La ausencia de liderazgo político del Presidente, su distancia cuántica del rol que se requiere para enfrentar la mega-crisis que se desarrolla y que no topa cima de conflicto ni sima de desastre, se refleja en destartaladas acciones que no configuran una estrategia: lo único sólido que se aprecia es el despliegue clientelar repleto de fotos y poses, repartiendo comida a los viejecitos (sic), con escenas preelaboradas de agradecimiento.
Moreno confunde conducción del Estado, con autoritarismo. Estrategia de comunicación con estado de propaganda. Respeto con inacción. Todas falsas contradicciones. Errático, sin dotes para verbalizar, sin que haya marcado una hoja de ruta para amainar los daños, la algarabía y la iniciativa de tontos y sediciosos llenan el ambiente del debate de las medidas necesarias. La Asamblea, en la que el liderazgo es aún más pedestre, se oye un debate que parece barullo de feria. Alboroto de mercado. Venga caserito, pongamos impuestos a las estrellas que son un montón.
El gobierno desistió de los sensatos llamados a un amplio acuerdo político que conduzca a que las reformas y leyes necesarias se procesen en un “fast track” en la Asamblea en palabras de Guillermo Lasso, y no se deba entrar al peseteo con mentes de cutrichil y con cerebros tostados por las consigas. El mal manejo del diálogo, la incapacidad de manejar escenarios ha conducido a que, por lo menos hasta ahora, el proyecto llamado de ley de solidaridad, termine dependiendo de los votos corruptos de los socios y cómplices de la corrupción.
Reducir el gasto público no debe ser una sugerencia timorata. Tampoco ahorro insulso que ni siquiera sirve de símbolo, como bajar sueldos de los ministros. Ahorrar en gastos debe ser una política estructural, obligatoria e ineludible a todas las entidades estatales, a todas las funciones de gobierno, a todos los niveles de gobierno. Hace días, con tono estridente, la alcaldesa de Guayaquil, que por suerte no se parece a Hiroshima luego del ataque nuclear, reclamaba dinero adeudado al Gobierno sin percatarse de que el problema es precisamente que el Estado es insolvente y que, o hay que buscar otras fuentes de financiamiento o regresar a ver a su municipio para reducir gasto. Por ejemplo, los seis millones de dólares adicionales en gasto de personal que nunca explicó. Los municipios y entidades provinciales no rinden cuentas de sus gastos, de su despilfarro como el caso de la prefecta Pabón que tiene un batallón de adláteres en la nómina del Consejo Provincial. Reducir el gasto estatal no sólo es tarea del gobierno central.
En las universidades estatales, lo propio. A pretexto de autonomía usan recursos que reciben del presupuesto fiscal y no se conoce con qué criterio se gasta. De la información publicada en redes sociales se conoce que en muchas universidades, el costo administrativo supera el gasto en docentes y que la relación per capita de gasto por estudiante llega a ser de 3 mil dólares mensuales. Mas alto que estudiar en universidad privada. La acertada decisión del gobierno de reducir los aportes a las universidades fue respondida con la clásica alusión a la obligación del Estado de ofrecer educación gratuita. Las cifras muestran que esa obligación, es extremadamente onerosa para los contribuyentes, regresiva pues beneficia a una pequeña cantidad de ciudadanos. Acordemos que el Estado ofrezca servicio público de educación hasta el nivel medio, pero que algo deba costar a quienes optan por educación superior, mediante mecanismo de diferenciación por ingresos.
En un ya veremos, queda el ajuste de gastos en el sector público. En el sector privado, los trabajadores acuerdan con sus empleadores acomodar horarios y reducir salarios. El flujo de dinero se detuvo: no hay producción, no hay servicios, no hay dinero para pagar salarios. Este acomodo a la realidad, que algunos amargados y extremistas califican de explotación, sirve para mantener vigente el contrato de trabajo. Este esfuerzo privado no tiene su contraparte en la burocracia. Cada empleado estatal se atribuye la calidad de imprescindible e intocable. Muchos blanden demagógicas normas que han creado derechos sin prever los costos sociales y económicos de financiarlos. El derecho a la educación, reclaman rectores bien remunerados y estudiantes privilegiados, para negarse a comprender que no hay dinero y tampoco que servicio gratuito no existe, pues alguien más lo está pagando.
Hace falta una decisión contundente. Una reducción no menor al 25% de los presupuestos de toda entidad estatal, incluídos municipios, consejos provinciales. Hace falta eliminar oficinas creadas por el correísmo en las épocas del despilfarro. No fusionarlas, para que no suceda que solo desaparece el membrete y sigue el mismo gasto. Y hace falta una autoridad dispuesta a negociar, persuadir e imponer a los reacios, si es del caso, para que disminuya la onerosa carga de gasto corriente.
Diego Ordóñez es abogado y político.
En Latinoamérica gobierna la corrupción, presidentes que se llevan el dinero en los bolsillos en la cara de la gente, asambleístas que ganan un sueldazo sin hacer absolutamente nada más que asistir a reuniones y esperar el fin de mes para cobrar ese sueldazo mientras hay familias que con un sueldo básico tienen que cubrir todos los gastos del hogar.
El “presidente” Moreno es un adorno con un título otorgado por los Ecuatorianos, la honestidad no la encontraremos en ningún miembro de éste gobierno.