Los nefastos recuerdos del 30S de hace diez años se adornaron en el mes de septiembre con los inacabados hechos de corrupción, como normalidad de la descomposición moral de la nación. La constante alteración de la paz social, ya en tensión por la pandemia, por demandas de impagos estatales sin la menor conciencia de la crisis fiscal, también abonaron a un septiembre de ingratos recuerdos.
No obstante, el relato que precede fue matizado con alentadores eventos que alientan expectativas positivas, aún en el mar de incertidumbres futuras propias del incierto término y aniquilación del implacable coronavirus. La concreción de la reestructuración de los bonos basura y la aprobación del acuerdo con el FMI, son hechos importantes de gran alivio a la profunda desolación fiscal. La dolarización y la solidez del sistema financiero se han mostrado como indestructibles pilares para soportar esta histórica crisis.
En septiembre, las cuentas públicas también muestran señales de convalecencia. Si bien al comparar los períodos enero-septiembre 2019-2020 los ingresos tributarios son menores en $1.742 millones, al comparar tales ingresos sólo para el mes de septiembre de los dos años, los mismos crecen 16,2 por ciento. Cierto es que en tal mes el fisco tuvo un ingreso extra de $257 millones por el anticipo de impuesto a renta de ciertas empresas, sin embargo, este impuesto y el IVA reflejan tasas de crecimiento positivas.
La conclusión del Estado de Excepción y la natural necesidad de reanudar las actividades económicas, tibiamente se reflejan en los recaudos impositivos. Son los primeros signos de un largo camino por recorrer. Los ingresos petroleros siguen escuálidos así como los no tributarios. Luego del crítico mes de junio, en los meses siguientes se percibe cierta mejoría en los ingresos públicos.
La reducción de los ingresos sigue siendo muy superior a la disminución de los gastos, tan solo el 5,8 por ciento. La masa salarial pública se reduce $365 millones entre los dos períodos, muy por debajo de lo imperativo, aún con la duda del registro real del valor requerido en septiembre. Si la administración pública está semiparalizada y en gran medida se labora en los hogares, la obvia consecuencia es la reducción del gasto operativo del Estado. La contracción del gasto de capital e inversión es severa, de alrededor de $3.700 millones asignados para el año, entre enero-septiembre se han gastado unos $765 millones.
Como los gastos son mayores que los ingresos, el déficit a septiembre fue de $4.203 millones, valor inferior a agosto mes en el que fue de $4.249 millones. Leve mejoría aunque circunstancial, pues, el mismo será muy superior hasta fin de año, aunque no en la magnitud de los $8.300 millones que ha difundido el gobierno. Las deudas por pagar ascendían a $3.743 millones, aunque con los valores adeudados en 2019 a los GADs, seguridades sociales y otros, estas superan los $5.000 millones. Cabe señalar que en las cuentas por pagar se incluyen $819 millones de los intereses de los bonos basura no pagados hasta septiembre, los cuales fueron reestructurados. Según el gobierno, un valor por $1.026 millones de los intereses de estos bonos, se pagan en el presente año con el Bono PDI que como capitalización de intereses se comenzará a pagar en cinco años a partir de 2026.
Las necesidades de financiamiento entre enero-septiembre de 2020 fueron de unos $12.000 millones, producto de la suma del déficit, amortizaciones de la deuda pública, CETES, deuda flotante o bola, inversiones financieras (casa para todos) y otros rubros. Para cubrir estas necesidades de financiamiento se obtuvieron préstamos de los organismos multilaterales por $2.322 millones, se emitieron bonos por $400 millones para el programa casa para todos, el Banco Central prestó al gobierno $500 millones para pagar el crédito de Goldman Sachs, los desembolsos internos fueron de unos $1.500 millones y se efectuaron las renovaciones de los CETES. Para cubrir las necesidades de financiamiento el gobierno tuvo que acumular deudas por pagar por $3.743 millones a los GADs, seguridades sociales, sueldos de la burocracia, proveedores y otros rubros.
Como se puede inferir, el déficit y las necesidades de financiamiento son cuantiosos. Los alrededor de $7.000 millones de nuevos créditos provenientes del FMI, BM, BID, CAF y la China, que se espera fluyan hasta fin de año, aún son insuficientes para cubrir el déficit esperado y todas las necesidades de financiamiento, no obstante, serán un gran alivio a la caja fiscal y la economía. Los primeros $2.000 millones desembolsados por el FMI ingresados el 2 de octubre, ya casi se consumieron al efectuarse los pagos de gran de los atrasos por obligaciones impagas del Estado.
Con la vital ayuda de los organismos multilaterales el Ecuador encuentra vías de sobrevivencia hasta el fin de año. El año 2021 tendrá otra historia. Las restricciones continuarán hasta que la posta del arduo caminar se traspase al próximo gobierno.
Excelente artículo Sr. Economista Carrera, pero al tratarse del FMI, tengo muchas dudas y una de ellas se trata del programa que pretende instaurar el FMI, con respecto a la reforma tributaria, para incrementar los ingresos fiscales, si bien el Gobierno actual no lo podrá aplicar, por lo tanto, está medida deberá ser ejecutada en el 2021, por el siguiente Gobierno. Con el incremento del IVA en un 15%. ¿Quiénes serán beneficiados? Porque claramente desde mi punto de vista el pueblo sería el más afectado y cada vez se vuelve más complicado activar nuestra economía. Necesitaremos un golpe de suerte.
Me fascina leer los artículos de éste señor Economista Carrera, con una personalidad muy ecuánime, claro y comprensible al lector sus análisis. Saludos.