¿Por qué la Corte Constitucional tiene que dirimir lo que hace el Ministerio de Economía con el presupuesto de las universidades? Por la misma razón que en octubre pasado la Asamblea –que no reformó el numeral 2 del artículo 150 del COIP que sanciona penalmente al aborto por violación–, y el Presidente –que no lo objetó en su veto– pasaron esa papa caliente a la Corte Constitucional: le consultaron si penalizar el aborto por violación es constitucional…
Ese caso perfila perfectamente la abdicación total de las funciones en que han caído los actores políticos. Y la Corte Constitucional lo señaló explícitamente en la respuesta dada el 26 de noviembre a la objeción planteada por el Ejecutivo: “Si el Presidente de la República consideraba que la actual prohibición penal del aborto en casos de violación es inconstitucional, pudo, o bien presentar a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para despenalizarlo, o bien presentar ante esta Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad del numeral 2 del artículo 150 del COIP”. En buen romance, tenía que tomar una posición en vez de lavarse las manos. Una respuesta que, por sus características, calzaba y calza perfectamente a la Asamblea Nacional.
Meter a la Corte Constitucional en estos bailes prueba la deserción de las instituciones. La enorme cobardía de sus titulares y miembros. El déficit conceptual y funcional de la política. Y también la anomia social. Ahora resulta que esos debates que son enteramente políticos, que deben ser asumidos en el marco de un Estado laico y democrático, los tiene que hacer la Corte Constitucional. ¿Cuál es, entonces, la tarea del Ejecutivo, de la Asamblea Nacional, de los partidos políticos, de la sociedad y de sus colectivos, de la academia, de la prensa…?
¿Acaso la Corte Constitucional es un ente deliberante con las instituciones y la sociedad? ¿Acaso tiene que reemplazar a presidentes pusilánimes y políticos miedosos que no osan asumir su papel por pánico existencial a perder votos? ¿Espera el país que nueve jueces se echen al hombro decisiones políticas, éticas, judiciales, sociales y ahora también económicas y presupuestarias? Convertir la ley en mecanismo de dirimencia de los conflictos, en solución a los bloqueos y a las cobardías de la política, es un verdadero peligro institucional. Es la aceptación tácita de que fuera de la Corte Constitucional, las otras instituciones han naufragado. Han abandonado sus funciones. Y para la Corte Constitucional es, por supuesto, una trampa. No es su tarea reemplazar al conjunto del Estado y si admite transformarse en la instancia a donde llegan todos los debates, incluso cómo se reparte la plata del presupuesto, se convertirá, en los hechos, en el nuevo oráculo de Delfos. Al fin y al cabo de Macondo a ese oráculo no hay mucho trecho.
¿Por qué el presupuesto que recibirán este año las universidades tenía que llegar a la Corte Constitucional? Normalmente hay instancias políticas que, apegadas a la ley y conocedoras de las cuentas nacionales, analizan y solventan este tipo de inquietudes. Normalmente es así. Pero aquí la política es el arte de desconocer la realidad y, por ejemplo, convertir a un ministro de Finanzas en un criminal. Esa proeza es de la asambleísta socialcristiana Cristina Reyes.
Normalmente un gobierno, en una crisis tan profunda como la que enfrenta el país, reúne las otras funciones del Estado. Y explica los peligros, sus límites, el bien general, su estrategia y el sentido y alcance de sus políticas. Normalmente es así. Pero aquí el gobierno también se evapora. El Presidente se encierra, el vicepresidente reparte kits y se hace fotos, el secretario del gabinete acompaña al vicepresidente… ¿Alguien pensó que era clave reunirse con otras instituciones, entre ellas la Corte Constitucional, para explicar (no adoctrinar como hacía Correa) y coordinar políticas públicas como manda la Constitución?
No, a este gobierno no se le ocurren esas cosas. Y por eso la Corte Constitucional tiene ahora que decidir lo que debe hacer con el presupuesto de las universidades, cuyo monto está taxativamente señalado en la ley. Si esto no es Macondo, que alguien por favor ponga el despertador.
Foto: archivo 4P.
Banana country… ni Ripley lo creería!
Lo único que literalmente podría SALVAR a este país sería un grupo de personas buenas, honorables, honestas, disciplinadas, generosas, inteligentes, preparadas y llenas de profundo patriotismo que los anime a tomar las riendas para dedicarse EXCLUSIVAMENTE a castigar a todos los corruptos, a recuperar patrimonio y riquezas que nos pertenece y a ORGANIZAR TODO de forma limpia y sin secretos.
Ecuador NO necesita los demagogos que sin falta campaña tras campaña solamente prometen y prometen… YA BASTA!… URGENTEMENTE el país necesita poner la casa en orden!!!
LA LEY ES CLARA RESPECTO A LA ENTREGA DE RECURSOS A LOS DIVERSOS ORGANISMOS
E INSTITUCIONES DEL ESTADO. UNA SOLA VERDAD¡¡¡ ” NO HAY PLATA”, ENTONCES HAY QUE REPARTIR LO POCO QUE QUEDA DE LA MEJOR MANERA POSIBLE Y TODOS ABSOLUTAMENTE TODOS TIENEN QUE AJUSTARSE LOS CINTURONES,CASO CONTRARIO LAS CONSECUENCIAS SON IMPREDECIBLES,
Como el Presidente no hace esto, al menos el maltrecho ministro de finanzas está buscando conversar con las instituciones públicas que no pertenecen al ejecutivo, para que por las buenas le presenten un plan de reducción de su presupuesto entre el 10 al 15%, y al parecer esto estaría dando resultado, es que así es como debe hacerse las cosas
Felicito a usted por el artículo que, descarnadamente, dice la verdad. La política, en su esencia, no puede ser hacer castillos en el aire para que un pueblo, al cual ni siquiera se le ha educado adecuadamente, vote por aquellos que lo único que quieren es tener un ingreso con el menor esfuerzo posible.
HOWARD NEAL GEORGE BUSTAMANTE
Así es , la CC debe velar por el cumplimiento de la Constitución , en todo país que respete las leyes y la institucionalidad ; pero en MACONDO ECUADOR , se piensa está para servir mezquinos y politiqueros intereses . La actual Corte , constituida por jueces probos , de una vez por todas , debe dar una respuesta contundente , apegada a derecho , y definitivamente cerrar el paso a estos timoratos y aventureros de la política
Asi como no se puede pedir peras al olmo.
Que se puede pedir a pusilánimes, ineptos y …….
“señala que Macondo era el nombre de la hacienda Nuestra Señora del Espíritu Santo de Aracataca”
Eso es lo que realmente es el país, una hacienda, manejada por el capataz de turno y sus esbirros.
Lo medular del asunto es que el capataz y sus esbirros son marionetas, creadas por los empresarios, que son los que manejan realmente los hilos invisibles de la política, en especial en el área económica, los empresarios son los mayores cabilderos.
Eso de pobresito mi país, ya es cansón, debemos ser honestos, que tipo de sociedad tenemos y que tipo de sociedad queremos en el futuro.