Por la lucidez, desobediencia, ironía y obstinación

Y vuelve el eterno drama de las frecuencias

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Uno de los sectores donde se puede rastrear histórica y nítidamente la ineptitud, ineficacia, corrupción del Estado ecuatoriano es en el sector de las telecomunicaciones. Concretamente en la administración de las frecuencias de radio y televisión abierta.

Hagamos un breve recuento para sustentar la afirmación anterior: en los años noventa cuando se reformó la Ley de Radio y Televisión, que se había heredado de las dictaduras militares de los setenta, se dio paso a un reparto corrupto de las frecuencias entre legisladores y dirigentes políticos de todo signo ideológico a cambio de sus votos en el Congreso. Fue lo que se llamó la “Feria de las Frecuencias”. Exactamente, tal como hoy se reparten hospitales, en ese entonces, sucedía con las frecuencias (es posible que ahora suceda con los hospitales y siga sucediendo con las frecuencias).

La situación generó un statu quo en el cual, funcionaba una lógica perversa por la cual se otorgaban frecuencias que los amigos de los gobiernos engordaban para después venderlas por millones, pese a la prohibición legal de hacerlo, ya que hablamos de un recurso público. A principios del correísmo, cuando el camino al infierno se estaba pavimentando de aparentes buenas intenciones, se conformó una Comisión de Auditoría de las frecuencias que entregó un informe que nadie tomó en serio, sobre todo los funcionarios del sector; lugar donde ya se comenzaban a ver los rostros como el del actual Alcalde de Quito, Jorge Yunda, que conformó su imperio mediático bajo la larga sombra del caudillo populista que gobernaba.

En el 2016, con nueva Constitución y con la nefasta Ley de Comunicación sobre la mesa se convocó un gigantesco concurso para repartir cerca de 1.500 frecuencias de radio y TV. La intención era clara: cortar el bacalao y dejar acomodado el panorama mediático ecuatoriano en manos de coidearios y empresarios amigos, antes de dejar el poder y con el horizonte de recuperarlo en unos pocos años. Fue tan burdo el sainete que al final con investigaciones periodísticas desde la sociedad civil y medios de comunicación digitales, como este, se desmontó la farsa. Ya en el Gobierno actual, Contraloría asestó el golpe de gracia al proceso y ordenó que se diera de baja.

Vale la pena dejar muy en claro, que aún en este escenario tan negativo, siempre han existido empresarios de medios televisivos y radiodifusores honestos e íntegros que han tratado de sacar adelante sus medios bajo presiones y soportando turbulencias de todo tipo.

Así llegamos a este pandémico 2020, cuando se vuelve a convocar a un concurso de frecuencias. Ahora solo de radios, porque debería ser el primero de varios “procesos públicos competitivos”. Obviemos que vuelve a darse en periodo preelectoral, lo que no se puede admitir es que el concurso no sea transparente y vuelva a favorecer a los mismos grupos que ya Contraloría observó y por lo cual dio de baja al concurso del 2016-2017. Y esto es justamente lo que está revelando una nueva investigación realizada por Ecuavisa y Fundamedios. Así, se observa, que una vez más el empresario mexicano Ángel “El Fantasma” González mediante una estructura de empresas de papel domiciliadas en una oficina de contadores en Montevideo, Uruguay vuelve a erigirse como uno de los grandes protagonistas del actual concurso y, posiblemente, de no mediar una intervención divina, se alzará con nueve matrices y 19 repetidoras para consolidar una poderosa red de medios que cubre todo el país.

A estas alturas del actual Gobierno, con un horizonte de menos de un año y contando, es claro que los déficits se acumulan y también en cuanto a libertad de prensa: reformas a la LOC a medias, medios públicos manejados desastrosamente, apropiación de información pública para aplicar políticas de censura en Internet; pero la peor herencia que puede dejar es un espectro radioeléctrico altamente concentrado donde vuelva a predominar el pago de favores políticos o de campaña.

Tal como se hizo en el 2016, desde la sociedad civil, los medios de comunicación y los ciudadanos comprometidos con la transparencia, la democracia y la libertad de prensa, vamos a estar alertas para evitar que eso suceda.

César Ricaurte es periodista y director de Fundamedios. 

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