Las multas de la adivinación

¿Cómo reaccionaría Usted si su empleador contemplara dentro de su presupuesto mensual, las multas que piensa imponer a los trabajadores por las infracciones que aún no han cometido? O ¿Cómo le parecería que el rector del colegio de sus hijos obligue a sus profesores a poner al menos dos ceros a sus alumnos, aún sin haber calificado los exámenes? O ¿Qué pensaría si uno de sus contratistas tiene previstas en su contabilidad las multas por incumplimientos al contrato que aún no se han producido?

Inadmisible, inaudito, intolerable, sin duda una aberración.

Esta semana ha circulado en redes sociales un video del señor Marlon Jiménez, quien renunció a su cargo dentro de la Empresa Pública Municipal de Transporte Terrestre y Tránsito de Santo Domingo de los Tsáchilas, porque aparentemente el nuevo responsable pretende obligar a los policías municipales a cobrar un mínimo de multas diarias a los conductores, y él se opone.

Que los policías tengan que “cumplir” con la imposición de un mínimo diario de sanciones a los ciudadanos, es igual de inaceptable que el empleador que presupuesta de antemano las multas que impondrá a sus trabajadores, o que el rector que preestablece un mínimo de ceros, o que el contratante que anticipa en su contabilidad el cobro de multas por incumplimientos no producidos. Y, sin embargo, aunque estos tres ejemplos de abuso nos parecen impensables, la noticia de esta semana no nos causa ni el más mínimo asombro. Es uno más de los atropellos al que nosotros ciudadanos-víctimas ya estamos acostumbrados.

Los policías municipales, al igual que cualquier otra autoridad que ostenta una potestad y que por ella puede imponer a los demás una conducta y castigarle por incumplirla, tienen que ejercerla de buena fe. En general cualquiera tiene que conducirse bajo este principio. Pero mucho más la parte poderosa cuando la relación bilateral es desigual, desequilibrada o de poder.

En la última década y media el Ecuador ha vivido sometido a un sistema de abusos y chantajes. Hemos visto policías detrás de palmeras, patrullas detrás de pendientes, escondidos esperando ansiosos el incumplimiento de la norma de tránsito, como el animal a la presa, para sorprender al ciudadano y multarle. Hemos visto multiplicarse Ministerios, Secretarías, Coordinaciones, Oficinas, un sinfín de entidades e instituciones que no tenemos claro qué hacen, excepto que algo controlan y por algo sancionan.

La administración pública desde que creció inconteniblemente de tamaño, perdió funcionalidad y cualquier propósito altruista o de bien común. Sus autoridades se dedican a perseguir los incumplimientos, en lugar de promover los cumplimientos. Prefieren las actuaciones antijurídicas que les permiten “ingresar a caja” y sobrevivir, que las actuaciones ajustadas a derecho por las que “no generan nada”.

Y la iniquidad no termina con la actuación inmoral de las autoridades, no es un problema solamente de personas. El sistema instaurado también depende de la inseguridad jurídica. La sobreproducción legislativa, normativa y reglamentaria, incita el error. Las normas oscuras, las disposiciones inentendibles o el cambio constante de las mismas, confunde aún a las personas que quieren cumplirlas. La incertidumbre tiene como efecto la infracción, que garantiza la tan ansiada punición económica.

El ciudadano regular, desamparado por el derecho y asediado por las autoridades se rinde, acude a ellos pidiendo piedad, paga lo que sea, hace lo que fuera, y ahí asoma, detrás de la palmera, de la colina, o del escritorio de cualquier oficina pública, quien le ofrece una salida. La corrupción requiere crear el problema para luego vender la solución.

Por eso es tan importante la actuación del señor Marlon Jiménez que aparentemente se ha opuesto a las multas de la adivinación. Hay esperanza cuando un ciudadano no sólo que no sucumbe, sino que expone públicamente su oposición.

Bárbara Terán es abogada y profesora de la USFQ.