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Desmontar la cultura del secreto: otro pendiente democrático

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Hace 16 años se aprobó una de las leyes clave para fortalecer la endeble democracia ecuatoriana: la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, LOTAIP. Fue un cuerpo legal que se impulsó y aprobó, en gran medida, por la visión y esfuerzo desplegado por el entonces presidente de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, AEDEP y director de Diario Hoy, Jaime Mantilla, entre otros actores.

La Ley de Acceso ecuatoriana fue una de las primeras en la región y marcó un recorrido que luego se extendió por toda América Latina, con la sola excepción de los países del socialismo del siglo XXI, Venezuela, Cuba, Bolivia (en la época de Evo)… que, obviamente, no creen en un derecho liberal y burgués como es el derecho de los ciudadanos a saber y vigilar al poder, cuando sabemos que el derecho a vigilar y saber en las dictaduras corresponde al caudillo y a sus funcionarios.

Por eso, el acceso a la información es uno de los derechos más democráticos que existen. Podemos decir que avanzamos a una democracia plena cuando los ciudadanos pueden escrutar al poder, penetrar en los contratos públicos, en las agendas de los altos funcionarios y sus reuniones con empresarios, en los textos de memorandos y mensajes que intercambian ministros y subsecretarios, etc.

Durante el régimen autoritario del correísmo, bajo los principios del socialismo del siglo XXI, la ley de Acceso quedó en letra muerta y aunque la Constitución de Montecristi reconoció el derecho de acceso a escala constitucional, en la práctica se dio paso a la instauración de pesados velos sobre la información pública y el fortalecimiento de la cultura del secreto, como una política de Estado.

Podemos citar varias acciones: la prohibición para que ministros y altos funcionarios acudan a entrevistas en medios privados, resoluciones de la Contraloría para ocultar las declaraciones de bienes de los altos funcionarios, impedimento de coberturas y de acceso a documentos públicos para los periodistas, dificultar y enredar el acceso a la información sobre contratos públicos. Todo esto, mientras el decurso oficial hablaba de grandes avances. En la Ley de Comunicación, además, se consagraba, sanciones por difundir, por ejemplo, información sobre procesos judiciales.

Como en casi todos los derechos, durante el correato, en cuanto a acceso a información pública una cosa era el discurso oficial y otra muy distinta, la realidad. Todo esto con la complicidad de la autoridad garante del derecho, es decir la Defensoría del Pueblo de la época, que invariablemente, avalaba los ocultamientos estatales y sacramentada por sentencias judiciales ordenadas desde Carondelet, tal como se muestra en la serie de correos sobre la metida de mano en la Justicia que se revelaron a finales de 2017.

Uso un verbo pasado, cuando debería usar el presente. Porque la cultura del secreto es algo que se ha extendido al actual periodo, pese a los discursos sobre gobierno abierto y los esfuerzos de buena fe que hacen altos funcionarios en algunos sectores de la administración pública. Y es que tal como una casa no se puede construir por el techo, la tarea básica, prioritaria, tanto como las reformas a la Ley de Comunicación era la aprobación de una nueva Ley de Acceso que estuviera a tono con la nueva realidad global de gobierno electrónico, datos abiertos, participación ciudadana, etc.

El reciente caso de la declaratoria de la información acerca de la venta del Banco del Pacífico como reservada durante 15 años es el caso más dramático de la subsistencia de la cultura del secreto. No es el único. Ya hace un par de años, presentamos entre Fundamedios y Mil Hojas un informe a Naciones Unidas sobre los retrocesos en cuanto a acceso, que aparte de ser un derecho es uno de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, ODS u Objetivos 2030. El indicador 16.10.2, para ser precisos. Allí se detallaba, por ejemplo, cómo el Ministerio de Educación ocultó sistemáticamente la información sobre abusos sexuales en el sistema educativo. No para proteger a las víctimas, sino a los perpetradores.

El hecho de que la Asamblea Nacional haya levantado la declaratoria de reserva de la información sobre el Banco del Pacífico, no solo subsana una decisión abusiva y una interpretación arbitraria de la actual LOTAIP por parte de los accionistas del banco estatal (el directorio de la CAF), sino que es una señal en el buen sentido para comenzar a desmontar la cultura del secreto.

César Ricaurte es periodista y director de Fundamedios.

5 Comments

  1. Respecto a «cómo el Ministerio de Educación ocultó sistemáticamente la información sobre abusos sexuales en el sistema educativo. No para proteger a las víctimas, sino a los perpetradores», que usted tan bien describe como una acción del estado para proteger al victimario y no a la víctima, AÚN persiste la negativa de publicar los nombres de los pedófilos. Bien valdría la pena que usted realice un profundo análisis acerca del tema PEDÓFILOS CONVIVIENDO CERCA DE NIÑOS. SERÍA ALGO MUY BUENO PARA PROTEGER EL DERECHO DE PADRES Y MAESTROS DE SALVAR DE ESTOS ENFERMOS A NUESTROS NIÑOS Y ADOLESCENTES. OTRA CARA QUE HAY QUE DEVELARLA.

  2. Por fín alguien habla con propiedad, los vivarachos de siempre, que ganan las elecciones, ni bien se posecionan en su puesto público, se creen los dueños de la verdad y que nadie les ningunee, para de esa manera manosear a su antojo los contratos estatales y pobre del que ose meter las narices en sus negocios turbios.

    Ya tenemos en el país unos cuantos ciudadanos bajo tierra, por tratar de investigar la información estatal, no digo pública, porque si lo fuera estariamos hablando de Suecia, Noruega.

    No solo debemos exigir que la información estatal sea transparente, debemos defender nuestro derecho a que no nos roben como pendejos, y con la complicidad de la fuerza pública.

  3. Toda la razón, concuerdo completamente en lo expresado, la transparencia no debe ser adecuada a las conveniencias, el que oculta es porque algo se trama, nada público debe ocultarse nunca. Esto debería tipificarse con penas penales y claras acordes, ese vacio legal que tienen todas las leyes impulsadas con fines políticos que impiden cosas y por algún extraño motivo no sancionan su incumplimiento de forma clara.

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