El estatismo favorece el robo

Despejemos, para el análisis, los detalles escandalosos de los casos de latrocinio, sobreprecios y coimas. La abominación que produce cómo una gavilla de delincuentes se enriquece sin escrúpulos produce un deseo de venganza que se sacia en el escarnio. Lo que es legítimo pero insuficiente pues, a pesar de que algunos caen y son expuestos en sus miserias, muchos permanecen impunes y, lo peor, otros corruptos llegan a espacios de poder y repiten. No cambian porque la predisposición a aprovecharse de otros y no obrar bajo reglas morales son rasgos culturales, porque la ley es redactada para favorecer la corrupción y, fundamentalmente, porque la estructura y gestión para administrar el Estado es propicia para la inmoralidad. La obcecación de la izquierda por sus anacrónicas ideas y los intereses privados corporativos han sostenido en manos del Estado (gobierno central y autónomos) un sistema de contratación y compras y uso de dineros fiscales que ha forjado fortunas espurias, obras públicas innecesarias, servicios estatales paupérrimos y el ansia de los de bolsillos ardientes de sentarse allí, donde hay plata y hay obras que hacer.

¿Por qué municipios y prefecturas compran pruebas rápidas, mascarillas o fundas para cadáveres? Muchos de estos organismos no tienen competencias en área de salud pública. Y muchos encontraron que podían enriquecerse en medio del drama humanos de la pandemia. Pero bajo los supuestos que tienen competencias y están a cargo de funcionarios honrados, ¿qué noción tienen sobre características técnicas, precios y proveedores de lo que están comprando?

En el anacrónico e intervencionista correísmo, a propósito de “consumir lo nuestro” y de fortalecer la industria textil, convocaron a la provisión de una tela para confeccionar uniformes escolares. Los ignorantes burócratas, ideologizados, no conocían que esa tela no se producía en el volumen requerido y menos aún tenían idea de precios. El concurso terminó adjudicado a un proveedor que importó la tela y cotizó a tres veces el precio de mercado.

El presidente Moreno envió un proyecto de ley que recoge la reacción primaria por la repulsa que genera corrupción: penalizar la violación de procedimientos de compra. A otros se les ocurre que la solución es centralizar el sistema de compras. A otros complicar procedimientos para lograr una supuesta transparencia y competencia. De todo se ha intentado: el resultado no se altera. En la contratación pública y en las compras ni existe suficiente miedo a las sanciones ni suficiente transparencia ni eficiencia. La corrupción es la regla. Pero no se debate cuál es el origen de la ineficiencia y de la corrupción. La izquierda venera Estados, que supuestamente velan por el interés colectivo y no de la utilidad. Y empresarios privados a quienes les resulta fácil calentar las manos de burócratas y, de paso, aprovechan el momento para forrar sus cuentas. Allí, donde está el problema estructural, en un Estado que sirve intereses corruptos e intereses corporativo, no se discute ni se propone alternativa.

¿Por qué, el Ministerio de Salud, el Municipio de Quito, la Prefectura del Guayas, por mencionar ejemplos, no tercerizaron el servicio de pruebas rápidas en laboratorios privados? ¿Por qué se meten a hacer compras en un mercado que no conocen? El Municipio de Quito anunció la importación de 100.000 pruebas PCR. Pero no anuncia que no tiene ni directamente ni contratada, la capacidad de procesar esas muestras que corren el riesgo de caducar en pocas semanas. Recién están intentando acordar con laboratorios en universidades el procesamiento de esas pruebas. El anuncio sirve para mostrar un Municipio eficiente; la realidad, sin embargo, confirma que una entidad que no tiene ese expertise, no tiene funcionarios con experiencia en manejo de pruebas, no tiene la capacidad de usar lo adquirido y responder a la urgencia sanitaria para reducir el contagio, debe buscar a un tercero que sepa hacerlo. En todo esto no incluyo sobreprecios o favoritismos remunerados sino exclusivamente que la solución debió ser privatizar la gestión; lo cual habría dado mejores resultados.

Los políticos neófitos que llegan a cargos públicos sin conocimiento de la realidad administrativa, operativa y financiera que van a manejar, o que tienen propósitos de sostener el control de contratación y compras por intereses venales –a lo que se añade una burocracia media que debe justificar su permanencia–, no se plantean siquiera que el sector privado se ocupe de hacer obra pública. La ciudad de Cuenca tiene retrasada desde hace tres años la construcción de su planta de tratamiento de aguas residuales. Habiendo convocado empresas privadas para que la construyan y operen, si no para que la financien, los burócratas desistieron porque, entregada la obra a un operador privado, perdían el control de contratar, comprar y emplear. Entonces ETAPA decide construirla directamente, renunciando a que el financiamiento no sea por deuda. Obtiene un crédito con la CAF. Hace pocos días el Alcalde desistió del préstamo por no exceder sus límites de crédito. Cuenca seguirá más años sin resolver el problema de tratamiento de aguas porque la burocracia media boicoteó una alianza con el sector privado y un Alcalde inexperto que no reconoce el valor de esa alianza que le permitiría construir la Planta y también repavimentar la ciudad.

La izquierda tirapiedras formó un Fondo de Cesantía. Estatistas acérrimos ellos, sin embargo este Fondo lo pusieron a salvo del manejo estatal y lo han mantenido bajo administración privada. Lo que es legítimo pues se trata de recursos previsionales que salen de salarios de personas privadas. Lo ilegítimo es que terminen en manos de políticos y burócratas como sucede con los fondos previsionales en manos del IESS. Correa puso sus garras en ese Fondo y lo estatizó; este gobierno lo revirtió. ¿Por qué la extrema izquierda apuesta a la administración privada de sus fondos de ahorro, sin embargo queman banderas y llantas cuando se propone que los fondos previsionales de todos los asalariados del país, sean administrados por un operador privado? Pregunta que no tiene una respuesta que no descubra la indecencia intelectual.

En una detallada revisión de cómo se emplea en gasto corriente en el presupuesto fiscal, Jaime Carrera en la columna de la semana que termina, expone el elevado gasto que sin mayor análisis muestra su ineficiencia. Entre salud y educación se gasta 4.400 millones de dólares. Qué locura de cifra. ¿Podemos afirmar que la salud y la educación estatales son de calidad, que atienden las necesidades de los más pobres? Sin duda, no se puede afirmar. Más bien al contrario y ahora con la certeza de que muchos de esos recursos se roban miserablemente. ¿Tiene sentido sostener el mismo modelo? ¿No será mejor intentar alternativas como en Chile o en Finlandia que vuelven más eficiente el gasto y socialmente s distributivo?

En el Estado, en cómo está estructurado y cómo se administra, está el origen de la corrupción. Mientras el sistema siga intacto, los corruptos encontrarán la forma de seguir sangrando sus recursos y los ecuatorianos pobres no recibirán los beneficios de dinero que se va por las alcantarillas, que se pierde o termina en bolsillos de las ratas.

Diego Ordóñez es abogado y político.