El 14 de julio el alcalde de Quito convocó una rueda de prensa como parte de su campaña para paliar los efectos del escándalo causado por las cien mil pruebas chimbas que compró. Y en ella dijo, torciendo el cuello a la realidad, que sus pruebas sí eran buenas y que, no obstante, devolverían un lote al proveedor y lo multarían. No comunicó la noticia más importante que su administración fabricó: el día anterior, el 13 de julio, la Secretaría de Salud había acordado la terminación del contrato con Salumed. Un detalle sin duda que no valía comunicar a los quiteños. Y no lo dio a conocer por una razón: el Municipio no declaró la terminación unilateral del contrato -como se imponía- sino que negoció un acuerdo mutuo. Esa información está contenida en el informe legal (SS-CJ-2020-0026) firmado por Marco Rubio, coordinador jurídico de la Secretaría Metropolitana de Salud, que es guardado celosamente en la Alcaldía. No lo conocen ni los concejales.
El Informe sobre la terminación de Contrato con Salumed.
Este documento, de 24 páginas, es una pieza impresionante de contradicciones, sofismas, mentiras y coartadas. Y es la prueba palmaria de que los abogados del municipio, en vez de defender los recursos públicos, abogan por los intereses del proveedor. Su defensa se ilustra a lo largo del documento y se resume en una frase: “(…) de los respaldos documentales que constan en el proceso, no existen hechos imputables al proveedor que justifiquen un incumplimiento contractual por parte de Salumed S.A.”.
¿No hay hechos imputables al proveedor? El mismo documento dice, textualmente, al inicio de la página 20: “la primera entrega de los equipos se produce el 19 de mayo de 2020. Es decir, 21 días después del plazo contractual”. Y en el párrafo siguiente: “A partir del 19 de mayo, y dado que Salumed ha entregado un tercio de los equipos acordados (…)”. Y colige que la entrega tardía de equipos afectó la capacidad operativa para el procesamiento de pruebas. La lista de incuplimientos del proveedor, señalados por la Alcaldía, es generosa. Y sin embargo, no declaró la terminación unilateral con Salumed. ¿Por qué? En el informe se lee que no se puede hacer por ley. E invoca la transitoria novena de la Ley de Apoyo Humanitario que prohíbe terminar de forma unilateral los contratos durante 12 meses… Yunda y sus abogados sirven allí una rueda de molino imposible de avalar. Esa ley fue publicada en el Registro Oficial el 22 de junio pasado y no aplica para un contrato firmado en abril. El código civil, artículo 7, dice taxativamente que la ley dispone para el futuro y no tiene efecto retroactivo.
El cinismo de Yunda y su equipo se extiende a las razones por las cuales terminan por mutuo acuerdo el contrato: “en virtud de circunstancias técnicas y económicas imprevistas”. Factores imprevisibles y “ajenos a la voluntad de los contratantes”. Aquí desaparece el objeto del contrato. Sus cláusulas y plazos. La fecha de caducidad de las pruebas. Su precio. Su efectividad… ¿Y qué aparece? La velocidad de propagación del virus. La necesidad de mejorar el diagnóstico precoz. De aumentar el número de test que determinen el virus en personas sintomáticas y asintomáticas. La cantidad de pruebas que Quito necesita procesar. Los recursos que requiere para contratar más laboratorios…
Una verdadera colección de sofismas que nada tiene que ver con el objeto del contrato y que cumple dos objetivos: liquidar en una frase mentirosa las dudas que nunca absolvió sobre la validez de las pruebas (“a pesar de la eficacia demostrada de las pruebas adquiridas…”). Y anunciar “el nuevo objeto contractual” en virtud del acuerdo con el proveedor: 88.500 nuevas pruebas y 174 000 dólares de multa. Un anuncio que es otra ilegalidad. Porque cambiar un objeto contractual, cuando se trata de la adquisición de bienes, está expresamente prohibido por la ley. Y Yunda no puede modificar ni cambiar el contrato con el mismo proveedor. El “nuevo objeto contractual” que anunció como un canje, debe ser sometido, según la Ley de Contratación Pública, a un nuevo proceso de licitación.
Yunda maneja la Alcaldía con un cinismo alucinante. No ha mostrado el informe técnico y económico del contrato. Ahora dice, en este informe, que el Municipio ahorrará 600 mil dólares. ¿Mediante qué sumas y restas llega a ese monto? ¿Cuánto pierde Quito en este malhadado asunto en el cual gastó más de 4 millones de dólares? ¿Si devuelve 50 mil pruebas, significa que 50 mil sí cumplieron con el contrato?
Este informe busca formalizar irregularidades evidentes en contratación pública. Y exculpar, en forma sospechosa, al proveedor. Se ve -además de lo señalado- cuando la Alcaldía afirma que como se firmaron actas de recepción, el Municipio causó actos jurídicos. Según un experto consultado por 4P, los insumos médicos están sujetos a validación. Para eso existe el control post registro. El Municipio hace al revés: endosa responsabilidades y viola la ley para salvar a Salumed. En ese ejercicio, Yunda multiplica las coartadas como si la Capital pudiera manejarse como tienda de barrio. Y de seguro, volverá a decir que este informe no es suyo sino del coordinador jurídico de la Secretaría Metropolitana de Salud. El Alcalde debería leer el artículo 71 del Código Orgánico Administrativo, que dice: “las funciones delegadas se consideran adoptadas por el delegante”…
Foto: El Universo.
La Contraloría de oficio debe actuar para se aclare todo este enredo que no solo es de dinero público, sino también se está jugando con la salud del pueblo y no se puede esconder cosas que según este análisis son por demás claras y que deben ser verificadas ante la Ley y si existe dolo esta gente debe ir a prisión por crimen de estado ya que hay muchas personas que han fallecido por negligencia en el uso de las pruebas al no dar resultados claros para el tratamiento oportuno de los enfermos, lo que no se puede entre gallos y medianoche invalidar contratos sin explicación clara y aplicación correcta de la Ley