La ecuación es sencilla: mientras más personas dependan económicamente del Estado, más fácil el gobierno podrá controlar a la sociedad. Por eso, aquellos que aspiran a un sistema político en el que la sociedad sea controlada por el Estado, predican la doctrina que dice que la propiedad privada, el lucro y el comercio son malignos. Precisamente esa doctrina fue la que estuvo a un tris de echar abajo una de las inversiones privadas más importantes que Quito tendrá en los próximos años.
Ocurrió en el Concejo Metropolitano de Quito hace un par de semanas. Al bloque de concejales correístas le faltó un voto para detener la construcción de un inmenso complejo comercial y turístico que el grupo cuencano Coral (el de los supermercados) quiere instalar en el sector de la Magdalena, en el sur de Quito. El proyecto pretende utilizar la gigantesca infraestructura abandonada por la Cervecería Nacional hace más de 40 años, que ese grupo adquirió hace unos 10 años.
Se trata de un proyecto cuya inversión podría llegar a los 100 millones de dólares y que podría dar empleo hasta a 1 500 personas. La idea es construir ese centro comercial frente a la estación del Metro de la Magdalena utilizando 16 de los 19 gigantescos silos de concreto de la vieja Cervecería. Se prevé que habrá agencias bancarias, restaurantes, supermercados, comercios así como paseos turísticos entre los jardines que se pretende recuperar. La idea es crear lo que los urbanistas llaman una “centralidad” junto a una estación del metro para estimular su uso y así viabilizar su sostenibilidad.
La resistencia de los concejales correístas al proyecto se disparó a partir de una presentación del arquitecto y coideario suyo Paco Salazar la semana pasada en el Concejo Metropolitano. Salazar, quien fue el contratista del museo de Rafael Correa en Carondelet, que costó más de 300 mil dólares y que era una forma de culto a la personalidad de su líder, sostuvo en la sesión que el centro comercial proyectado es un atentado a la historia industrial de Quito. Para él, el proyecto destruye el patrimonio histórico del movimiento obrero e industrial para construir ahí algo que llamó una “catedral del consumo”.
La presentación de Salazar dio paso a la virulenta retórica anti empresarial de los concejales correístas. El jefe de la bancada, Luis Reina, arrancó con la argumentación. Con el retrato de Fidel Castro, el Che Guevara, Eloy Alfaro y Simón Bolívar a sus espaldas, él propuso una moción para suspender las obras alegando que Quito tiene una deuda histórica con el movimiento obrero y que en lugares como la antigua fábrica de la Cervecería había quedado el “músculo de los obreros” como herencia de la transformación de la sociedad agrícola a urbana. Las fábricas son, para él, “catedrales de los obreros y los industriales”, y dar paso a un centro comercial sería “preferir lo importado”.
Analía Ledesma dijo que el capital es ciego y que por más crisis que viva al ciudad, el Municipio no puede vender sus bienes. Afirmación que en realidad no viene al caso porque el Municipio no es dueño de la antigua fábrica y no está vendiendo nada. Juan Carlos Fiallos agregó que el proyecto beneficiará a un grupo económico pero que es contrario al interés de la mayoría: nunca explicó cómo sabe cuál es el interés de la mayoría en este caso.
Soledad Benítez hizo un razonamiento aún más ideológico. Según dijo hay dos tipos de urbanismos; uno, que se sustenta en los principios de la globalización capitalista que es el urbanismo de la privatización, la distinción y el miedo. Sin definir el urbanismo que le gusta, dijo que “el bloque de la Revolución Ciudadana no quiere el urbanismo de la privatización y el miedo”.
Ficha patrimonial de la Cervecería
Blanca Paucar se opuso al proyecto argumentando que no está dentro de la economía social y solidaria sino para beneficio de privados. E hizo dos afirmaciones de antología: “La globalización es enemiga del patrimonio histórico” y “solo nos falta que nos vendan la Plaza Grande para atraer inversión”.
Según los funcionarios del Municipio así como de la concejal Luz Elena Coloma, presidenta de la Comisión de Áreas Patrimoniales, los únicos silos que se han destruido y que se destruirán son los tres que no han sido inventariados como patrimoniales, mientras que los 16 restantes serán utilizados en el proyecto. Así, por ejemplo, se prevé que en la estructura de madera que está sobre los silos irán los negocios de comida para aprovechar la vista que desde ahí existe. Expertos y funcionarios de las áreas patrimoniales han dicho lo que se está haciendo es perfectamente legal y coherente con las leyes patrimoniales.
En la sesión, hubo voces de alerta sobre los peligros que una decisión como la que pretendía Reina pueden tener como antecedente para la ciudad. ¿Toda inversión puede ser detenida por el Concejo Metropolitano? Y se dijo que la inseguridad jurídica haría inviable cualquier iniciativa como está.
Para el correísmo, la defensa del patrimonio histórico es un tema que se ajusta básicamente a su prejuicio sobre lo privado. Esto incluye la antipatía a cualquier manifestación económica que no tenga como matriz al Estado. La sesión del Concejo fue, en definitiva, un resumen perfecto sobre cómo razona y cómo argumentan los que profesan la doctrina en la que todo lo privado es malo porque lo que hay que buscar es que el Estado controle y dirija la sociedad. Ese es el perfecto sueño de todo aspirante a autoritario.
Fotos: Concejo Metropolitano de Quito
Excelente. Esto creará fuentes del trabajo y dará más plusvalía a esta zona. Gracias srs inversores del grupo Coral