Por la lucidez, desobediencia, ironía y obstinación

Si no se elimina el CPCCS, quedamos en las mismas

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En estos días el debate sobre la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se ha puesto nuevamente en vigencia. El Legislativo por fin trató, en primer debate, la reforma constitucional que tiene por objeto conseguir la eliminación del CPCCS y la estructuración de un sistema bicameral en la Asamblea Nacional.

Si todo sale bien en noventa días más se llevará a cabo el segundo debate, y si los resultados son favorables –como esperamos todos, por el bien de la democracia–, el CNE tiene 45 días para llamar a referéndum. Esto significa que en la papeleta electoral de las próximas elecciones tendremos una adicional para poder pronunciarnos sobre este tema tan fundamental.

Vistas así las cosas parecería que todo está ganado; sin embargo, las posiciones en contra de que estos cambios se den, y persista un organismo tan dañino como el CPCCS, se han activado y pretenden ganar espacio.

Hay una resistencia en algunos sectores a hacer ese cambio y varios asambleístas han retomado el discurso esgrimido en Montecristi hace más de una década. Se ha vuelto a invocar al derecho de participación ciudadana, la lucha contra la corrupción y la designación de autoridades por fuera de la política.

Bien avezados son quienes pretenden hacernos creer que la participación ciudadana deber ser regulada y materializada en un organismo del Estado, cuando sabemos que ésta radica en el pueblo, y, por lo tanto, allí se debe quedar. Los ciudadanos no necesitamos de un ente que defina nuestro ser y actuar. Por lo tanto, esa falacia debe ser desmontada con el solo convencimiento de que nosotros los ciudadanos –para ejercer nuestros derechos– únicamente necesitamos hacer uso de nuestra libertad de asociación y expresión.

Si bien uno de los objetivos de la existencia de este organismo fue contar con un ente que luche contra la corrupción, de largo se ha comprobado que también perdió el año en esa responsabilidad. El escándalo de su presidente portador de un carnet de discapacidad sospechosamente obtenido, más el intento fallido de calificar como veedor –sí, como veedor– al gatillero de los troll centers correístas, en la adjudicación de frecuencias hace unas semanas, nos demuestran que ese organismo no tiene razón de ser.

Pero el daño más grande que se articuló desde este organismo fue constituirse en el operador del debilitamiento del Estado de Derecho, al  quitar la independencia a los órganos de control y convertirlos en cajas de resonancia de los desafueros del Gobierno. En la historia de nuestra democracia, los desaciertos e ilegalidades del CPCSS quedarán marcados para siempre como un capítulo negro al que nunca debemos volver. Concursos amañados con comisiones ciudadanas parcializadas, dieron como resultado funcionarios que aprobaban con cien sobre cien concursos poco transparentes.

Estamos de acuerdo que la designación de los órganos de control es un tema extremadamente delicado, pero tenemos ejemplos de que sí es posible generar mecanismos idóneos para que estas designaciones se hagan con transparencia. De hecho en países con democracias consolidadas, se cuenta con procesos de oposición y méritos para designar autoridades de control, con veedurías ciudadanas y trayectoria ética y moral de los postulantes como puntos a favor. De modo que bien se podría tomar esos ejemplos para replicarlos en el Ecuador y, en el seno del legislativo, mediante comisiones especiales generadas extraordinariamente para el efecto, proceder a nombrar estas autoridades frente al ojo público.

Pero para que todo esto suceda es preciso que, en el segundo debate, la Asamblea dé paso a que se elimine el CPCCS y, de esa forma, asegure al país el regreso a la institucionalidad del sistema democrático ecuatoriano.  Si así lo hace ganaremos todos porque transitaríamos hacia el mejoramiento de la calidad de nuestra democracia. Solo la división e independencia de poderes y una buena calidad de la Administración Pública, garantizarían una democracia consolidada y efectiva.

A los ciudadanos nos corresponde, entonces, presionar desde la sociedad civil al legislativo para que se apruebe la eliminación de este organismo. Es la única forma de cambiar el destino de nuestra democracia porque si no se elimina el CPCCS y permitimos que elija las autoridades de control que aún quedan por designar, seguiremos quedando en las mismas.

Ruth Hidalgo es directora de Participación Ciudadana y decana de la Escuela de Ciencias Internacionales de la UDLA.

1 Comment

  1. «…con el solo convencimiento de que nosotros los ciudadanos –para ejercer nuestros derechos– únicamente necesitamos hacer uso de nuestra libertad de asociación y expresión.»
    «A los ciudadanos nos corresponde, entonces, presionar desde la sociedad civil al legislativo para que se apruebe la eliminación de este organismo.»
    De lo antes expuesto por Usted, mi estimada Ruth, se colige que la sociedad civil, haciendo uso de su libertad de asociación y expresión, debe presionar para que se cumplan sus mandatos.
    Apelo a su sapiencia y experiencia, en Participacion Ciudadana, para que nos oriente en como materializar en la práctica, esta presión, de modo que se cumplan los mandatos ciudadanos. Creo que sería muy interesante un artículo a este respecto.

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