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Sostenibilidad fiscal, el imperativo nacional

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No obstante su importancia para la prosperidad del país, más para los pobres, la sostenibilidad fiscal es un concepto etéreo, lejano, nada comprendido. En el Ecuador, debido a su trágica historia de crónicos déficits públicos y recurrentes no pagos de su deuda, la sostenibilidad fiscal encarna el imperativo de transformar el elevado déficit público en superávit fiscal que permita reducir de modo progresivo el nivel de la deuda pública. Esto es, lo ingresos deben superar a los gastos. Los ingresos deben ser permanentes en decurso de los años, para cubrir un nivel de gastos razonable y compatible con la capacidad económica de la sociedad para sostenerlo.

Como analizamos la semana anterior, el gasto público es realizado por diferentes niveles del sector público no financiero (SPNF). Encontrar un tamaño adecuado del sector público y su sostenibilidad, no es posible sin un profundo análisis de cada nivel del SPNF.

El gasto de los GADs (Municipios, Prefecturas, Juntas Parroquiales) representa alrededor del 12 % del total del SPNF. Su autonomía y participación por la Constitución y la Ley, de un porcentaje de los impuestos y de la renta petrolera, limita la acción del Ministerio de Finanzas para controlar este gasto. No obstante, si las cuentas públicas totales deben tener superávit, estos organismos están llamados a caminar en esa dirección. Lo cual exige mejorar sus recaudaciones propias para reducir la dependencia del Gobierno Central. También es su obligación reducir sus gastos corrientes, mejorar la eficiencia de sus gastos e impulsar las inversiones que contribuyan al crecimiento del país. Cabe recordar que unos $900 millones se destinan a sueldos, los que representan en promedio, el 20 % del total de sus gastos o 10 % de los sueldos del SPNF. Además, gran parte de sus gastos corrientes se registran como gastos de inversión. De otra parte, para garantizar la entrega puntual de las transferencias a los GADs por el presupuesto estatal, este no debe tener déficit y mantener cuentas sostenibles.

El gasto de las seguridades sociales (IESS, ISSFAL e ISSPOL), representa alrededor del 25 % del gasto total del SPNF. La autonomía de estas instituciones limita el control del Ministerio de Finanzas y el sometimiento al rigor fiscal que exige el superávit. Sin embargo, por responsabilidad con el país, están llamadas a transitar en esa dirección. Su contribución a la sostenibilidad fiscal pasa por reformas para aumentar su financiamiento propio, reducir su déficit actuarial y disminuir su dependencia de la contribución para el pago de las pensiones que debe entregar el presupuesto estatal. La entrega puntual de las mismas, exige que el presupuesto del Estado no tenga déficit y sus ingresos y gastos sean sostenibles en el tiempo. Atenta a la sostenibilidad del conjunto del sector público la falta de transparencia y eficiencia de sus gastos, los diarios hechos de corrupción, la ineficiencia y opacidad de sus inversiones, negativos costos que luego se trasladan al presupuesto estatal.

El sector petrolero es un negro agujero de las cuentas públicas. A partir de 2008, el registro antitécnico de la cuenta CFDD que registra los ingresos por venta de derivados y los egresos por su importación, distorsiona el tamaño del gasto público en alrededor del 8 % del PIB, con su exclusión, el real gasto del SPNF se ubica en el 30 % del PIB. Como las empresas petroleras no funcionan como tales y no disponen de balances, sus resultados operacionales y sus inversiones son irreales y mal registrados en la cuentas del SPNF. Ante tal hecho, como tales empresas funcionan mediante las transferencias efectuadas por el Ministerio de Finanzas, las cuentas públicas se acomodan a esta realidad y se distorsionan en esa dimensión. Lo correcto es que el resultado operacional de estas empresas refleje los valores reales de ingresos por exportaciones y venta de derivados, los egresos por costos y gastos de operación, importación de derivados, pagos a las empresas privadas por tarifas y otros egresos. Debe existir un cambio radical en la gestión e información petrolera, a fin de volver transparente y técnico su registro en las cuentas del SPNF y en la determinación real del ingreso petrolero al presupuesto.

En 2020 la asignación a las universidades fue de $1.363 millones, valor que luego se redujo por efectos de la pandemia. Su gasto representa alrededor del 3,5 % del gasto del SPNF. Su autonomía limita la acción de control del Ministerio de Finanzas. Participan por ley de los impuestos a la renta e IVA, en cerca de los $1.000 millones. Estas gastan alrededor de $900 millones en sueldos, esto es, el 10, % del gasto en sueldos de todo el SPNF o el 11 % del gasto en sueldos del presupuesto estatal. Su contribución a la sostenibilidad fiscal debe obligarlas a caminar por la senda del superávit, a reducir sus nóminas y gastos corrientes, a ser eficientes en sus gastos, a autofinanciar sus actividades.

El gasto directo del presupuesto del Estado bordea los $18.000 millones o 50 % del gasto del SPNF, luego de excluir las transferencias del presupuesto a los GADS y a las seguridades sociales y las inversiones de las empresas petroleras. De tal gasto, $8.500 millones son sueldos dentro de los cuales están $900 millones de sueldos de las universidades. El resto se destina al gasto operativo de las entidades, al pago de bonos a los pobres, a los intereses de la deuda pública, a algunas transferencias a empresas y otros conceptos y a mínimas inversiones.

Los ingresos tributarios y no tributarios del presupuesto no alcanzan para cubrir los $18.000 millones citados, además, faltarían $5.700 millones para las transferencias a los GADs y las seguridades sociales. Con un precio del barril de petróleo de $40 dólares el presupuesto casi no recibe dólares, pues, estos se consumen en los presupuestos de las empresas petroleras estatales, en subsidios y en el pago de las tarifas a las empresas privadas.

Como se deduce del relato que antecede, encontrar la sostenibilidad fiscal tiene severas restricciones en alrededor del 50 % del gasto del SPNF atado a las autonomías de los GADs, seguridades sociales, universidades, y funcionamiento de las empresas petroleras y otras estatales. En el otro 50 % del gasto atado al presupuesto, reducirlo en alguna medida tiene serias limitaciones y requerirá de inmensos esfuerzos en cuanto a la masa salarial y otros rubros y sacrificios de la inversión. Aún, si se logra reducciones del 2 % del PIB, el gasto total del SPNF no sería menor del 28 % del PIB. Bajo estas consideraciones, iniciar el camino de la sostenibilidad fiscal a partir de 2022, con un gasto público de tal dimensión, no presenta otra opción que no sea la de obtener ingresos tributarios adicionales no menores a $2.000 millones o 2 % del PIB. Antes, habrá que superar el crítico déficit de 2021. Consideraciones sobre las bondades de las sostenibilidad fiscal se abordarán en el próximo capítulo.

Jaime Carrera es economista.

4 Comments

  1. La incertidumbre de los compromisos internacionales, más el déficit fiscal se encuentran latentes y cada vez más evidentes, es desalentador el futuro que vivimos en nuestro país, una vez más los mandatarios al tomar decisiones precipitadas, seguirán construyendo pobreza y más inequidad, para el pueblo. Por otra parte, no hay que dejar de lado la pandemia que nos asecha y por lo tanto como podremos mejorar nuestra economía. El comercio internacional, especialmente de alimentos tiene restricciones o dificultades y en ese plano el redireccionamiento de las transacciones hacia otros mercados es una vía que empieza a dar señales de entrar en ejecución. Para el Ecuador, el camarón da señales de posible colisión. El petróleo también decae y la lista seguirá incorporando productos si esta epidemia no logra ser controlada.
    una vez más debemos tener otra alternativa, tal vez sea momento de apostarle a la economía naranja, o será acaso que nuestro cacao fino de aroma, podrá tener mayor influencia en el mercado internacional. Ecuador no solo es petróleo.

  2. Ningún político es de fiar, el déficit continuará, porque el que me importismo humano sólo nos hace velar por nuestros intereses. El mismo COVID y la situación de pandemia han demostrado lo peor de “nuestros lideres”. Médicos sin recibir sus sueldos, y asambleístas ganando USD5.000,00 mensuales. Cuando no proponen nada nuevo, y ni siquiera están presentes en su lugar de trabajo, nos da a entender que somos un país del tercer mundo, por el egoísmo de quienes por suerte de ser conocidos y tener “palancas” entran a altos puestos, SIENDO BACHILLERES, sólo para asegurar su vida y la de sus futuras generaciones. Desde el final de la Gran Colombia, la visión de Bolívar fue truncada, la misma Venezuela contaría otra historia, Ecuador al depender del dólar, no llenaría sus déficits con deudas a organismos internacionales (FMI, BM), y sin mencionar a Colombia y su moneda sumamente devaluada. El pretender acabar este déficit con recaudaciones tributarias adicionales, no es más que un sueño de ilusos.

  3. Hace unos días 4P publicó interesantes artículos de María Amparo Albán «Recorte con machete o bisturí?» y de Bárbará Terán «La justicia es lenta…». Lectura obligada para quienes discuten sobre la reducción del tamaño del Estado.

    En síntesis, buena parte del presupuesto del Estado ecuatoriano se va en sueldos de empleados públicos. Obvio!!! Si queremos que se imparta justicia, hay que tener jueces (y personal que haga funcionar los juzgados). Si queremos proteger los parques nacionales, al menos necesitamos guardaparques. Etc etc.

    El problema es que Lenín Moreno (inspirado por el Richard, el FMI y los panas locales como Lasso, Nebot, etc) no usó bisturí. Ni machete. Ni motosierra. Su técnica fue más parecida al ataque con aviones a las torres gemelas: grandes explosiones con tremendo impacto mediático.

    Ahí están los escombros de Tame, Correos, Inmobiliar y otras empresas públicas. Ahí están los damnificados, enjuiciando al Estado.

    En medio de todo eso, el candidato Lasso y el ex-candidato Nebot firmaron un acuerdo para NO TOPAR las rentas de los municipios (léase Guayaquil) y continuar financiando a la Junta de Beneficencia (de Guayaquil). Su plan de gobierno se reduce a eso…. y privatizar la salud y la educación.

    La oligarquía, principalmente guayaquileña, no alcanza a ver el impacto que tiene el desmantelamiento del Estado en los sectores populares y en la clase media.

    Luego han de ir a llorar cuando los votantes les rechacen (una vez más) en las urnas. Y se pasarán los próximos 4 años conspirando para derrocar al nuevo presidente, como lo han hecho siempre.

  4. Muy interesante artículo ; es efectivamente , una necesidad imperiosa poner orden en nuestra caja fiscal , reducir el déficit , aumentar ingresos y eliminar gastos dispendiosos e innecesarios del sector público . Pero , hay que decirlo , esto se logrará si los ecuatorianos elegimos correctamente en las próximas elecciones , y no caemos nuevamente con un populista , charlatán y corrupto . GUILLERMO LASSO PRESIDENTE .

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