Era noviembre del 2007 y la euforia constituyente hacía carne en los ecuatorianos. Un tiempo en que un mesías, que se subió al vuelo a la camioneta de los forajidos, prometía salvar a la Patria con látigo en mano, desalojando a los herejes de la democracia, a los fariseos de la Patria Grande.

En ese ambiente, forjado a punta de discursos imposibles y de desencantos ciudadanos, se escribió la Constitución. Aquella que se dijo que sí sería para siempre porque duraría trescientos años: ya vamos dos enmiendas y contando.

Lo cierto es que –in vitro– la norma más importante del país lucía perfecta. El poder ciudadano la cruzaba entera y varios derechos quedaron impresos. Parecía que habíamos inaugurado la sociedad perfecta: con participación ciudadana, con transparencia y, sobre todo, con derecho a la resistencia. En suma, la panacea de la democracia: después de esta Constitución, no había más que decir.

No obstante, como aguafiestas a la revolución que empezaba, muchos alzaron sus voces profanas advirtiendo, tempranamente, sobre elementos que tarde o temprano resultarían peligrosos porque reforzaban un hiperpresidencialismo que, en manos equivocadas, iba a desembocar en autoritarismo, como efectivamente sucedió.

Hemos sobrevivido más de diez años con esta Constitución y hemos visto, de primera mano, cómo la discrecionalidad presidencial y las autoridades aupadas en el hiperpresidencialismo, han sido la génesis de arbitrariedades y abusos.

No pocas veces este importante cuerpo normativo fue pasado por alto: recordemos cómo el mismo derecho a la resistencia considerado como un hito constituyente, fue vilipendiado con la criminalización de la protesta. De igual manera la metida de mano en la Justicia tuvo su origen en la Constitución.

Es más, derechos consagrados y ponderados en esa importante norma, como la participación ciudadana, fueron cooptados políticamente mediante el órgano constitucional que fue considerado como sagrado e impoluto: el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ese órgano, ícono de la Constitución, fue utilizado como el brazo político de cooptación de los órganos de control. Ni hablar de la muerte cruzada que prevalece, como espada de Damocles, para uso político de eliminación de doble vía.

La realidad es que por sus pecados la Constitución hace rato que viene siendo motivo de discusión en frentes académicos, políticos y ciudadanos. Con dos enmiendas a cuestas, se sigue pensando en que lo más aconsejable es cambiarla… o reemplazarla.

Y justamente ese el debate está cobrando fuerza en la sociedad, a la luz de una innovadora iniciativa de un reconocido y distinguido ecuatoriano que persigue iniciar una discusión sobre la conveniencia de reemplazar la Constitución por la del 1998. Su propuesta está logrando, de a poco, la adhesión de muchos expertos, pensadores y académicos que promueven un amplio debate nacional. Su punto central descansa en el criterio de que, así como fue aprobada la Constitución de Montecristi –por referéndum–, por la misma vía puede ser reemplazada.

Sin duda esta propuesta merece ser debatida desde lo técnico y jurídico: toca discutir con seriedad su viabilidad jurídica. Quizás es una buena oportunidad para que, en un ejercicio democrático y académico, podamos desnudar a la Constitución vigente, analizarla detenidamente con un criterio objetivo.

Este debate iba a darse tarde o temprano. Era de esperarse que cuando las aguas del autoritarismo bajaran, la gran pregunta que teníamos que hacernos era si vale la pena tener una Constitución como la actual; si nuestra democracia se fortalece con su contenido o más bien es una amenaza.

El debate se ha prendido y promete convertirse en una discusión interesante y de altura a la que, ojalá, los ciudadanos de a pie podamos tener acceso. Conviene participar de este foro porque nos corresponde a todos acercarnos a ese análisis y dilucidar entre todos si la Constitución de Montecristi conviene ser reemplazada o le perdonamos sus pecados.

Ruth Hidalgo es directora de Participación Ciudadana y decana de la Escuela de Ciencias Internacionales de la UDLA.