Bloqueo de calles y carreteras, tomas de fuentes de agua y pozos petroleros, ocupación de gobernaciones, intentos de ingresar a la Asamblea y Presidencia de la República, secuestro de policías y militares, desinformación, secuestro de periodistas, cuadrillas de enmascarados armados aterrorizando a la población, destruyendo el patrimonio de Quito, saqueando negocios, ataques a ambulancias, destrucción de UPC, incendio de la Contraloría… Jaime Vargas maltratando a un coronel y llamando a la fuerzas del orden a desconocer al Presidente de la República… Eso fue Octubre-2019, más allá de sus interpretaciones. Y la suma de esos hechos lleva a María Paula Romo y a Amelia Ribadeneira a una conclusión en su libro Octubre, que presentaron ayer en Quito: hace un año Ecuador no vivió un paro sino el intento de dar un golpe de Estado. La adopción de medidas económicas y los errores de comunicación para darlas a conocer, por parte del gobierno –errores que ellas reconocen– solo sirvieron de pretexto a los dirigentes indígenas y al correísmo que coincidieron en ese propósito.
El escenario y la conclusión no son nuevos. El aporte del libro está en poner en evidencia los hechos sucedidos en esos once días; en particular del 9 al 13 de octubre cuando el presidente decidió retirar el decreto Ejecutivo 883 que pretendió liberar los precios de los combustibles. Ese decreto llevó a las calles a los transportistas. Sus bloqueos de calles y rutas abrieron las puertas al caos y la violencia protagonizados por los indígenas y grupos urbanos de choque provenientes, al parecer, del lumpemproletariado.
Romo y Ribadeneira ponen cifras y datos al evento más violento desde el retorno de la democracia. Su objetivo es evidente: enmarcar los hechos. Ubicar sobre la mesa elementos fácticos que pongan coto a las interpretaciones fantasiosas que quieren dividir en dos a los actores de aquellas jornadas. De un lado, un Estado desalmado y sus fuerzas represivas desatadas en las calles. Y del otro, grupos de indígenas y del pueblo pobre desfilando pacíficamente y luchando democráticamente contra el neoliberalismo y el FMI. En su apuesta las autoras revelan cifras y hechos que perfilan el nivel de violencia, los daños causados y la explotación propagandística contenida en una frase: “A lo largo de la crisis, fue necesario atender y desmentir cerca de veinte mil fake news para frenar en alguna medida el feroz ataque”. Y en el libro, de 155 páginas, se citan algunas de esas noticias falsas: Lenín Moreno pide asilo, golpe de estado militar, centenares de indígenas asesinados con un disparo en la cabeza, reducción del salario a los policías…
En esa línea, las autoras recuerdan el papel miserable jugado en esos días aciagos por Freddy Carrión, defensor del Pueblo: no solo apoyó a los dirigentes indígenas cuando arreciaron sus ataques contra la capital sino que formó parte de la campaña de desinformación con pronunciamientos y cifras de fallecidos que nunca cotejó. También se anotó en el coro de aquellos que afirmaron que las muertes (que la propaganda multiplicó) eran producto de acciones violentas de la policía. Cuando fue confrontado con la realidad, dijo que ese papel era de la Fiscalía; no suyo…
Hacer dialogar los hechos con datos: paradójicamente es bastante y es poco tratándose de un libro escrito por dos funcionarias del gobierno. Porque no queda claro cómo actuó el correísmo en esas jornadas. Y cuáles fueron los nexos y los operadores del proyecto de golpe de estado que no cuajó. Ahí se nota que el servicio de inteligencia del Estado sigue destruido. No se sabe cómo procesó globalmente el gobierno esta crisis y, salvo el testimonio de Juan Sebastián Roldán, secretario del Gabinete, sobre la capitulación el 13 de Octubre, no hay señal alguna de cómo operó el Ejecutivo. No se cuenta cómo vivió la Policía aquellas jornadas en las cuales fue el pilar que sostuvo la institucionalidad. Nada se dice sobre la actitud de los militares y su forma peculiar de encarar un ataque que humilló a parte de sus tropas y dejó insubsistente el toque de queda.
No hay huella alguna del vacío producido esos días por la Asamblea Nacional, las gestiones secretas y la inacción de César Litardo, su presidente. Nada se dice sobre la actitud de la oposición politica que aquellos días apoyó a Moreno. En definitiva, es un libro que recoge la verdad de María Paula Romo, jefa de la Policía. Ciertamente es esencial y hay que leerlo porque permite visualizar el rompecabezas de octubre-2019. Pero hay piezas que un año después siguen dispersas.
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Personalmente, encuentro muy sospechosas las actividades privadas del ministro en funciones (como la publicación y la comercialización de libros). El golpe de Estado de octubre tiene varias lecturas; Primero, el golpe fue planeado con mucha anticipación y es muy probable que Iza y Patiño firmaran un pacto no sagrado en algún lugar de Latacunga, solo buscando la oportunidad ideal, y esto vino con el decreto sobre la eliminación de los subsidios al combustible golpista, luego ocurrió el brote. Bloqueo de calles y carreteras, incautación de fuentes de agua y pozos de petróleo, ocupación de provincias, intento de ingreso al Parlamento y Palacio Presidencial de la República, secuestro de la policía y del ejército, entrega de información falsa, secuestro de periodistas, grupos armados enmascarados que toman poblaciones terroristas y destruyen Quito Legado, robo corporativo, ataques a ambulancias, destrucción de la UPC, incendio en la Contraloría … Jaime Vargas abusó del coronel y llamó a las tropas ordenadas a ignorar al Presidente de la República y tomar medidas económicas Y el error de comunicación que les informó el gobierno -el error que admitieron- fue solo una excusa para los líderes indígenas y el Correísmo que llegaron a un consenso para tal fin.
No se lo que pueda decir el libro “octubre” sobre el desplazamiento de la sede de gobierno a Guayaquil. Trato de comprender eso sí, cómo es que la ciudad de Quito quedó prácticamente en manos de la turba indígena. Parecería que les hubiesen dado luz verde para su violencia y destrucción. Era muy fácil controlar las acciones de protesta, porque los indígenas regresaban las noches a la Casa de la Cultura. Pudieron ser sitiados allí por el ejército, hasta que registren sus nombres y desistan de la acción violenta, antes de salir a incendiar, destruir y meterse en los edificios del gobierno. menos entiendo, que por suspender esta asonada, se les hubiera entregado una oferta de impunidad que les permite ahora repetir esos actos (ahora sin la intervención ni el dinero de Correa), cuando fue un acto flagrante contra el orden constituido, como lo asegura el libro. María paula romo ha cambiado su punto de vista respecto al levantamiento, porque al inicio no consideraba que hubo un acuerdo para desestabilizar el país. Pero eso fue y es lo que falta investigar y procesar. Hubo una intención para desestabilizar Colombia, Ecuador, Chile y Perú y lo hicieron con similares acciones. En Ecuador fueron comprometidos los indígenas y los trabajadores (que se atrasaron y luego negaron su participación). Nadie entiende con claridad el incendio de la Contraloría. Nadie comprende la intención del asalto a la Asamblea y si la querían también quemar. Nadie sino ellos saben que iba a pasar si permanecían en Carondelet. Lo único distinto es que la juventud también se sintió aludida por las consecuencias que sufren con estos pésimos gobiernos de 14 años y porque estuvieron fuertemente instigados a través de las redes. Iza y Vargas tienen que ser juzgados.
Creo que hay que prepararse para el próximo OCTUBRAZO.
Para salvar al Patrimonio de la Humanidad los quiteños deben repetir lo dicho por Nebot ” QUE SE QUEDEN EN EL PARAMO “
Personalmente me parece sumamente cuestionable el que una Ministra en funciones realice actividades privadas como lanzar y comercializar libros.
Independientemente de que ésta pueda ser la visión del gobierno de los hechos, no hay duda de que Correa y su mafia pretendían fraguar un golpe de estado, lo curioso es que el gobierno de Moreno con tanta ineptitud y corrupción ha hecho todos los méritos para ser sacado a patadas, pero se ha mantenido justamente porque la mayoría de actores temen sacarlo por el peligro latente de que los “revolucionarios” hagan sus jugarretas.
La asonada de octubre tiene varias lecturas; en primer lugar, el golpe de Estado estaba planificado con mucha antelación y es muy posible que Iza y Patiño hayan firmado un pacto non santo en algún lugar de Latacunga y solo buscaban la oportunidad ideal, y esta llegó con el decreto de la eliminación de los subsidios a los combustibles, entonces se produjo el “estallido”.
En segundo lugar, fallaron escandalosamente los servicios de inteligencia estatales a todo nivel, es más, debieron estar muy alerta desde cuando Patiño llamó a la insurrección, desde ese mismo instante tenían que tomar medidas radicales, tomando preso a este y comenzar una investigación a fondo; nada de eso se hizo y las consecuencias se reflejan hasta ahora; Leonidas Iza y Jaime Vargas debieron también ser reducidos a prisión, pero en vez de eso los recibieron en Palacio para vejar por segunda vez al presidente del país, algo realmente inaudito por donde se mire.
Las consecuencias de esa inacción y permisividad se ven ahora: esta pareja de indígenas están más envalentonados que nunca, ayer pretendieron arrasar el monumento de Isabel la Católica y amenazar con un octubre más radical y violento, que pretenden? Incendiar Quito como lo hizo Rumiñahui? Con un derramamiento de sangre hasta saciar su sed de venganza por lo ocurrido hace más de 500 años? Sólo entonces esta pareja serán juzgados.
Por último, la actuación de los militares; que podían hacer ellos? Disparar a los golpistas que asaltaron un cuartel? O dar bala a los que les vejaron? Palo porque bogas y palo porque no bogas.
Creo sinceramente que nadie en el país estaba preparado para este golpe y si no tomamos los recaudos adecuados, el próximo “paro” será sangriento, con ciudades y fábricas saqueadas e incendiadas, por lo pronto, Vargas e Iza deben ser enjuiciados y condenados por los hechos de hace un año y los de ayer, caso contrario, aquí va a pasar algo muy, pero muy grave.
Excelente lectura del tema, Don Fernando.
Sólo la destrucción del edificio de la Contraloría, hubiera bastado para que un gobernante bien plantado, haya hecho pagar con todo el rigor de la Ley a los responsables directos e indirectos de este acto de barbarie, pero aquí con tantos blandengues en el gobierno no pasó ni pasará nada.
La destrucción de instituciones públicas y los ataques a cuarteles, sobre los cuales no hay ningún avance en las indagaciones criminalísticas, apuntan en realidad a operaciones tipo false flag, cometidos por ciertos sectores del estado mismo para culpabilizar a otros. A esto suma muy bien que los corruptos del gobierno buscaron hacer desaparecer lo que estaba en contra de ellos en Controlaría, o sea un motivo directo.
Esto va a enojar a un montón de zurdos y borregos, porque el vandalismo estaba justificado. Porque según su lógica solo ellos son pueblo, el resto oligarcas