En los últimos 50 años, con excepción del período 2000-2006, los déficits fiscales fueron recurrentes, por tanto, el endeudamiento público fue siempre creciente. Al mismo tiempo, los episodios de impagos de deuda caracterizaron al Ecuador. La pandemia exacerbó el déficit fiscal y la incapacidad del país para pagar las deudas contraídas, sin embargo, es sano evaluar con objetividad el antecedente de los últimos 6 años, en cuanto a la gestión de endeudamiento público en el presente gobierno y en los tres últimos años del gobierno anterior.
Entre los años 2014-2016 la deuda pública interna y externa aumentó en $15.140 millones. Parte de estas deudas fue la emisión de $7.250 millones de bonos basura. La suma de los déficits del Sector Público no Financiero (SPNF) en este período fue de $18.568 millones. El gasto de este sector en 2014 fue 43,6 % del PIB y en 2016 fue 37,7 % del PIB. Entre 2014-2016 el gasto corriente se redujo del 28,5 % del PIB al 26,6 % del PIB y el de capital e inversión disminuyó de 15,1 % del PIB a 11,0 % del PIB. En estos tres años el promedio de crecimiento de la economía fue de 0,9 por ciento.
Entre los años 2017-2019 la deuda pública interna y externa aumentó en $19.357 millones, en este incremento se refleja el registro de algunos rubros de deuda que no se consideraron como tales en el gobierno anterior. La emisión de bonos basura en este período fue de $11.625 millones, considerando la emisión de $2.000 en junio de 2017 que se supone fue gestionada por el gobierno anterior, y la recompra de parte de los bonos 2020. La suma de los déficits del SPNF en este estos años fue de $11.030 millones. El gasto total del SPNF en 2017 fue 36,5 % del PIB y en 2019 fue 36,2 % del PIB. Entre 2017-2019 el gasto corriente aumentó del 27,2 % del PIB a 28,7 % del PIB y el gasto de capital e inversión disminuyó del 9,3 % del PIB al 7,5 % del PIB. En estos tres años el promedio de crecimiento de la economía fue de 1,2 por ciento.
La pobreza que en diciembre de 2013 cobijó al 25,6 % de la población (4.0 millones), en diciembre de 2016 alcanzó al 22,9 % (3.8 millones) y a fines de 2019 llegó al 25,0 % (4.3 millones. El desempleo que en diciembre de 2013 fue de 4,2 % de la población económicamente activa (PEA), aumentó a diciembre de 2016 al 5,2 % de la PEA y a fines de 2019 fue el 3,8 %. La población que en diciembre de 2013 estaba en condiciones precarias de desempleo, subempleo y otras categorías, fue el 51,9 % de la PEA (3.6 millones), ratio que aumentó a diciembre de 2016 al 58,6 de la PEA (4.6 millones) y llegó a fines de 2019 al 60,5 % de la PEA (4.9 millones). La informalidad aumentó del 40,1 % de la población en diciembre de 2013, al 43,6 % en diciembre de 2016 y al 46,7 % a fines de 2019.
Como se puede apreciar en la cascada de números e indicadores descritos, el agresivo endeudamiento público caracterizó a los dos períodos, así como los elevados déficits fiscales. Al mismo tiempo, en promedio, en los dos períodos la economía apenas creció 1,1 por ciento, mientras, la población crece alrededor del 1,5 por ciento anual. Paralelamente, en los dos períodos el ejército de pobres, informales, desempleados, subempleados y otras categorías de trabajo precario aumentó hasta alcanzar cifras alarmantes.
La sociedad tiene la obligación de cuestionar con severidad el destino del exorbitante endeudamiento público. ¿Por qué el mismo no se reflejó en un elevado crecimiento de la economía? ¿Por qué el astronómico endeudamiento público no se tradujo en menos pobres, menos desempleados y subempleados, y en mayor progreso de la sociedad? El paisaje nacional ofrece algunas respuestas cotidianas. El gasto corriente estatal es alarmante. La gigante burocracia dificulta la vida de las personas y empresas. La corrupción ha capturado el país en lacerante destrucción de los cimientos morales y éticos de la sociedad. Principalmente en el gobierno anterior, el populismo fiscal no encontró límites aupado por el autoritarismo. La opacidad en el uso de la deuda pública y del gasto estatal es la normalidad.
Gran parte de la decadente inversión pública financiada con deuda se ha dilapidado en ineficiencia, en sobreprecios, en rampante corrupción, en su inutilidad para contribuir al crecimiento de la economía y servir de complemento y atracción de la inversión privada. La debilidad de las instituciones democráticas, la falta de transparencia en la gestión del Estado, la anomia de la sociedad, la ausencia de controles y sanciones, han impedido conocer el real destino del endeudamiento público. Cuánta inversión pública se habría realizado con los $17.735 millones de los bonos basura (con altas tasas de interés) y otros créditos: hospitales, carreteras, puentes, caminos vecinales, escuelas y un sinfín de infraestructuras para el progreso del Ecuador. Carencias que se han evidenciado con la pandemia del coronavirus.
Ante la total desprotección económica y fiscal, elevados déficits y deuda, ausencia de ahorros e inversiones y decrecimiento económico, emerge el acuerdo con el FMI como providencial apoyo para sobrevivir con préstamos de unos $6.500 millones en 27 meses. Una deuda diferente que, como obligación, debe inducir a cambios profundos en la gestión económica y fiscal del Ecuador del futuro.
En los últimos cincuenta años, con excepción de los años 2000-2006 luego de adoptada la dolarización, los déficits fiscales y, en consecuencia, el continuo endeudamiento público fueron la secular normalidad, así como los no pagos de la deuda pública. En cambio, la inversión externa casi estuvo ausente y no pasó de ser similar a un error estadístico. La inversión privada siempre fue insuficiente. El crecimiento económico fue famélico y las tensiones fiscales el diario vivir al amparo de la constante inestabilidad del precio del petróleo. Luego de medio siglo los pesares económicos, fiscales, sociales, institucionales y de gobernabilidad agobian al Ecuador.
Las duras lecciones del pasado y las perspectivas de futuro bienestar, demandan la consecución de superávits fiscales, única vía para liquidar el endeudamiento público. Esta es una responsabilidad y obligación de toda la sociedad. Sin superávit fiscal no habrá progreso. Su consecución, además de obtener el “Grado de Inversión”, será ineludible obligación del próximo gobierno. El país tiene en sus manos elegir al gobernante que cumpla con este cometido que, lamentablemente, no presenta otras opciones.
Jaime Carrera es economista
La pandemia ha revelado una verdad dolorosa: la incompetencia cuesta vidas y arruina economías.Las recomendaciones de los expertos han sido supeditadas al oportunismo político,las medidas se han tomado tarde y es otra de las características de la clase política ecuatoriana,las culpas se han extendido para eludir las responsabilidades propias.
Muchos creen que LA JUSTICIA SOCIAL es el valor de ensalsar el odio,la envidia,el resentimiento,el robo,el trato desigual frente a la ley, eso deriva en un conjunto de instituciones parasitarias e injustas. Si Ecuador abraza los valores de la libertad ,en al menos treinta años, vamos a ser una potencia.En los actuales momentos,luego de la pandemia,estamos en el piso pidiendo piedad.