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La crisis no es con la burocracia

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El «Estado» no es gobierno, solamente. Congreso, cortes judiciales, consejos, empresas públicas. Municipios, prefecturas, juntas parroquiales (¿para qué diablos sirven las juntas parroquiales). Y así una pila de entidades que emplean burócratas y consumen el dinero que proviene o de los bolsillos de los particulares, o de la venta de petróleo, o de deuda para construir obras que se pagan con tarifas que cancelan los particulares.

En el sector privado no hay ventas, no hay ingresos, no hay dinero para pagar salarios. Con las restricciones del Código del Trabajo, alivianadas por la Ley Humanitaria, los empresarios han debido recurrir a reducir personal, con el elevado costo indemnizatorio, a reducir jornadas y reducir salarios para no despedir. Absorber el sobrecosto de mantener en pausa a personas mayores de 60 años y discapacitados, pagando salarios completos, porque no se ha previsto que puedan no recibir remuneración. Los trabajadores han visto afectados sus ingresos y se han allanado a la realidad. Al empleador, salvo que consiga créditos en condiciones laxas, lo que ayudaría en liquidez, pero solo difiere el riesgo de repago, nadie le regala dinero, ni tiene a quién meter la mano  en el bolsillo, salvo a sus accionistas.

La burocracia es inmune. A los políticos les resulta más fácil exigir esfuerzo al empresario privado que adoptar las medidas necesarias para enfrentar la coyuntura y resolver la estructura. Los directivos de las entidades estatales repiten la consigna de intocabilidad. El burócrata deviene en un privilegiado. Sus ingresos no se han topado, a pesar de que tampoco trabajan ni recuperan el tiempo que no laboraron. Y los alcaldes gritan y se interponen recursos judiciales y se firman decretos para meter la mano al bolsillo privado. La crisis les resbala. El sacrificio y la carga de la crisis se pone en los empresarios y los trabajadores. Los empleados públicos, que no generan riqueza sino se la gastan, ni se inmutan; salvo por los retrasos en recibir sus ingresos completos.

Municipios y prefecturas elevan sus gritos exigiendo recursos. La caja fiscal está literalmente vacía. Es fácil , pero irresponsable, poner peso político al Ministro de Economía, amenazarle con juicios, apelar al lenguaje autonomista. ¿Qué hacen los municipios para optimizar sus gastos, para reducirlos? ¿A quién rinden cuentas sobre sus niveles de endeudamiento y la eficacia en el uso de créditos?

La alcaldesa Cynthia Viteri nunca explicó la información sobre un incremento de 6 millones de dólares en gastos de sueldos. Con la autonomía, utilizada como coartada, los alcaldes usan los recursos públicos sin límites entre gasto corriente o de capital. La prefecta de Pichincha, tiene una lista larga de pipones y sostiene una radio que es usada como parlante correísta. El municipio de Quito (y siguen allí sin que se haya optimizado el costo de la nómina) duplicó el número de empleados en los últimos diez años. Se reportan mega sueldos de alcaldes en municipios que no generan ingresos suficientes y dependen de las asignaciones del gobierno central.

Empujada por teorías anacrónicas y grandes ingresos y deuda, se produjo una expansión del sector público. Es lógico pensar que igual impulso recibieron los gobiernos locales que, sin el apremio de generar ingresos o reducir gastos, y con las presiones clientelares propias de la cultura de la relación entre políticos y ciudadanos, deben haber aumentado la burocracia. Tampoco se conoce de procesos de transferencia de competencias. Esta crisis evidenció que la autonomía de los gobiernos locales se limita a recibir recursos, pero no devolver servicios como los de salud y educación que siguen centralizados.

El presidente Moreno, en medio de su inmediatez y simpleza, creyó suficiente reducir su sueldo, el del vicepresidente y ministros a la mitad, generando la distorsión que los funcionarios de menor nivel ganan más, pero no tuve la fortaleza para persuadir o forzar a una reducción global de los sueldos de toda la burocracia. Ni que cada político a cargo de entidades estatales de otras funciones del Estado, o de los eufemísticamente llamados gobiernos autónomos, asuma el costo político de explicar que en la crisis hay gastos que pagar y sacrificios que hacer.

En una emergencia monumental, hay que enfrentar los daños. Y hay que distribuir el costo sin incrementar las diferencias y sin acentuar los privilegios. Pero también se pueden adoptar medidas coyunturales que apuntalen reformas estructurales. Los problemas de caja se alivian, pero no se solucionarán en corto plazo, así como el de los ingresos. Debe reducirse el gasto del Estados en todos sus niveles, debe priorizarse el gasto de calidad en servicios de saludos y educación, y debe orientarse toda la obra pública a inversionistas privados, que la construyan y la administren. No más impuestos, no más deuda. El gobierno tiene mecanismos para evitar que los alcaldes pretendan seguir administrando como si la crisis no fuera con ellos.

Diego Ordóñez es abogado y político.

8 Comments

  1. Resulta muy fácil , especialmente para populistas politiqueros , inflar la burocracia , y por ende el gasto corriente , y luego , exigir más recursos a una caja fiscal quebrada . Y ahora el estado ecuatoriano está saturado de entidades burocráticas , algunas absolutamente innecesarias , creación de las mentes calenturientas y estatistas de la ROBOLUCIÓN , sin que se tome la decisión de reducir el demencial gasto público , que muchas veces viene acompañado de corrupción . Pero mas temprano que tarde , llegará el momento en que esta gran farsa que asfixia y somete al ciudadano , felizmente , llegue a su fin .

  2. Excelente artículo don Diego! Moreno sigue dando vueltas en círculo y sus palabras, además, se las lleva el viento.Nada se ha hecho con la recuperación de los dineros escondidos pero es más fácil lloriquear y repetir la cantaleta de «las arcas están vacías » y endeudarse más.Las deudas también se pagan, y esas las pagaremos nosotros, y él, con todo su equipo de parásitos, se larga y bien gracias! Nefasto futuro nos espera.

  3. Estimado Diego la Constitucion correista es un Mega contrato colectivo publico en el cual el Estado sin ninguna representacion real es oblugado a «garantizar» plata prevendas y derechos a los politicos que lo manejan y a sus clientes. Con que se paga todas esas canongias? Pues con los impuestos y el petroleo. A cambio de que? De nada realmente, como la mitad de los cargos publicos. La ley de servicio civil es el reglamento de este contrato colectivo publico en el cual el que lo aprobo es decir el corrupto correa se asigna una renta perpetua y se arroga un sin numero de facultades para nombrar funcionarios, es decir dar trabajo a los revolucionarios del siglo 21 que hacen robos entre privados. Estas normas son una cloaca.

  4. Presidente Moreno. No sabe cuánto lo recordamos : corrupción,colapso económico, más deuda, mentiras tras mentiras… No se puede imaginar las veces que decimos su nombre en voz alta; como pensamos en Ud cuando nos recordamos de » cero tolerancia a la corrupción» y al pais se lo llevan en peso los aduladores del gobierno y el pueblo se muere de hambre. Su legado: más pobres, tren playero, negocios turbios con la china, estado obeso etc, etc. , en este pais es imposible olvidarlo. Cambiaste nuestras vidas para siempre y vivimos un largo alarido.

  5. Parece que Augusto y yo practicamos la telepatía, su comentario es exacto al que tenía en mente antes de leerlo y para no quedar como «copion» debo añadir algo más: las leyes que se han hecho en este pais (al menos la última Constitución) son para garantizar 3 cosas: mantener la clientela política mediante el aumento indiscriminado de la burocracia pipona, asegurarse un «porvenir» hasta la cuarta o quinta generación, y endiosarse en el sillón presidencial: SOY PRESIDENTE CARAJO!!, sin un ápice de preparación para serlo.
    Me acuerdo de ese genial comediante Don Evaristo cuando sintetizaba el rezo del político ecuatoriano, «Diosito no te pido que me des, sino que pongas donde hay».

  6. Parece que ni la pandemia ha sacudido las neuronas de muchos ecuatorianos, pretenden seguir en la «normalidad» anterior.
    ¿Será posible que representantes del Ejecutivo, Legislativo, Judicial, dirigentes de los partidos políticos, de organizaciones gremiales y académicos puedan sentarse a la mesa y lograr un plan consensuado emergente para superar la crisis?

  7. Excelente análisis, Dr. Diego Ordóñez. Mientras no exista la voluntad política ni el deseo real de corregir las distorsiones de la economía, no podemos salir de la crisis. El problema radica en que siempre se mira el panorama electoral, antes de tomar las decisiones importantes, y eso jamás ha dado buenos resultados. Lo más grave es que, con las elecciones a la vista y una enorme cantidad de precandidatos a la Presidencia de la República, la dispersión en la Asamblea Nacional seguirá, haciendo casi imposible llegar a acuerdos serios en beneficio del país, y seguiremos sometidos a los chantajes de los minúsculos grupos políticos que coparán la Asamblea.

  8. Estimado Diego. El problema de nuestro país está en sus leyes y su Constitucion. Es imposible topar los sueldos de los trabajadores. Cualquier medida para bajar el gasto público en el nivel requerido es inconstitucional. Un gobierno que no llegue con una sólida mayoría de votos y de congresistas no tiene capacidad de generar los duros cambios que se necesitan.

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