4P charló con la concejal Luz Elena Coloma, sobre la polémica que existe alrededor de las pruebas para el covd-19 que importó el Municipio de Quito y lo que significaría que se confirme lo que otros dos exámenes han dicho sobre dichas pruebas: que tienen poca sensibilidad y que pudo haber una lectura equivocada de la verdadera situación de la pandemina en la ciudad. Coloma ha sido periodista y fue gerente de la Empresa Pública Municipal Quito Turismo desde el 2012 hasta enero de 2016.
Hay dos informes sobre las pruebas para el covid-19 compradas por el Municipio de Quito, uno hecho en México y otro en la UDLA. Ambos apuntan a que su sensibilidad es baja y deja un gran porcentaje de falsos negativos. Ahora se espera un tercer informe de Synlab para confirmar o no esos resultados. ¿Si ese examen fuese consistente con el de México y el de la UDLA qué debe hacer el Municipio?
Para hablar de posibles garantías del contrato de compra de esas pruebas hay que observar sus especificaciones técnicas. Deben o debieron establecer qué tipos de pruebas quería el Municipio y qué pidió a los oferentes. El problema es que el contrato no es muy específico. Todas las especificaciones que se dice que se esperaban se resumen en seis puntos que me parecen son muy generales. Sin embargo, entre esas condiciones se pedía una especificidad del 99 al 100% y una sensibilidad del 99 al 100%. Según lo que dice la UDLA existe una sensibilidad de apenas el 60%. Entonces, en caso de que el informe de Synlab confirmara eso, habría una clara violación o incumplimiento a una de las condiciones técnicas del contrato. El peligro aquí es que el contratista diga que las pruebas sí son sensibles pero con más de 500 copias del virus; cosa que no se menciona en el contrato. A mí me parece que se entiende, o que se debe entender que si se corren 100 pruebas, 99 de ellas tienen que ser sensibles a los casos positivos.
¿Fue un error no haber sido más precisos en las bases para hacer la compra?
Si bien el Ministerio de Salud no emitió los parámetros que el Estado requiere para la compra de este tipo de pruebas, sí realizó procesos de compra con más condiciones técnicas que las que puso el Municipio. El Ministerio lo hizo en la compra de las pruebas Roche, el 28 de marzo; diez días antes de que la Secretaría de Salud del Municipio emita sus especificaciones técnicas para comprar las pruebas. Y en el proceso de compra del Ministerio de Salud, SALUMED (el mismo contratista que le vendió las pruebas al Municipio) ofreció 100 mil pruebas pero la compra no se hizo porque no se cumplieron las condiciones técnicas. Según la ficha técnica planteada por el Ministerio, se pedía que midan al menos tres genes y estas pruebas sólo medían dos. Es decir que, para cuando el Municipio compró las pruebas, habían unas especificaciones técnicas que, por lo que se ve, no se tomaron en cuenta cuando el Municipio elaboró las suyas.
Aquí el peligro es que las pruebas que compró el Municipio provocan una lectura alta de falsos negativos.
Así es, del 40%. En el informe de la UDLA se dice que hay un 60% de sensibilidad. Eso quiere decir que a un 40%, si son positivas, les estás diciendo que son negativas. De cada 10 que sí tiene covid-19, hay cuatro que están caminando tranquilamente por la calle porque se les dijo, equivocadamente, que no tenían el virus.
¿Entonces esas pruebas no sirven para cumplir con el objetivo del cerco epidemiológico?
Entiendo que no. Según los especialistas y científicos con los que he hablado, estas pruebas no son las apropiadas para eso. Sobre todo en una situación de transmisión baja, como era la de Quito cuando se compraron las pruebas. En una situación de transmisión baja hay mucho más posibilidades de aislar con éxito al que está positivo, pero si se están escapando cuatro de diez se está permitiendo que el virus se siga amplificando.
Si esto se prueba con el tercer estudio, es mejor no seguir usando esas pruebas y pedir al proveedor que las reponga por otras. ¿Eso es posible?
Me parece que tal y como estoy viendo el contrato, se deben ejecutar las garantías o exigir la reposición del producto. Eso a ojo de buen cubero. El problema está en que para ejecutar las garantías se tiene que probar que el contratista incumplió el contrato y eso tomará un tiempo. También hay que decir que la Fiscalía y la Contraloría están investigando todo lo que concierne al contrato.
Independientemente de eso está lo que dijo el Alcalde de las pruebas compradas, las mejores del mundo…
A mí me perturba el desenlace de esto en relación a las expectativas que había cuando se compraron las pruebas. El Secretario de Salud, que ahora está prófugo, había sembrado altas expectativas que incluso destaqué en el Concejo. La idea que se manejó es que con ese número de pruebas, Quito iba a estar entre las ciudades con mayor cantidad de pruebas por número de habitantes y que así se iba a poder tener un control epidemiológico eficiente. Eso es, precisamente, lo que no se está logrando ahora. Sin duda es plausible que una ciudad compre 100 mil pruebas para tener un mejor control epidemiológico, pero es frustrante que casi tres meses después apenas se hayan corrido 11 mil pruebas y además que los epidemiólogos del Municipio no tengan claridad sobre cuál es el perfil de la epidemia.
Este es el costo sanitario de los problemas en el proceso pero ¿económicamente cuánto cuesta esto a la ciudad?
Cuatro millones de dólares costó este chiste, sin contar con los llamados consumibles y otros insumos que se necesitan para correr estas pruebas y que necesitaba la Universidad Central.
¿Cuál debe ser entonces el plan de contingencia en el caso de que nuevo informe confirme los resultados de la UDLA?
Se debería poder comprar unas pruebas que sí sirvan lo antes posible. Habría también que devolver estas pruebas que no tienen ni la especificidad ni la sensibilidad que se había pedido. Habría que ver si es posible, porque lo importante es no perder ese dinero, usar esas pruebas para confirmar a personas con alta carga viral, quizá en hospitales. Quedan casi 90 mil sin ser usadas.
¿Cómo queda el alcalde Jorge Yunda con todo esto?
Es claro que su gestión para administrar esta crisis queda gravemente lesionada. Su bandera de lucha era poder mantener la ciudad en movimiento gracias al control y cerco epidemiológico y eso era lo correcto. Con esto se produce un golpe a la credibilidad de esa gestión. Una gestión que fue mal y pobremente ejecutada desde un inicio. La acertada decisión de comprar pruebas y que fue muy promocionada y provocó la felicitación de amplios sectores, fue muy mal gestionada. No se tenía listo cómo procesar esas pruebas de manera eficiente y rápida y no había un presupuesto para comprar los consumibles que se necesitaban para procesarlas. Además, está por verse que se hayan comprado las buenas pruebas.
Ante esto ¿qué puede y debe hacer el Concejo Metropolitano? ¿Qué responsabilidades se le deben atribuir al Alcalde?
Para comenzar hay que encontrar una vía administrativa para resarcir estos fondos públicos que se han gastado, ya sea mediante las garantías o la devolución del producto. No se puede perder 4 millones de dólares. El Concejo no tiene capacidad administrativa para decir que se haga tal o cual cosa, pero sí para exigir cuentas y decisiones al Alcalde.
Esta entrevista se publicó ayer, 5 de julio, en el boletín dominical de 4P. Si desea recibirlo, suscríbase por favor gratuitamente aquí: GPS4P.
Foto: Archivo personal.
Ay maistro Juanito número dos, se te electrocutaron las “frecuencias”
Yunda no solo debe aclarar lo de las pruebas! Los quiteños queremos que aclare todos los contratos triangúlados con sus amigos y familiares!!! Basta de seguir engañando al pueblo!