La revista Time sorprendió la semana pasada en su portada con la imagen de Nemonte Nenquimo, indígena Waorani que logró que un Tribunal de Justicia en Pastaza le conceda una acción de protección. Este hecho envía varios mensajes. Uno de ellos, la necesidad de comprender la lucha por la subsistencia de los pueblos originarios que dependen de sus territorios para mantener su identidad y cultura. Otro, el rol de las mujeres en esta lucha.
Sobre el primero, la Constitución ecuatoriana ha planteado en su artículo 57 la consulta previa como requisito necesario antes de que el Estado lleve a cabo actividades extractivas que puedan afectar las comunidades. Sin embargo, este postulado de consulta ha sido reforzado con sentencias posteriores, inclusive una de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2012 sobre la comunidad Sarayaku. Esta sentencia que el Ecuador ha acatado apunta a la necesidad de contar, además, con su consentimiento previo, elevando así el nivel de compromiso estatal.
Hoy requerir pronunciamientos explícitos de parte de las comunidades indígenas se ha convertido en un estándar internacional, inclusive dentro de los sistemas de gobernanza corporativos. Y la implantación de proyectos productivos, especialmente en industria extractiva deben tener en cuenta la opinión de sus habitantes cuando existan impactos sociales o ambientales. En el caso de territorios de pueblos originarios, con su consentimiento.
Esta condición de gobernanza no es nueva. Desde 1992 es parte del Artículo 10 de la Declaración de Rio de Janeiro de la Cumbre de la Tierra que sigue, hasta hoy, desarrollando nuevos instrumentos de aplicación como el recientemente negociado Acuerdo de Escazú. Escazú es un tratado regional, negociado en 2018, que promueve el derecho de acceder oportunamente a información ambiental, participar en la toma de decisiones que afecten el ambiente y acceder a la justicia.
Y si bien los estados siguen fortaleciendo su institucionalidad para mejorar la gobernanza territorial, no es menos cierto que ésta debe también incluir los principios de legalidad y justicia como parte de ese fortalecimiento. Sí, la seguridad jurídica es un concepto universal que se basa en la vigencia y férreo respeto a las reglas de juego que establece un estado especialmente en su constitución. Sin la seguridad jurídica, que muchos sectores reclaman, la capacidad de invertir, tejer alianzas o alentar la producción equitativa e integrada tampoco será posible. La legalidad como respeto a la norma vigente y la justicia como herramienta para vencer la inequidad, son hermanas siamesas en una democracia.
Ecuador tiene que levantarse luego del Covid 19 con el objetivo de construir un país más integrado, más resiliente y más centrado en la gobernanza territorial y en las alianzas entre sectores. Mucho más enfocado en la creación de puentes entre diversos signos para reactivar la producción. Luego de la altísima fragmentación de las últimas décadas, el país requiere encontrarse en lo más profundo de sus territorios. Se requiere que sus todos sus ciudadanos puedan reconocerse como hermanos, como aliados y como socios también. Los proyectos productivos hoy tienen el gran reto de acortar las cadenas de valor e incorporar a los productores rurales y a las comunidades, inclusive a las que gozan de autonomía territorial. Ya existen proyectos inclusivos como estos en marcha que respetan la autonomía de las comunidades ancestrales. Y ese es el camino a seguir.
El valor agregado de esta integración es enorme. En varios mercados internacionales los consumidores valoran que con sus decisiones de compra se promueva el desarrollo de éstas comunidades. Esto hace parte de ese nuevo país que se requiere y que solo lograremos construir con líderes indígenas, empresariales y políticos comprometidos con acuerdos y alianzas de largo aliento. Que comprendan la urgencia de integrar a todos en la mesa y que comiencen a dialogar sin cálculos y sin miedo.
Hoy Nemonte Nenquimo demuestra que es capaz de levantar su voz y tener la atención del mundo. Es hora de escucharla y de escucharnos. Partamos de ahí.
María Amparo Albán es abogada y catedrática universitaria.
