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La justicia es lenta, pero no siempre es su culpa

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Luego de 20 años de juicio penal, este 14 de octubre se ratificó la sentencia condenatoria por peculado a un Ex Presidente del Ecuador. ¿Cómo puede demorarse tanto tiempo la resolución de un caso? No es porque sea el de una persona importante, los juzgados tienen miles de juicios rezagados de comunes mortales.

Hay ciudadanos que esperan décadas para saber si van a tener que cumplir cárcel, o si los años que llevan presos serán suficientes. Hay personas o empresas que esperan saber si tienen o no que pagar tributos impugnados, mientras los intereses se van acumulando insoportablemente. Hay afectados que quisieran conocer si les toca o no recibir una indemnización, mientras la esperan sufriendo los perjuicios del daño reclamado. Todo ello implica una incertidumbre que impide a las personas planificar, y a los capitales producir.

Una de las causas de esta negligencia: el irrespeto de los poderes ejecutivo y legislativo al tercero del grupo. Este tercer poder debe ser, a diferencia de los otros dos, estable, sabio y sereno. Debe mantenerse al margen de politiquerías, resultados electorales, intereses partidistas e ideologías. La Justicia es uno de los pilares en cuya base se asientan las democracias liberales que se diseñaron para combatir el absolutismo. Sin embargo, es vapuleada por los temporales huéspedes de los otros dos, quienes constantemente atentan contra su independencia.

En nuestra memoria reciente de la década perdida tenemos la muestra más cínica y agresiva de la intromisión y amenaza a la autonomía judicial. El Consejo de la Judicatura se convirtió en un verdugo para los jueces que resolvían asuntos de interés del gobierno. Si se atrevían a decidir en su contra, los destituían de un plumazo aplicando un procedimiento administrativo de oficio por supuesto dolo, negligencia manifiesta o error inexcusable. Los jueces miraban a los compañeros de fila caer tan fácil y rápidamente que aprendían la lección: o resolvemos como el partido del poder necesita, o seremos los próximos.

Pero la amenaza a la justicia no ha sido exclusiva de la tiranía de Correa. Aunque haya operado y opere con formas más sutiles.

Recuerdo cuando hace veinte años todos los juzgados ya tenían computadoras e impresoras y funcionaban en edificios modernos llenos de ayudantes, mientras que el Tribunal Contencioso Administrativo, que resuelve las causas contra el Estado, operaba en una vieja casa de la calle 9 de Octubre, en una soledad interrumpida solamente por el tecleo de las máquinas de escribir setenteras que debían seguir utilizando. Obviamente tardaban el cuádruple que sus homólogos de otras materias en resolver. De esta forma sutil y no tan arbitraria, otros gobiernos han evitado la gestión eficiente los jueces que tienen potestad de hacer pagar al Estado o castigarle por sus indebidos procederes.

El gobierno actual de Moreno no parece tan agresivo contra el poder judicial. Sin embargo, ciertas decisiones u omisiones, definitivamente atentan contra su autonomía. Es lo que sucede cuando omite su deber de cumplir las sentencias y las torna completamente ineficaces. También pasa cuando el Ministerio del Trabajo niega o retarda injustificadamente las autorizaciones para contratación de nuevo personal pedido por los jueces. O peor, cuando se eliminan las partidas para el pago de sueldos de ayudantes o amanuenses, como ha sido comunicado esta semana que va a ocurrir 1,200 funcionarios judiciales que pronto dejarán de prestar sus servicios; garantizando que la ya lenta justicia, lo será aún más.

Los gobernantes de turno desprecian al poder judicial porque no juega a la política. Porque sus miembros tienen tareas permanentes y deben ser ajenos a los vaivenes propios de las elecciones y a los caprichos de las ideologías. Esta falta de alineación con sus intereses, provoca que el poder ejecutivo y el legislativo quebranten sus límites e invadan el terreno de los jueces, buscando su complicidad y en caso de no lograrlo, estorbando su labor.

Debemos recordar sin embargo, que el poder judicial es también un servicio público, quizá el más importante. Y que no deberíamos demostrar tanta paciencia para que le doten de medios y condiciones, sino que deberíamos exigir que así se haga. No tendríamos que rogar por sentencias en juicios eternos, sino deberíamos presentar querellas contra quienes atentan constantemente contra la eficiencia, la autonomía y la independencia judicial.

Bárbara Terán es abogada y académica de la USFQ.

 

3 Comments

  1. lastimosamente las cortes de justicia de nuestro país también son un nido de ratas. Lo afirmo por experiencia propia- Porque cuando un mandatario abusivo y autoritario mete la mano en la justicia; la función judicial no tiene la entereza de frenarlo en seco? por que tiene rabo de paja. Si no fuese así lo frenarian en sus ,pretensiones.recordando lo que la función judicial es uno de los tres poderes del estado que garantizan la democracia-

  2. El problema del Poder Judicial ha sido una de las peores crisis que el Ecuador ha vivido durante años, en el gobierno de Correa el Poder Ejecutivo utilizó el Poder Judicial como un títere a su favor, la ineficacia es persistente en plena era de la tecnología por la falta de autonomía que presenta el sistema a causa de la influencia en el proceso por parte de los Mandatarios y la corrupción se hace presente en todo su esplendor.
    No es posible que en Ecuador las penas a las malas practicas sociales sean mas cortas que dictar la sentencia a las mismas.
    Desde la reforma a la Constitución en el 2008, el proceso judicial a reducido su eficiencia, puesto que con la reforma se creó el Consejo de la Judicatura y unidades de jueces que cambian todos los días arbitrariamente y derecho de justicia queda en el olvido.
    Como menciona la autora Barbara Terán el sistema judicial debe ser un servicio social sólido y transparente, pero ¿podrán los nuevos candidatos a Mandatarios dar al sistema de justicia su autonomía y solidez?

  3. Quizás la Sra Terán tenga razón, pero en mi caso particular llevo una demanda muy clara por una deuda y luego de 2 años ni siquiera han podido citar a uno de los dos demandados, voy al juzgado y observo muchas personas haciendo NADA, las audiencias se fijan cada dos horas, y toman 15 minutos.
    Cual es el criterio para tener tribunales penales con TRES JUECES para decidir si a un asesino comprobado le dan 20 o 30 años de cárcel ? Hay alguna diferencia que lo haga uno ? Porque todos los juicios de funcionarios públicos comienzan con certificaciones de l ministerio que nombró al funcionario que nombró al funcionario, gastan papel y mucho, muchísimo tiempo, al final siempre nos dicen que el juicio tiene 1,500 páginas y que toma tiempo revisarlo, lo que no dicen es que 1,400 páginas son fotocopias, la mayoría de ellas repetidas varias veces en el mismo juicio

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