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Es oficial: el contrato de Yunda con Salumed fue chueco

en Conexiones4P/Elenfoque por

Otro documento chueco firmó el Municipio de Quito, este 13 de julio; uno más en el escándalo de pruebas chimbas para la detección del coronavirus compradas por Jorge Yunda. Con el contratista Salumed, legalizaron, en un acta, la terminación por mutuo acuerdo el contrato de cien mil pruebas y, en la misma acta, suscriben uno nuevo, torciendo el cuello a disposiciones legales previstas en la contratación pública.

Acta de terminación del contrato con Salumed por mutuo acuerdo

El acta, de 7 páginas, y tres ejemplares, está firmada por Alejandro Vinelli, representante legal de Salumed, y Ximena Guadalupe Abarca, secretaria de Salud del Municipio, como delegada del alcalde. No lo dice en esa forma, pero se deduce por las resoluciones de adjudicación a las cuales se hace referencia.

El acta consagra los términos del informe legal, firmado por Marco Rubio Valverde y que 4P. publicó el 24 de julio pasado. Las causas invocadas para la terminación del contrato por acuerdo mutuo, no solo muestran que el proveedor no cumplió los compromisos firmados sino que sirven para demostrar que, en vez de haber concluido ese contrato por acuerdo mutuo, el Municipio debió haberlo hecho en forma unilateral y debió haber ejecutado las garantías al proveedor. Se evoca el artículo 93 de la Ley de Contratación Pública, “cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses de las partes ejecutar, total o parcialmente el contrato (…)”, y no se cita un solo imprevisto que concierna las bases del contrato; es decir, no se soportan los inconvenientes que usa el Municipio para proteger, en la realidad, los intereses de Salumed. Las causas citadas por la Alcaldía de Yunda para poner fin al contrato por mutuo acuerdo no se ajustan a presupuestos de hecho, como dicen los abogados, ni de derecho.

La liquidación económica debe ser un capítulo que interese a la Contraloría, cuando examine las sumas y restas que hizo el Municipio con un proveedor con el cual suscribió un contrato chueco. Allí se incluye la reforma, mediante un acto de prestidigitación, que hizo del objeto del contrato, especificaciones y cláusulas: de cien mil pruebas pasa a 88 500 pero el monto del contrato liquidado es de 3.779.300 dólares; 5.300 dólares más que el contrato inicial. Se ratifica que el proveedor recibió el 70%. Y que al saldo le aplicarán una multa de $ 174,268. Lo más curioso: en el documento se lee que, una vez firmada el acta de terminación –s decir, desde ese 13 de julio–, el Municipio devolverá al contratista las garantías otorgadas de fiel cumplimiento y del anticipo. De esa manera, dejó sin garantías el objeto del nuevo contrato armado, ilegalmente, sobre el esqueleto del anterior. Salumed, en virtud de ese acuerdo, debía reemplazar 50 mil pruebas en los 12 días que seguían tras la firma del acta de terminación que, paradójica e ilegalmente, produjo nuevas obligaciones para las partes.

¿Recibió el Municipio esas pruebas, cuyas especificaciones no detalla, el pasado 25 de julio? ¿Qué garantías tuvo (o tiene) hasta recibir esas pruebas y expresar su plena satisfacción en un acta-recepción? Es posible que ni siquiera cuente con el saldo a favor del proveedor, registrado en el acta de terminación, por 558.306 dólares, porque debía ser cancelado diez días después de esa firma. ¿Cómo el Municipio puede modificar contratos y no proteger los recursos, pues todo contrato público requiere garantías?

El hecho cierto es que Yunda y Ximena Guadalupe Abarca, secretaria de Salud, se vuelven a poner en la lupa de la Contraloría. Por muchos motivos; uno en particular en este punto: si hubo sobreprecio en el primer contrato, haberlo liquidado con Salumed basándose en los valores existentes, puede traducirse en un doble perjuicio para los recursos de la Capital. Y puede que los dos no pasen de agache: el 19 de junio pasado la Contraloría aprobó, en efecto, un informe sobre la compra de las pruebas por parte de Jorge Yunda. Ese examen contiene indicios de responsabilidad penal para el ex Secretario de Salud y otros funcionarios de la Alcaldía. No todavía para Yunda que no firmó el contrato pero que, según la ley, es responsable directo: el artículo 71 del Código Orgánico Administrativo dice que “las decisiones delegadas se consideran adoptadas por el delegante” y el ordenador de gasto (sin lo cual su secretario Mantilla no hubiera podido actuar) fue él.

Según el examen de la Contraloría, que está ahora en la Fiscalía, el contrato hecho por la administración Yunda con Salumed tiene serias irregularidades: no definió objetivos, número de pruebas a aplicar y capacidad de procesamiento de sus resultados. No tuvo análisis técnico para comparar precios y establecer el presupuesto adecuado. Quiso adquirir 200 mil pruebas y cotizó, a partir de la oferta ganadora, por 100 mil. Recomendó la adjudicación a Salumed sin analizar las propuestas económicas y técnicas de otros oferentes. No hay constancia de la conformación de una comisión técnica para asesorar la compra…

La Contraloría dice, en una palabra, que ese contrato es chueco. Su auditoría se cerró el 12 de mayo. Para desconsuelo público, se suma que desde entonces Yunda y su equipo no han parado de cometer ilegalidades… Incluso en el acta de terminación de ese contrato, que, como se ve, también es chueca.

Foto: Jorge Yunda en Teleamazonas.  

14 Comments

  1. Es increíble que este sujeto aún este libre y ganado un buen sueldo que nosotros le pagamos, por otra parte, que le pasa a Homero?? Parece que tiene en la mente todavía a su ídolo prófugo de la justicia en Bélgica; como buen discípulo del pillo Correa, cuestiona el trabajo de la prensa «corrugta», por razonamientos así, este país está en la mierda

  2. El Alcalde es el alumno sobresaliente, de la escuela del correísmo. Es el volador, chimbero, cuentero y traidor municipal, que se escondió en forma cobarde en la defensa de Quito, en las protestas de Octubre 2019.

    Son los mismos políticos que siguen el camino de la delincuencia organizada, para beneficiarse, destruir la institución y forjar impunidad.

    Contraloría, Fiscalía, este malhechor debería ser juzgado, por delinquir y salir airoso, mintiendo y timando a las autoridades de control y ciudadanía.

  3. Según este artículo La Contraloría hizo lo suyo.

    Habrá que esperar entonces lo que haga la Fiscalía, que dicho sea de paso tiene un inconmensurable trabajo con tanto ladrón correísta de ésta y la anterior administración y que además este gobierno NO la ha dotado de los insumos materiales ni de los recursos humanos que una adecuada gestión requiere.

  4. El eterno impune, Yunda; desde el asunto de las frecuencias radiales, hasta hoy. Existen al menos 5 causales para ser sancionado, pero no ocurre. Insisto que es un sujeto poderoso, segúramente conoce algún secretito!

  5. Hay una ilegalidad adicional a lo actuado, cuando se termina un contrato por mutuo acuerdo, no se puede volver a contratar con el mismo proveedor por el mismo objeto del contrato, de acuerdo a la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública

  6. Dejemos que la Contraloría hago su trabajo, esperamos que detrás de estos comentarios u opiniones no estén escondidos intereses personales y por favor zapateros a tus zapatos, son periodistas o expertos en contratación publica

    • Homero, ¿qué se imagina que hacen los periodistas? ¿De qué deben escribir según usted? Los periodistas no son expertos en todo, pero siempre recurren a expertos. Cuando usted escribe Zapatero a tus zapatos se expone a que le pregunten si usted es ciudadano que se conduele de los recursos públicos o abogado de intereses no escondidos sino claramente identificados. Cordial saludo.

    • Estimado Homero, con algo de conocimiento en materia de contratación pública y ante la falta de criterio de su comentario debo hacer algunas aclaraciones:
      1) La contraloria no es un ente ejecutor de sanciones sino emisor de recomendaciones para que las otras entidades realicen las acciones en función a dichas recomendaciones, sean estas administrativas para la entidad respectiva o de hallarse indicios de responsabilidad penal en cuyo caso es la fiscalía la que debe actuar.
      2) En la gran mayoría de los casos lo que la contraloria encuentra o determina se queda en el limbo ya que no hay entidad de seguimiento a estas acciones, y éstas no son revisadas sino hasta después de años cuando la contraloria realice otro examen especial a la misma entidad o caso.
      3) Si ha estado en nuestro planeta disculpando el sarcasmo las entidades de control no han sido las que han detectado los muchos casos de corrupción de los que hemos sido testigos sino la sociedad civil a través de redes sociales y los medios de comunicación.
      4) Por personas con su criterio es que la corrupción sigue galopante, de una u otra manera existe influencia del Gobierno en las entidades de control, las entidades son dependientes tanto económica como administrativamente del ejecutivo.
      5) Debe felicitarse a los medios críticos e investigativos que aún conociendo que de una u otra manera se corre cierto riesgo al exponer hechos dolosos de quienes no administran adecuadamente la cosa pública y pueden servirse del poder que ello les brinda para tomar represalias.

    • La Ley de Comunicación implantada por el Mashi pretendió eso: condenar al ostracismo al periodismo para que los «dejaran ser» a quienes medraban de los recursos del Estado; sus consecuencias las vivimos a diario en este país esquilmado por las ratas. Pocos fueron los que desafiaron al poder, entre ellos 4-P. La responsabilidad de la prensa es «sacar los cueros al sol», escudriñar los entresijos de los gobernantes en el manejo de los bienes de la patria y darlos a conocer a la ciudadanía, que a la final es quien financia su funcionamiento, y así formar la conciencia cívica para evitar que vuelva a ser víctima de atracadores. ¡Adelante 4-P, no desmayen!

  7. Aparte de la natural tendencia de los servidores públicos a hacer mal hasta las cosas malas, hay que tomar en cuenta que el equipo de abogados del Vinelli pueden enredar una madeja. No es de extrañar que hayan «convencido» de firmar un mutuo acuerdo haciendo pensar que era lo adecuado.

  8. Pero sigue libre, campante y tranquilo. Qué falta para que este pícaro politicastro (el Correa chiquito, pero igual de mafioso), vaya a la cárcel?. Cuántas personas más deben morir, contagiadas por sus malditas pruebas chimbas que desde el inicio de la pandemia, han sido protagonistas del desastre capitalino?. Ustedes han hecho un seguimiento súper técnico, claro y contundente, pero porqué la Contraloría, la Fiscalía, la Asamblea, el Consejo Municipal y todos los entes controladores que hay en el gobierno, simplemente, no han hecho lo mismo y terminado de una vez por todas, con este fiasco? . Realmente, nuestro país está en manos de puro corrupto y esto va para largo. De esta gavilla de corruptos, la única excepción es la fiscal, Diana Salazar, que debería tener respaldo de todos los ecuatorianos y que además, debería contar con las protecciones adecuadas, antes que cualquiera de los entes nombrados o un correísta del gobierno o morenista, decida acallarla.

  9. Clarito está: PRESO YUNDA PRESO!!!
    Porqué la Contraloría solamente actúa con celeridad en el Guayas y acá, en Quito, silencio stampa???

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