio en la matriz institucional que trajo consigo la incorporación de nuevos mecanismos que prometían inaugurar un nuevo país; algunos de ellos inspirados en modelos parlamentarios anglosajones y que fueron forzosamente traídos para ser implementados en nuestro sistema presidencial, como fue el caso de la muerte cruzada.

Es así como, por ejemplo, se introdujo la figura de la silla vacía como mecanismo para garantizar voz al ciudadano y profundizar su derecho de participación en la toma de decisiones. Esto de inicio fue un tremendo avance que, de haberse mantenido como se aprobó, habría significado la consolidación de la participación ciudadana per se. Pero más tarde se politizó dando posibilidad de voto sin representación popular y convirtiendo ese mecanismo en un espacio de manipulación política.

Otra muestra de ello, fue la introducción del derecho a la resistencia; figura nueva y con un diseño normativo confuso y de amplia interpretación que fue creada al calor de la aceptación popular y que, luego, según la visión del gobernante, terminó siendo arrasada cuando se criminalizó la protesta social.

Dentro de estos nuevos aportes que se sumaron a la Constitución de Montecristi se incluyó la figura de la Muerte Cruzada. Se introdujo según el criterio de que, en ese entonces, vivíamos el fenómeno de un Estado fallido, con debilitamiento institucional, partidos políticos contaminados por malas prácticas y que había que crear mecanismos que le dieran viabilidad a la democracia ecuatoriana que nos garanticen, a largo plazo, niveles aceptables de gobernabilidad.

En esa lógica, se creó la muerte cruzada como un mecanismo coyuntural que plantearía una solución, en los casos en los que la fractura entre las principales funciones del Estado -legislativo y ejecutivo- fuera de tal magnitud, que produjera inviabilidad de los procesos democráticos, por ejemplo por bloqueo de leyes e iniciativas. Entonces esta herramienta sería usada como una manera de neutralizar la hegemonía política de una de las funciones en disputa, facilitando y mejorando la gobernabilidad.

En los últimos días, hemos escuchado recurrentemente la idea de que podría estarse pensando la aplicación de este mecanismo si el legislativo no aprueba las leyes urgentes enviadas por el ejecutivo. De aplicarse la muerte cruzada con este criterio, dejaría fuera del juego político a los dos representantes de las principales funciones del Estado porque, independientemente de quien la aplique, si bien el proponente elimina al otro, al mismo tiempo también se autoelimina. Una situación bastante compleja en términos de gobernabilidad y si pensamos su aplicación ahora, más difícil aún por la dificultad real de entrar en elecciones en momentos de confinamiento, con emergencia económica de por medio y consecuentemente sin recursos para poder financiar lo que sería en el fondo, dos procesos electorales. Primero, habría que elegir a quienes completarían el período cesado, -en este caso por un año- y, luego, volver a escoger presidente y asambleístas para un nuevo período.

Como se puede ver, aunque el espíritu de su creación haya sido dar una solución jurídica y constitucional a las pugnas entre el ejecutivo y legislativo, en realidad lo que se creó fue un espectro que amenaza desde las sombras y que, dado el caso, podría generar más conflictos políticos. Por otro lado, no promueve el esfuerzo que deben hacer los actores políticos legislativos y los representantes del ejecutivo en pro de generar consensos y plantear diálogos horizontales entre ellos sino que, más bien, se vuelve una herramienta coactiva para ser usada cuando los mecanismos de diálogo son nulos, a falta de operadores políticos válidos.

La aplicación de la muerte cruzada en las actuales circunstancias debe ser analizada con total responsabilidad de lado y lado, y no solo como una amenaza o un as bajo la manga. Mientras el país se desangra por una emergencia sin precedentes, mientras seguimos enterrando a nuestros muertos, nos merecemos que quienes nos gobiernan, desde el Ejecutivo y el Legislativo, hagan los esfuerzos necesarios para lograr consensos, dejando de lado posiciones beligerantes y cálculos electorales y nos entreguen soluciones viables y racionales para salir de esta crisis, producto del aporte serio y honesto de sus líderes. Los ciudadanos nos merecemos al menos eso, ¿no?

Ruth Hidalgo es directora de Participación Ciudadana y decana de la Escuela de Ciencias Internacionales de la UDLA.