El escrutinio diario de la economía y el fisco es parte de nuestras responsabilidades ciudadanas, obligación que aumenta su importancia ante la magnitud de la crisis que sufrimos todos y debemos enfrentarla juntos. En el mes de abril se exacerbaron los despiadados impactos de la pandemia en los ámbitos sociales, económicos y de la salud. En las cuentas públicas, el mes de mayo retrata la auténtica nueva normalidad.
Considerando los ingresos efectivos a la caja fiscal, entre enero-mayo de 2020, los ingresos del presupuesto de $6.980 millones, decrecieron 17 % en relación a igual período del año 2019. Los ingresos tributarios se redujeron 18,5 % por ciento. Los recaudos por renta e IVA disminuyeron algo más del 20 %. La notable reducción de las importaciones se refleja en una caída de 37 % en los ingresos arancelarios. Es evidente el impacto de la parálisis económica en la caja pública. El desplome de los precios del petróleo produjo el declive del 57 % en la renta petrolera.
Entre enero-mayo de 2020 los gastos devengados totales fueron $8.879 millones, 2 % más que igual período de 2019. El aumento del gasto se explica en gran medida por cuanto el Ministerio de Finanzas corrigió el registro de los gastos por transferencias al IESS, ISSPOL, ISSFA , GADs, e intereses externos, reflejando las reales obligaciones de gasto aunque no fueren pagadas. Entre los períodos citados, los pagos por sueldos se reducen 3,6 % y por bienes y servicios 20 %. El gasto de inversión presenta una drástica reducción del 40 %.
Como los gastos fueron superiores a los ingresos, el déficit presupuestario en los primeros cinco meses de 2020, fue de $1.899 millones. Para cubrir este déficit y el pago de amortizaciones internas y externas por $2.600 millones, ingresaron créditos externos por $2.100 millones. En mayo el FMI desembolsó $643 millones, el Banco Mundial $500 y la CAF $300 millones. También se emitió deuda interna por $1.230 millones, de los cuales $672 millones sirvieron para pagar los vencimientos de amortizaciones internas. Los registros de deuda pública del Tesoro difieren de los reflejados en los boletines publicados por tal concepto.
Como la estrechez fiscal es aguda, entre enero-mayo se acumularon obligaciones no pagadas (Deuda Flotante, Bola) por $2.389 millones. Por sueldos de la burocracia no se pagaron $306 millones y por bienes y servicios $161 millones. Al IESS por 40 % de las pensiones jubilares se debe $588 millones más lo pendiente de pago en 2019. Al ISSFA no se pagó $71 millones y al ISSPOL $61 millones. A los GADs entre enero-mayo se adeuda $588 millones. También se registran otras deudas por intereses, obras y otros conceptos.
Si bien el relato precedente refleja la relación entre ingresos efectivos y gastos devengados en el período en mención, los ingresos y gastos de caja exclusivamente del mes de mayo, retratan de modo genuino la nueva normalidad de las cuentas públicas. En mayo los ingresos efectivos a la caja pública fueron $1.122 millones (incluyendo la cuenta de importación de derivados CFDD), de los cuales $861 millones correspondieron a tributos. El petróleo solo procuró $10 millones. Los gastos totales a nivel de caja fueron de $1.861 millones. A sueldos se destinó $715 millones, parte no pagado en abril y parte de mayo. Por bienes y servicios se pagaron $161 millones. Al IESS no se pagó y al ISSFA se entregaron $39 millones. Por el Bono de Desarrollo Humano se gastó $82 millones. Los intereses de la deuda consumieron $120 millones, no se pagan los intereses de los bonos basura. A los GADs se entregaron $217 millones. A los jubilados se pagó $17 millones por bonos de jubilación. Apenas $102 millones fue el gasto de inversión. Los egresos para cubrir la importación de derivados (cuenta CFDD) alcanzaron $304 millones.
La diferencia a nivel de caja entre los ingresos de mayo de $1.122 millones y los gastos de mayo de $1.821 millones, arroja un déficit de caja en el mes de mayo de $699 millones. Déficit cubierto con parte de los créditos de multilaterales recibidos en mayo, con los cuales también se cubrió las amortizaciones externas de mayo. Además, cabe señalar que los saldos del Tesoro al 31 de mayo fueron de apenas $291 millones.
En agosto de 2018 se contrató con Goldman Sachs un crédito (repo) de $500 millones, a 4 años plazo y pago trimestral del capital e intereses. Por este crédito se entregó como garantía $1.200 millones de Bonos Soberanos. En octubre de 2018 se contrató un préstamo (repo) con Credit Suisse por $500 millones a 4 años cinco meses y pago semestral de intereses y el capital al vencimiento. Por este crédito se entregó en garantía $1.250 millones en bonos soberanos.
Según las exigencias de tales préstamos, si al aumentar el riesgo país los bonos en garantía pierden valor por debajo de un margen mínimo requerido por los inversionistas, tal pérdida debía compensarse con depósitos en efectivos denominados “Llamadas al Margen”. Entre enero-marzo estos depósitos en el exterior fueron de unos $740 millones, lo cual produjo reducciones en la Reserva Internacional profundizando la iliquidez de la caja pública en tiempos de una crisis sin precedentes. En abril, con esos recursos y un pago adicional, se precancelaron las amortizaciones pendientes del préstamo de Goldman Sachs y los $500 millones de Credit Suisse que debían pagarse en 2023. Es lamentable la falta de transparencia y rigor en la información, así como en el registro de tales operaciones.
Con estos antecedentes, hemos llegado a mayo y es posible imaginar la evolución de la caja pública hasta diciembre. Si se mantuviese la misma estructura de ingresos y gastos de mayo, el déficit mensual de caja podría ser de unos $400 millones (sin considerar la cuenta CFDD), esto es, $2.800 millones hasta fin de año. A este valor agregaríamos unos $600 millones para los pagos de décimo tercer y cuarto sueldos, además, unos $1.900 millones de amortizaciones externas. Se asume roll over de la deuda interna. El total efectivo requerido sería de unos $5.300 millones. En septiembre habrá que pagar $500 millones a Goldman Sachs. El Gobierno ha anunciado el ingreso de unos $2.000 millones de créditos de la China. Faltarían unos $3.300 millones, además, se acumularán importantes atrasos en los pagos. Se desconoce como evolucionará el tratamiento de los CETES por unos $2.500 millones.
Son números que solo pretenden transmitir la realidad fiscal que, de hecho va a variar en el día a día. Sin embargo, evidencian la tendencia y la estrechez fiscal. Es posible que el vendaval fiscal haya tenido su máxima expresión en mayo. En el futuro, la lenta recuperación de la economía puede ayudar a la tenue convalecencia de las cuentas públicas, sin embargo, el camino por recorrer es complejo. Habrá que encontrar los espacios para pagar en efectivo el 40 % de pensiones. Mantener un alto nivel de atrasos en los pagos es inevitable. El reperfilamiento de los bonos basura deberá transmitir certezas en la sostenibilidad fiscal y de la deuda. La concreción de un nuevo acuerdo con el FMI deberá ayudar a cubrir las citadas necesidades de caja hasta fin de año. Todas estas y otras acciones podrían contribuir a reducir el riesgo país de modo importante hasta fin de año.
Hay un arduo trabajo por delante para superar las carencias fiscales y, sobre todo, para encontrar la imperativa gobernabilidad entre los sectores económicos, políticos y sociales, llamados a asumir como propias estas realidades en un ambiente electoral signado secularmente por la irracionalidad. Es nuestra convicción que saldremos adelante, pues, no caben otras opciones.
Claro está que de ninguna manera se podrá pagar a Goldman o Crédit Suisse, para nada necesitaran la plata de los ecuatorianos en plenas crisis y si se lo hace, van a arder las calles del país!