En los últimos 40 años, el vicioso círculo de endeudamiento público, no pago de las deudas y renegociaciones, ha pintado de negro la historia del Ecuador. Hoy, la tragedia del coronavirus, al tiempo que ha profundizado las debilidades económicas y fiscales ya latentes antes de la pandemia, obliga a reeditar el tortuoso camino de la reestructura o reperfilamiento de la deuda externa con acreedores privados, los célebres “Bonos Basura”.
En el boom petrolero de los años 70s el país hizo crecer su deuda externa de modo desproporcionado. Entre los años 80-82 , el aumento de las tasas de interés de los créditos externos contratados, la reducción de los precios del petróleo, el aumento del gasto público, el conflicto militar y otros factores debilitaron la capacidad de pago del país. En agosto de 1982 México anunció la suspensión del pago de su deuda externa, de inmediato también lo hizo Ecuador. En 1983 se renegociaron los pagos del capital vencidos entre noviembre de 1982 y diciembre de 1983, a fin de pagarlos en 7 años con 2 de gracia. De los montos restantes, un 10 % debía pagarse 1984 y el 90 % en 1985. Como el sector privado, igual que el sector público, no podía pagar su deuda externa, se sucretizó y pasó a ser parte de la deuda pública externa, al tiempo que el sector privado debía pagar al Banco Central las deudas sucretizadas.
Debido a las dificultades para pagar la deuda externa, en 1985 se la renegoció al amparo del Plan Baker, a fin de pagarla en un plazo de 12 años con 4 de gracia y una tasa de interés menor. Se afirmó entonces, que se había logrado la mejor negociación del mundo, por tanto, la deuda externa pasaba a ser preocupación de los historiadores. Bajo el mismo esquema, en 1986 el Banco Central refinanció la deuda externa privada sucretizada.
En 1987, a raíz de la reducción de los precios del petróleo y la paralización de las exportaciones por la rotura del oleoducto, el Ecuador dejó de pagar las amortizaciones e intereses de la deuda externa con la banca internacional. Los intentos por renegociar esta deuda y la del Club de París fracasaron, a la par que se incumplía el acuerdo Stand-By con el FMI.
En 1989, ante la imposibilidad de la mayoría de países latinoamericanos de pagar la deuda externa, el Secretario de Estado de EE UU Nicholas Brady lanzó una propuesta para aliviar el peso de la misma. El país mantuvo la moratoria de la deuda externa entre 1988-1992, a la que se sumó el no pago del capital e intereses del período anterior. En este período no se acogió el Plan Brady debido al incumplimiento del acuerdo Stand-By suscrito con el FMI.
En 1994 se acordó la reestructuración de la deuda externa por $7.600 millones, $4.500 millones de capital, $2.300 millones de intereses y $825 millones de intereses en mora. El capital adeudado se transformó en “Bonos de Descuento” a 30 años, un solo pago al vencimiento con el 45 % de descuento, tasa de interés Libor a seis meses más 0,8 %. Los intereses pendientes se convirtieron en “Bonos a la Par” a 30 años, sin años de gracia y sin descuentos, con una tasa de interés del 3 % que se incrementaba al 5 % en el 10mo año. Estos bonos tenían la garantía del Departamento del Tesoro de EE UU, mediante títulos cupón cero a 30 años plazo. Una parte de los intereses en mora se canjearon por “Bonos PDI” a 20 años con 10 de gracia e interés similar a los “Bonos de Descuento”. Otra parte se canjeó por “Bonos IE” a 10 años plazo sin período de gracia y una tasa similar a la anterior. Esta renegociación permitió un ahorro del 24 % de la deuda, al tiempo que se extendieron los plazos y períodos de gracia y se reducían las tasas de interés. La renegociación entró en vigencia en 1995.
El conflicto con el Perú en 1995, las inundaciones por el Niño, la caída de los precios del petróleo; las crisis mexicana, asiática y rusa; el incremento de la deuda interna y el mal desempeño económico, condujeron en 1999 a no pagar los intereses de los bonos Brady. Hubo demandas de los acreedores para acelerar los pagos, con lo cual el país fue declarado en mora de su deuda por $5.900 millones. También se resolvió no pagar $500 millones de eurobonos.
En el año 2000, los bonos Brady y eurobonos se renegociaron y cambiaron por los bonos globales 2030 y 2012. Los bonos 2030 por $2.700 millones fueron a 30 años plazo con un interés inicial del 4 % y aumentos progresivos hasta el 10 % en el año 2006, tasa a mantenerse hasta su cancelación en 2030. Los bonos 2012 por $1.250 millones fueron a 12 años plazo con un interés del 12 %. El Ecuador se obligaba a recomprar los bonos luego de algunos años. Producto de esta renegociación la deuda se redujo el 39 %, de $6.461 millones a $3.950 millones.
En 2008, en el clímax del boom petrolero el Ecuador decidió no pagar los intereses de los bonos 2012 y 2030. En mayo de 2009, el gobierno fijó el precio de cada bono en 35 ctvos. y efectuó la recompra del 91 % de los mismos con descuentos entre 65-70 %. Luego de la recompra el saldo de los bonos 2012 se redujo a $104 millones y de los bonos 2030 disminuyó a $167 millones. En consecuencia, el stock de la deuda se redujo en $3.639 millones. Casi de inmediato el gobierno comenzó a contratar préstamos de la China y prevender el petróleo. A partir de 2014 se inicia la emisión de bonos basura con altas tasas de interés que hoy no se pueden pagar.
Ha sido una constante de los últimos 40 años el incumplimiento de los acuerdos con el FMI, la poca certeza de las proyecciones económicas y fiscales y la incapacidad para sostener una economía sana y cuentas públicas ordenadas. En el vigente proceso de reperfilamiento de los bonos basura no se deben olvidar las lecciones del pasado y ubicarlo en la real dimensión de la destrucción económica presente y de los inmensos costos y tiempos para su recuperación.
Es posible que en 2020 la economía decrezca al menos el 10 %, arrastrando el PIB por habitante hacia el año 2011, un retroceso de casi 10 años. Vendaval que destruye empresas y aumenta el ejército de desempleados, subempleados e informales. En consecuencia, casi cinco millones de personas pueden alcanzar la ingrata categoría de pobres. Revertir esta dolorosa realidad va a requerir varios años de notables esfuerzos y sacrificios de toda la sociedad. Si la economía en los próximos 10 años crece a un promedio del 2 % anual, apenas se lograría alcanzar el PIB por habitante de 2019.
En el contexto de las citadas y otras consideraciones, una opción puede ser ampliar los plazos en al menos 20 años el vencimiento de cada bono basura (el último vence en 2030), reducir el monto del capital en 50 % en promedio, pagar tasas de interés no mayores al 3 % anual en promedio y que representen un gasto anual de no más del 0,3 % del PIB. Por los intereses que no se pueden pagar en 2020 y 2021 se puede emitir bonos a 10 años con cupón cero y pagos anuales. Este esquema reducirá el stock de la deuda externa y la relación deuda/PIB, con la posibilidad de mediante superávit fiscal en el futuro comprar deuda y liberarse del dogal del endeudamiento público. Hay quienes creen que una propuesta de esta índole alarma a los bonistas y a los mercados.
Otra opción puede ser utilizar el famoso valor presente de la deuda y la curva de rendimiento, lenguaje en chino para la mayoría de mortales. De este modo, casi no habrá reducciones del capital, sin plazos más largos y menores tasas de interés. El país estará condenado por décadas al infinito juego de los bonistas y los mercados. Hay tecnócratas sacramentalmente fieles a estos conceptos, atornillados al “así se hace”, enclaustrados siempre tras bastidores con sus inmutables teorías alejadas del mundo real.
En los últimos 40 años el país transitó por las dos opciones y está en la actual lacerante realidad. Recordemos que el presente gobierno emitió más de $10.000 millones en bonos basura, desde esferas oficiales y privadas se pontificó la “confianza en el país” y el acceso a los mercados. Los bonistas no tienen memoria y cuando arriesgan capitales por altas rentabilidades conocen las consecuencias. Tan solo en septiembre de 2019 el país emitió $2.000 millones en bonos basura, hoy no pueden pagarse los intereses y su capital tiene que sufrir. La pandemia reta los viejos paradigmas y la salvación del Ecuador está por encima de cualquier consideración e interés.
La devastación económica, fiscal y social del Ecuador es de magnitudes que no tienen precedentes. La situación del Ecuador es única y particular. El reperfilamiento de los bonos basura debe reflejar con rigor esta realidad y ser compatible con los extremos sacrificios que durante varios años deberá soportar la sociedad ecuatoriana para aumentar los ingresos fiscales, reducir los gastos, disminuir el déficit, atraer inversiones, exportar más y hacer crecer la economía.
Cabe siempre tener presente que la sostenibilidad de la deuda pública, además de una sana economía y cuentas fiscales sólidas, exige un entorno de gobernabilidad producto de la reducción de la pobreza y generación de empleos. Un reperfilamiento sin atender las reflexiones arriba citadas, será un llamado a nuevos no pagos de la deuda y a la eterna inestabilidad económica, fiscal y social. Será irresponsable reperfilar la deuda solo para sobrevivir hasta el cambio de gobierno.
Jaime Carrera es economista.
En el pais todos “exigen”, como he dicho en algun comentario anterior. La exigencia llega al nivel de que muchos salen a protestar por sus “derechos”, y les vale madre de donde salga el dinero. El gobierno de turno pide plata para a) satisfacer a los que exigen y b) satisfacer los compromisos con los compadres de la corrupcion. El circulo se cierra cuando las protestas ahora son para que NO se paguen las deudas, porque son ilegitimas, antisoberanas, o porque el FMI dijo que el dinero debe ser utilizado para propositos especificos.
Ahora seguimos protestando por “nuestros derechos constitucionales”. Basura de constitucion que no dice de donde va a salir la plata para tanta exigencia. Que se puede esperar de los politicos de este pais? Son un cafre y, por naturaleza, son corruptos.
Lo de “siempre” es que la prioridad es “resolver” el problema fiscal. Rescatar al gobierno significa continuar con un Estado obeso, corrupto e ineficaz. La lucha efectiva contra la corrupción tiene dos formas: 1) a lo Singapur, que significa prisión por vida o pena capital o 2) cortar de raíz el cordón umbilical del gasto público. ¿Para qué sirven los ministerios? Para repartir el dinero de los que pagan impuestos; claro que lo justifican por los “objetivos” que los sustentan. Pero esto es un espejismo. El ministerio de agricultura no fomenta la agricultura, el de energía no fomenta la electricidad, el de inclusión social no fomenta… etc.,etc. No fomentan ni producen nada. Son antros de corrupción que malgastan, despilfarran, roban. Si se los elimina no hay razón para endeudarse. ¿Podría ser suficiente tener solo el ministerio de gobierno, el ministerio de defensa, el ministerio de relaciones exteriores, el ministerio de educación y el ministerio de salud? ¡Por supuesto que si! ¿Cuándo aprenderemos?
Desde cuándo “fomentar” o “producir” sean tareas de ministerios? Deben administar y gestionar, sabe de qué se trata en lo público, o sea sin parcialidad?