“Todo esto está en juego en este proceso electoral”

Corrupción: ¿qué se hizo y qué se debe hacer? Con esos dos interrogantes, Cedatos organizó hoy un foro en el cual participaron Pablo Celi, contralor del Estado, Germán Rodas, coordinador de la Comisión Anticorrupción, María Josefa Coronel y José Hernández. Lo moderó Ángel Polibio Córdoba. En su intervención, el Contralor evaluó lo que está en juego en este proceso electoral. 4P la reproduce con un leve proceso de edición.

“¿Qué es lo que está en juego en este proceso electoral? Enfrentamos un proceso de circunstancias en las cuales o el país logra un voto social, consciente, ordenado y estratégico o el proceso electoral también (es secuestrado) por los recursos de la corrupción, por los mecanismos de la corrupción, por la inercia de la corrupción.

Está en juego en este proceso electoral la integridad del Estado, la integridad del proceso de recuperación de una institucionalidad democrática. Y está en juego también el grave riesgo de una descomposición ética y política en el país, en la medida en que no logremos construir un sujeto nacional fuerte, con capacidad de respuesta y resistencia a los intentos de regreso hacia el pasado, a esta venganza del pasado (…), y que pretende una restauración de un sometimiento enajenado de una población que, en carencia de opciones, puede recurrir inevitablemente a esta venganza del pasado.

Una expresión muy importante en la filosofía política es aquello de que los acontecimientos históricos pueden darse de dos formas y dos veces. La primera como tragedia y la segunda como farsa. El país ya vivió diez años de tragedia. Los ecuatorianos no debemos someternos para que una farsa electoral no abra el camino para una tragedia insalvable en los próximos decenios. Por esto quisiera señalar que el tema de la corrupción es fundamental, a condición de que no sea declarado un tema político oportunista, acomodaticio que hace, incluso del escándalo anticorrupción, un mecanismo para el encubrimiento de la corrupción.

En las democracias consolidadas el problema de la corrupción, como aprovechamiento abusivo y doloso de los recursos públicos, es un asunto de derecho penal que se trata simple y llanamente en el ámbito del control, en la investigación, en la sanción y en el resarcimiento. Esto es un tema de derecho penal. El problema está que cuando la corrupción se convierte en un tema político y, más aún, cuando la corrupción se convierte en un problema de atención y preocupación social, en un problema de ética pública y en un problema de legitimidad: es un síntoma muy grave de la fragilidad del ordenamiento institucional.

La sociedad no tendría por qué estar escandalizada por la corrupción si existiese un sistema de control público y un sistema de juzgamiento y procesamiento de delitos contra el Estado que sea eficiente, oportuno y que tenga consecuencias. El solo hecho de que enfrentemos el problema de la corrupción como un problema político, nos obliga a contextualizar cómo fue llevado el país a esa situación. No podemos abstraer los fenómenos que se dan de corrupción, los juzgados y los no juzgados, los descubiertos y los que tenemos que todavía descubrir: no los podemos desligar de los contextos. El país fue llevado en 10 años de atropellos y abusos, a un sistema donde la corrupción se convirtió en un mecanismo organizado de aprovechamiento doloso de los recursos públicos.

Quiero destacar aquí la importancia que tiene el juzgamiento del caso sobornos. Es un caso particular, es verdad, pero es un caso particular que pone en evidencia que en el país se implementó un mecanismo organizado de delincuencia política. Eso es lo grave. Que esto se expresó en el caso Sobornos sí, y en todos los demás, que están siendo investigados y que deberemos investigar. Es un mecanismo que tiene un diseño preestablecido, que construye medios de los cuales se beneficia, que instrumentaliza actores.

El contexto para que haya entronizado un sistema organizado de delincuencia política, para aprovechar los recursos del Estado, tiene que ver con diez años que es necesario también definir con claridad. Son diez años de autoritarismo. ¿Cómo puede ser que aún tengamos que recordar la imagen patética y decadente de un presidente desbordado que se autoproclama jefe de todas las funciones del Estado y que asume esa presunción como un desafío prepotente para toda la sociedad? ¿Cómo podemos olvidarnos de esto y no entender que de aquí nació la cabeza del mal? ¿Cómo podemos olvidarnos de que aquí se anuló la rendición de cuentas en nombre de un populismo irresponsable, que no da cuenta ni siquiera a sus electores, que engaña a sus electores, aprovecha de las urnas y después se convierte en un monstruo antipopular que descompone incluso a las organizaciones que lo apoyaron? ¿Cómo podemos olvidarnos que son 10 años donde se anuló la rendición de cuentas en el país y se descompuso el marco legal?

Estamos preguntándonos ahora qué tenemos que hacer para superar esto. Miremos lo que hicieron: primero fragmentaron todo el sistema legal del país. Las leyes hoy son aisladas, parciales, inconexas, no tienen sindéresis jurídica. Por lo tanto, las autoridades, cuando aplican la ley, lo hacen limitadamente en los campos en cuya competencia pueden entrar y quedan campos abiertos ilimitados que carecen de un control institucional porque hay leyes contradictorias entre sí, que paralizan a las instituciones; leyes que condujeron a que un pronunciamiento de la Procuraduría paraliza a la Contraloría, que un pronunciamiento de la Contraloría invalida la acción fiscal, que un pronunciamiento de cualquier juez puede aquí echar abajo decisiones del Contralor, decisiones de la Fiscal, decisiones del Procurador y hasta decisiones de la Asamblea Nacional. Ha habido incluso ese nivel de pretensión. Esto es posible y, diagnostiquémoslo bien, fracturaron el sistema legal del país, lo fraccionaron y, por lo tanto, rompieron las cadenas jurídicas.

El segundo problema terrible: redujeron competencias sobre todas las instituciones de control, lo cual licenciaba la arbitrariedad en las decisiones.

Un tercer problema gravísimo: aquí se gobernó 10 años con mecanismos ad hoc, con decretos ejecutivos, con regímenes especiales, con regulaciones de emergencia. Si me preguntan, como Contraloría, ¿cuál es el colofón final de lo que hemos observado? Es el imperio de la arbitrariedad decisional, permitido por la licitud jurídica, en la cual se han protegido para que las cosas sean legales, aunque son ilegítimas. Muy grave cuando se rompe el vínculo entre la legalidad y la legitimidad. Se está quebrando el sistema de la institucionalidad jurídica del país y dentro de esto está por supuesto el debilitamiento del control público. Liquidar la autonomía y la independencia de la Contraloría fue siempre un objetivo por servilismo, por sumisión, por abyecta prestación de servicios o porque simple y llanamente se maniató al organismo quitándole capacidades, quitándole recursos.

La Contraloría perdió su capacidad para manejar recursos propios y ahora tenemos una limitación presupuestaria muy significativa. Una forma de ahogarla fue quitar el control previo, una forma de ahogarla fue inventarse en la Asamblea subterfugios para distorsionar los plazos de caducidad y, por lo tanto, colocar al organismo de control en circunstancias en las cuales los procesos de auditoría no puedan concluir por la simple intención del auditado de dilatarlos escondiendo documentos. La posibilidad de recursos de revisión ad infinitum: la Contraloría toma una decisión de destitución de un funcionario con pruebas y el funcionario puede defenderse de esa decisión ad infinitum con lo cual hay la sui géneris situación de muchísimos funcionarios que ahora incluso se ponen de candidatos diciendo que, para cuando la Contraloría tenga que pelear con el Tribunal Contencioso Electoral y ejecutar esas decisiones, ya habrá sido electo alcalde, asambleísta y ya el Contralor no estará.

Esa es la lógica. Esto es lo que se ha hecho con el sistema jurídico. ¿Que en esto no hay responsabilidades políticas? Las hay y de manera directa y por esto estamos en un proceso electoral donde el país tiene que tener conciencia de dónde venimos, en qué situación aún irresuelta estamos y en qué derrotero perverso podemos caer. Porque el país tiene que estar advertido de tres consecuencias también en cuanto a los actores políticos de la corrupción en el país.

El primero: la impostura político-ideológica, el país no puede seguir en una mascarada de farsantes. La segunda: el aprovechamiento de las crisis de representación que lamentablemente hay y es triste que el país tenga una proliferación de micro candidaturas autoreferenciadas que confunden la necesidad de construir un sujeto nacional fuerte con representación social capaz de defender los desarrollos institucionales y proteger al país de los intentos de asalto al Estado. Y, tercero, la grave ruptura en el tejido social. También son responsables de esto. Vamos repetir ahora, vamos a recrear en la memoria toda la descomposición que se generó hace un año, toda la ruptura social y esta profunda confrontación de intereses que se induce en el país para mantener a la sociedad secuestrada, un Estado paralizado, sin control y, por lo tanto, un espacio para una actuación absolutamente libre de los actores de la corrupción.

Quisiera terminar esta primera parte diciendo que de lo que escuché a Germán y a José, me vienen a la cabeza cuatro puntos básicos que hay que entender respecto al tema corrupción.

Primero, si vemos integralmente las cosas debemos tratar los problemas de corrupción como un atentado contra derecho social. Por lo tanto, tiene que la sociedad defender sus derechos frente a lo que es la delincuencia política y la corrupción que conlleva.

El segundo: cada recurso que se pierde por corrupción se pierde para el desarrollo del país. Por lo tanto, la corrupción es un mecanismo que retrasa el desarrollo económico y social.

Tercero: la corrupción descompone el sistema de gestión pública y, por lo tanto, ha sido un instrumento para arrodillar al Estado frente a las bandas usurpadoras de la representación social.

Cuarto: la corrupción lesiona la cultura política porque establece en el país un estatus de cinismo. Lo señaló muy bien José Hernández: no hay corrupción pequeña y grande. Cuando se destruye la ética pública se genera un estatus de cinismo social en donde la ciudadanía se convierte en un sujeto amordazado, anómico. Todo eso son las consecuencias de diez años de atropello y arbitrariedad. Todo esto está en riesgo en el proceso electoral”.

Foto: 4P. 

Este documento se publicó en el boletín dominical de 4P, ayer 27. Si desea recibirlo, suscríbase por favor gratuitamente aquí: GPS4P.