León Roldós es abogado y fue vicepresidente del Ecuador. ¿Cómo evalúa la contratación pública en régimen de excepción que ha sido utilizada en esta pandemia para contratos abusivos y corruptos? ¿Qué piensa de la participación de Fuerzas Armadas en esos contratos? ¿Hay que acabar con esa figura en la ley? 4P. charló con él.
La ley de contratación pública establece que cuando se contrata en régimen especial con una empresa pública no es necesario hacer concurso o licitación. ¿Las empresas que pertenecen a las FFAA, por ser públicas, no se han convertido en el recurso que usa el Municipio de Quito para abusar del régimen especial?
Hay dos segmentos a los cuales hay que referirse. Uno es el de la contratación especial que no es solo para empresas públicas sino que tiene varios referentes o supuestos. Contrataciones especiales que no requieren un proceso de concurso de licitación o convocatoria múltiple. Simplemente es a dedo o mediante lista corta. Bajo las dos modalidades se han hecho barbaridades no solo por las empresas públicas.
En ese régimen hay uno que es el punto que usted está tratando en que están las empresas públicas de por medio. Sea una entidad, sea una empresa pública pero que el 50% es del Estado. Ahí sí es directo. A dedo, dedo.
¿Cuál es el problema? Que no solo aquí, en lo de Quito sino en otros escenarios, se ha creado esta forma indirecta de llevarse el negocio. La empresa pública es buena para la foto en la cual aparece el señor tal, el general o almirante u otra empresa pública cualquiera. Pero como no es cierto lo que se dice, que hay capacidad de ejecución del contrato, una vez que tienen el contrato entran a subcontratar o entran a asociarse, con lo cual cualquiera con antifaz termina siendo socio o subcontratista de la empresa pública. La norma legal tiene algunos rigores, pero usualmente no se respeta.
El otro tema es el los estados de excepción en que, de acuerdo con la ley, el único responsable es el superior. Normalmente la ley, creo que mañosamente hecha, dice que la autoridad puede delegar a alguien en su competencia para contratar. Pero en el caso de excepción eso no existe. Estamos hablando de contratación especiales y contratación en régimen de excepción.
La figura de contratación en régimen de excepción se ha utilizado en esta pandemia para contratos que son dudosos o abiertamente corruptos. ¿No es precisamente esta la oportunidad para revisar esa figura de contratación?
Así es. Creo que Contraloría debería decir en qué casos entidades o empresas públicas cualquiera que sea –aquí estamos hablando de FF AA en Quito-, ha subcontratado o se han asociado, porque ahí el negocio es del asociado o del que ha subcontratado. Las empresas públicas prestan la cara para la foto. Pero el otro entra con antifaz a manejar el negocio. Ahí está la diferencia.
¿Habría que terminar con esa figura en la ley?
Habría que ser bien claro. Que La capacidad de ejecución es de la propia empresa que contrata y si no la tiene, no la tiene. Puede ser que se asocie con alguien, pero tiene que hacerlo de entrada. Lo que no puede es llevarse el contrato y luego asociarse o subcontratar. No debe ser así.
¿Las empresas militares no están siendo utilizadas para contratos que son, por lo menos, abusivos?
Creo que siempre fueron procesos mañosos y con eso no me refiero necesariamente que entraron a robar, sino que, no teniendo capacidad económica, viene alguien y le dice a la empresa pública que contrate y que luego él ejecuta el contrato. Hay un diferencial, puede ser que no vaya al bolsillo de nadie, pero es una manera de llevarse a dedo un contrato. Ese es el problema.
Con estos contratos se evidencia que las empresas militares no son lo que la gente cree: eficientes y solventes para ejecutar los contratos. Aquí aparecen como intermediarias sin capacidad de ejecución.
Puede ser que nada vaya al bolsillo privado de nadie. Pero es la manera de alguien llevarse un contrato importante.
¿En estos casos, quién audita esas empresas?
Sí sería bueno auditarlas. Pero primero yo desarmaría esta posibilidad: todos los que están en la foto tienen que hacer el contrato. Nadie puede entrar con antifaz a ejecutar un contrato. Después de eso, vendría la auditoría.
Uno de los objetivos de Correa en el año 2007 fue tumbarse lo que antes había: el pronunciamiento previo de la Contraloría y la Procuraduría antes de la firma del contrato, no tanto para los sujetos contractuales sino para el proceso que iba a seguir. Correa le cayó a hachazos. ¿Y a qué llegó? A que la Contraloría, en los temas de contratación especial, sea hoy una sala de velaciones siempre y cuando el muerto apeste. Si el muerto no apesta, pasa de agache. Tiene que apestar el muerto, para que la Contraloría actúe.
De parte de los militares nadie ha salido a explicar su actuación en estos contratos. Tampoco el Ministerio de Defensa lo ha hecho. ¿Le parece lógico?
No. En el interior del Ministerio de Defensa a veces ha habido contradicciones fuertes. Las hubo en el caso de la draga del río Guayas. Fueron, yo diría, sorprendidos. Les anunciaron que estaban comprando una draga que iban a ver en Holanda. Nunca hubo una draga y el que supuestamente vendía la draga tenía antecedentes complicados en el país. Luego iban a rentar una draga y anunciaron que estaban entregando un anticipo muy elevado al supuesto contratista… Cuando Se les respondió que no podía haber ningún pago anticipado, no pasó nada. Ahí sí me consta que el mando naval y el ministro de Defensa intervinieron. Ahí siempre la duda es: intervienen solamente para cercar el problema o realmente intervienen, como debería ser, para investigar todo.
Se está volviendo al esquema de empresas militares que intervienen en negocios que son de empresas privadas. ¿Es rol de los militares estar en esos negocios?
No, no deberían estar en eso porque, además, no tienen capacidad para hacerlo.
¿Por capacidad o porque no hace parte del rol que les atribuye la Constitución?
Podrían apoyar de alguna manera, por ejemplo el Cuerpo de Ingenieros a obras públicas, pero apoyar. No son contratistas de obras públicas. Peor todavía subcontratar. ¿Qué significa asfaltar la ciudad de Quito como una preparación militar? Si me dicen abrir una carretera en el Oriente, en la línea de frontera, sí es importante. Pero asfaltar Quito no significa nada. Ese es un vulgar contrato de obras. El principio zapatero a tus zapatos es fundamental. Las empresas militares y públicas en general no pueden ser solamente para la fotografía mientras otros con antifaz hacen los negocios en el Ecuador.
Esa figura se presta para que en este momento se hagan contratos que si no son ilegales…
En el fondo esa figura ilegal porque se presta para el abuso. La norma no está hecha para la lectura literal. Está vinculada con la ley y pongámoslo así: no es legítima. Puede, entre comillas, ser un disfraz legal, pero no es legítimo. Y la ley tiene que ser legítima.
Foto: El Telégrafo
Esta entrevista se publicó ayer, 21 de junio, en el boletín dominical de 4P. Si desea recibirlo, suscríbase por favor gratuitamente aquí: GPS4P.
