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Detención de Bucaram: lo bueno, lo malo y lo muy feo

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¿Por qué la Fiscalía y la Policía entraron a la casa de Abdalá Bucaram en forma brutal? ¿Debía Teleamazonas acompañarlos? Juan Pablo Albán, charló con 4P. Señala posibles delitos y propone un protocolo de actuación diferenciado. Él es profesor de Derecho Internacional y DDHH en la USFQ.

De Michel Foucault se puede derivar una premisa: las sociedades se retratan en la forma como tratan a los viejos, a los locos… O a los delincuentes o presuntos delincuentes. ¿Estás de acuerdo con esto?
Estoy de acuerdo sin duda. Hay un famoso profesor de derecho penal y de criminología que ha enfocado sus estudios en la pena: Anthony Tuff. Él habla mucho de cómo, en general, la pena es una forma de comunicar cosas a la sociedad. Eso es extensible también a los procesos penales. No es solo la imposición de la pena sino la forma en la que se adelanta el proceso penal, la espectacularidad natural que él mismo tiene. Pero además, hay casos con un interés público particular por quién es el acusado o cuál es el hecho.

¿Qué se buscó comunicar en la forma cómo fue detenido Abdalá Bucaram?
No le vamos a dar cuartel a la corrupción, primero y, segundo, no le vamos a tolerar ningún comportamiento desviado a quien desde hace tres décadas ha venido afectando al país en distintos niveles. Pero finalmente es tan exagerado que termina provocando un efecto inverso: que la conducta de la policía, el Ministerio de Gobierno y la Fiscalía impacten de forma negativa en la sociedad.

La policía podrá decir que eso es su protocolo. Que así procedieron en el caso de Fernando Villavicencio, Paola Pabón y en otros casos de delincuentes de marca mayor. La pregunta aquí es: ¿ese protocolo no debe ser revisado para que sea usado en armonía con la persona a la que van a detener?
La verdad es que deberían ser tratados todos los procesados de forma igual. No creo que se justifique la espectacularidad en ciertos casos que tienen un componente político y un perfil muy bajo en relación con otros casos. Hemos visto este tipo de operativos últimamente cuando se están desarrollando investigaciones contra personas que han incursionado en la política y que desde su espacio de poder han cometido delitos abusando del ejercicio político. Pero no lo vemos, por ejemplo, respecto de las redes de trata de personas o de personas que hayan cometido delitos sexuales. Es muy curioso.

La diferencia a la que hacía alusión se basa precisamente en el tipo de delito y en la peligrosidad o no del supuesto delincuente. ¿Esas diferencias no pueden incluirse en el protocolo?
Efectivamente. Creo que debería utilizarse unos criterios de necesidad, de proporcionalidad, de gradualidad inclusive como es en cualquier otra manifestación de uso de fuerza. Porque, finalmente, la forma cómo se desarrolló el operativo es una manifestación de uso de fuerza cuya legitimidad no voy a discutir. Pero sí creo que fue fuerza excesiva. Sí debería existir un protocolo sobre la forma en que se van a efectuar los operativos para detenciones, investigaciones, allanamientos de domicilios u oficinas atendiendo a las particularidades del caso y a las condiciones de la persona que es objeto de la medida. Pienso que hoy por hoy el protocolo es cómo hacemos escándalo, cómo hacemos circo cuando se trata de un caso cargado políticamente.

Abdalá Bucaram se estaba presentando a la Fiscalía. ¿Por qué dejarlo que se acueste para ir a romper las puertas de su casa y entrar de la forma brutal que revisten este tipo de allanamientos. ¿Hubo, dices tú, uso político de la intervención?
Sí, porque no hay ninguna razón jurídica que justifique que se lleve a cabo de esa manera un proceso de allanamiento y detención, pero sí hay muchas razones políticas para hacerlo. Es evidente que Diana Salazar tiene aspiraciones mucho más allá del cargo que este momento ostenta. María Paula Romo quiere volver a legitimar a un gobierno que ya no tiene nada de legitimidad. Y la forma de legitimar es hacer este espectacular operativo con la policía y, además, emitir juicios de valor en las redes sociales sobre la responsabilidad anticipada de una persona a la que todavía no le formularon los cargos. Entonces, jurídicamente no hay sustento, pero políticamente se puede justificar por muchas razones.

Aquí hubo uso de un canal en esta intervención. Hubo reglas deontológicas que fueron ignoradas, lo que permitió atentar contra la intimidad de una persona en su cama. ¿Cómo ves, legalmente, este uso de la prensa para los fines que buscaban quienes autorizaron su presencia?
En nuestro modelo de justicia penal, los procesos de investigación previa, que se llevaron a cabo en ese momento, son absolutamente reservados. Y la divulgación de información producida en el marco de una investigación previa es delito. El artículo 180 del Código Orgánico Integral Penal determina que la persona que divulgue esa información podrá ir a la cárcel entre uno y tres años.
Aquí se cometió un delito que, obviamente, la Fiscalía no va a investigar. Segundo, está vigente la Ley de Comunicación y en esa ley hay reglas sobre la publicidad de los asuntos judiciales que no fueron observadas en este caso y eso debe abarcar, por supuesto, la fase pre procesal de investigaciones. Y, finalmente, es una norma en el Código Orgánico de la Función Judicial que se refiere al principio de publicidad procesal, contemplado en la Constitución, y esa norma determina que las actuaciones serán públicas excepto cuando la ley determine específicamente lo contrario. Entonces desde el punto de vista jurídico hay demasiados problemas con esa entrada de Teleamazonas junto con el equipo de Policía y Fiscalía.
Pero, más allá de eso, desde el punto de vista de la ética periodística creo que los medios de comunicación no pueden convertirse en caja de resonancia del poder de turno. Eso lo criticamos de manera muy fuerte respecto a los medios públicos cuando era la administración de facto de Rafael Correa. No hubo, entonces, mucha reflexión sobre las repercusiones éticas de participar de esa manera.

Tanto el Ministerio de Gobierno como la Fiscalía han desligado su responsabilidad en este asunto. Legalmente, ¿a quién corresponde la responsabilidad en operativos de este tipo?
En mi opinión a la Fiscalía General del Estado. La razón es que como determina el COIP cuando se trata de investigaciones preprocesales o procesales, la Policía actúa como una fuerza auxiliar y a órdenes de la Fiscalía. Esto significa que el Fiscal que iba a ejecutar la detención para investigaciones, podía decidir quién ingresa y quién no. Ese fiscal recibió indicaciones desde cargos más altos, no necesariamente de la doctora Salazar.

Mientras se llevan a cabo las investigaciones, ¿qué lección deja este penoso evento?
Hay varias. La primera es que la Fiscalía debe recordar que es un órgano oficial de acusación que representa a la sociedad. Esto  significa que, tanto como tratar de esclarecer los hechos delictivos y  que se impongan las sanciones a los responsables, debe procurar también que se garanticen los derechos de las personas sujetas a investigación o que han sido imputadas o procesadas.
La segunda lección tiene que ver con los medios. Que se autorregulen es lo óptimo y tienen que hacer una reflexión sobre las implicaciones éticas de ingresar, junto con personal de seguridad del Estado y con la Fiscalía, a un domicilio donde se va a practicar una diligencia que debe ser reservada, porque así manda la ley. Más allá de las implicaciones penales, el propio medio tiene que hacer una reflexión sobre esa actuación. Y lo coherente sería que, si es un medio objetivo, que quiere garantizar que con su trabajo se construya democracia, debería tomar la decisión de no participar. Quizá cubrir los exteriores pero no ingresar al domicilio.
Un tercera lección importante es cómo hay un trato diferenciado dependiendo de quién es el potencial investigado o acusado. En este país ya no importa cuál es el delito, importa quién está acusado y si es una persona impopular en el imaginario colectivo, ya está condenado de antemano en las redes. Por eso mismo, creo que debe haber protocolos de actuación estándar para que haya un trato igualitario. Segundo, debe haber un compromiso de las autoridades del Estado, tanto la que es parte procesal en los procesos penales que es Fiscalía como la que representa al brazo ejecutor de las decisiones de la política pública, que el poder ejecutivo debería abstenerse de emitir juicios de valor, porque eso pone presión a los jueces.
No se trata de que no tengan libertad de expresión los funcionarios públicos. Diana Salazar y María Paula Romo tienen libertad de expresión. Pero, precisamente porque ejercen una función pública, la propia Corte Interamericana en los casos de Globovisión y RCTV determinó, hace ya muchos años, que tienen que ejercerla con mucha más responsabilidad que el ciudadano común y corriente, porque lo que dicen puede tener repercusiones negativas en el ejercicio de los derechos de las personas.

Foto: USFQ

Esta entrevista se publicó ayer, 18 de agosto, en el boletín dominical de 4P. Si desea recibirlo, suscríbase por favor gratuitamente aquí: GPS4P.

9 Comments

  1. No tolero ningún acto de corrupción y tampoco comparto con la vida fácil de los Bucaram y de otros políticos de la década robada, pero me quedo con esta parte del artículo: «No le vamos a dar cuartel a la corrupción, primero y, segundo, no le vamos a tolerar ningún comportamiento desviado a quien desde hace tres décadas ha venido afectando al país en distintos niveles. Pero finalmente es tan exagerado que termina provocando un efecto inverso: que la conducta de la policía, el Ministerio de Gobierno y la Fiscalía impacten de forma negativa en la sociedad.»

  2. Y ahí están los defensores de los derechos humanos… alguna vez leí que el delincuente que viola los derechos humanos de su víctima inocente, no debería tener derechos… quizás sea exagerado y no sea legal… pero es lo justo … ahí radica la diferencia entre estas leyes hechas por políticos corruptos para proteger sus actos ilegítimos y los de sus símiles y la justicia natural en la que hay que distinguir el bien del mal y proteger el bien común…. No hay que olvidar que «ese anciano» y «ex presidente» es el patriarca de una familia que ha demostrado no convivir con el respeto a la ley. Una familia comprometida con delitos de variada índole aprovechando una dolorosa circunstancia para todo el país y el mundo….. negociados, sobreprecios, huidas del país, manejo turbio de influencias en el sector judicial, negociados con delincuentes confesos, y hasta presuntos sicariatos, pasando por hijos y familiares cercanos prófugos de la justicia. El oscuro mundo de los Bucaram a la sociedad ecuatoriana le ha costado caro. Ese «ancianito» no es un inocente y respetable adulto mayor, es un zorro viejo de lo más nefasto de la clase política corrupta. Derechos? Derechos tenemos los ecuatorianos de bien, a vivir con seguridad y sin el riesgo de ser esquilmados por estos indeseables… porque los recursos del país, son recursos de todos, y cada ecuatoriano que se respeta debe sentir en carne propia como los actos de corrupción de toda esta gente sin escrúpulos, nos cuesta porque simplemente nos llegan en forma de más pobreza, más impuestos y servicios públicos de pésima calidad. Un sistema de salud totalmente colapsado mientras el Ministro de Salud dice sonriendo que no pasa nada, la gente muere en sus casas o en las calles porque no hay capacidad sanitaria para acoger a esos enfermos en los hospitales y casas de salud… esas son las consecuencias de dejar que impere en el país la fuerza de la corrupción y el saqueo desvergonzado en total impunidad.

  3. Palo porque bogas, palo porque no bogas; aún tenemos fresca la escena de un delincuente venezolano amenazando con un cuchillo a una chica en Ibarra, la arrastró como 6 cuadras para finalmente asesinarla sin que un solo policía lo evitara, y porque? Porque días antes un policía mató a un delincuente y lo iban a juzgar por homicidio, si eso pasaba en USA, un francotirador solucionaba el asunto en 5 minutos, pero acá, apenas hay un asomo de violencia contra un delincuente, salen las voces de protesta, aún de gente medianamente culta.
    Bucaram y sus hijos son auténticos depredadores de este país desde hacen más de 30 años: el loco que ama robó en la Intendencia, robó en la alcaldía, robó en la presidencia y regresó al país para seguir robando; su primogénito se ufanó de haber logrado su «primer millón de dólares» cuando su papi lo puso en las aduanas, justamente para eso: robar.
    En verdad merece tanta alharaca que por allí se le pasó medio la mano a la Policía? Seguimos siendo la banana republic de los 70.

  4. Es una clara muestra de como éste Gobierno siempre cae en lo que critica, bárbaro como le dan el poder de victimización a un experto como Abdalá.
    Sonnenholzner desnudó de forma ingenua lo obscuro del presidente y su circulo y cómo la repartición se fraguó desde cuando Moreno estuvo en Ginebra.
    Como es que realizan un evento invitando a empresarios a financiar la campaña de Lenin en Ginebra? Porque Sonnenholzner se gasta un viaje a Ginebra para escuchar a Moreno? Porque Cuesta que no ejercía cargo alguno hacia el cabildeo? A cambio de que? De donde salieron los fondos para esas reuniones si Moreno estaba auspiciado por el Gobierno aún sin ocupar un cargo estatal? Porque si Moreno no pensaba y no quería ser presidente sino le rogaron se tomaron tanta molestia para buscar los auspicios?
    Moreno y Sonnenholzner desnudan lo más obscuro de la sucia política.

  5. «Diana Salazar tiene aspiraciones mucho más allá del cargo que este momento ostenta».., ¿en base a qué se afirma esto? y ¿qué aspiraciones?

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