Las noticias sobre el desastre provocado por la minería ilegal en San Lorenzo sacudieron esta semana al país. Y volvieron a poner en evidencia dos temas fundamentales: la necesidad de atender el desarrollo social y económico de varias provincias con alta marginalidad y, la otra, el alto interés en el desarrollo minero que en los últimos años ha despertado variados apetitos.
Para nadie es hoy una sorpresa la reciente vocación minera de la mano de descubrimientos y proyectos de clase mundial. Ecuador despierta interés en la minería en el campo internacional, al ser poco explorado y encontrarse en medio del cinturón de cobre andino “Andean Copper Belt”, con alto potencial en oro y cobre.
Pero para poder aprovechar su potencial, hay desafíos previos. Uno de ellos relativo al ordenamiento territorial y las concesiones sobre zonas ecológicamente sensibles. Y la otra, la necesidad de dotar al sector de una estructura operativa formal, de la mano del encadenamiento productivo y la reinversión para elevar el nivel de vida de las poblaciones locales. Pero, ¿es esto posible?
La norma minera vigente estableció ya la obligación de pagar regalías en un monto de 60% que deberá estar destinado para proyectos de inversión social en necesidades básicas insatisfechas y desarrollo territorial o productivo por medio del Banco del Estado. Si la extracción ocurre en la Circunscripción Especial Amazónica, esta misma cifra iría a un Fondo Común para la circunscripción Amazónica. En los contratos de servicios ese monto sería de 3 a 8 por ciento de las ventas de los minerales explotados que irían a proyectos de desarrollo local sustentable, por medio de los gobiernos municipales y juntas parroquiales. Esta es la norma que debe ser cumplida y que estándares como el de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), del cual Ecuador es miembro, tienen la capacidad de monitorear.
Sin embargo, estos mecanismos están establecidos para una minería formal, pequeña, mediana o grande. Que son los que están regulados, quienes obtienen permisos y a quienes se puede obligar administrativamente al cumplimiento de sus obligaciones, sociales, ambientales y económicas. Pero esto no sucede con la minería ilegal, que, al margen de la devastación ambiental y el altísimo impacto social que causa (como se vio en Buenos Aires, Imbabura) no aporta un centavo al Estado por concepto de impuestos o regalías y configura el escenario ideal para el desarrollo de operaciones ilegales de variado origen.
La minería ilegal –como ocurre en San Lorenzo, Buenos Aires y otras localidades – moviliza a buscadores de oro superficial, especialmente aluvial y genera gravísimos impactos a las cuencas y al ecosistema, alterando los cauces hídricos y contaminando los ríos con químicos peligrosos. Genera un sistema de corrupción circundante que lamentablemente alcanza, se dice, a ciertas autoridades de control.
El otro riesgo viene de la mano de la agitación que se está produciendo en comunidades locales por grupos interesados en el desarrollo de la minería ilegal. Al oponerse al establecimiento de la industria formal, pues piensan que así las operaciones ilegales pueden ser facilitadas. Esto se suma a la falta de empleo local, a la enorme marginalidad de ciertas comunidades y, finalmente, a los ofrecimientos de políticos de la zona de organizarlos y ayudarlos a obtener una concesión para que la exploten.
Estos cantos de sirena solo evocan el profundo desconocimiento de la dificultad y complejidad de la industria. Que hoy en el ámbito internacional es una de las más reguladas y vigiladas debido a la necesidad que tiene de invertir fuertemente en estándares y tecnología para manejar adecuadamente los impactos ambientales, entre otros. Pero que cuando un proyecto tiene planificación, inversión adecuada, tecnología necesaria y un manejo de alta responsabilidad social y ambiental, puede ser una salida económica y productiva para un país como Ecuador.
María Amparo Albán es abogada y catedrática universitaria.
¿Cuáles son los proyectos que deben o pueden explotarse? ¿Cuál es el costo beneficio para la población y Estado desprendido de la explotación minera? ¿qué se considera minería? sobre la última pregunta, la minería legal que en su mayoría se dedica a la explotación de oro, la cual no declara cuánto mismo explota, que evade controles ambientales, obligaciones fiscales y funciona entre lo legal y la ilegalidad que linda con formas de crimen organizado. En este sentido surge una nueva pregunta ¿qué hace la ARCOM? ¿el MAE tiene capacidad de control? no obstante la minería “organizada legalmente” pide flexibilizar más los controles, controles mínimos que por responsabilidad empresarial debería ser cumplidos
Ecuador nuevamente se encuentra en una situación complicada , ahora es una minería ilegal que dejaron lamentablemente personas fallecidas, pero mas allá debemos ver mas a fondo porque existió una empresa fantasma operando como si nada, sin autoridades que pongan un freno, un alto, a este tipo de situaciones, pues como primera problemática podemos deducir que esta empresa no conto con los permisos suficientes o quizás con el capital necesario para realizar esta actividad, por eso quizás sus trabajadores no tenían las herramientas suficientes para poder trabajar con todas las normas de seguridad, pero como se encuentra actualmente la crisis económica del pais, cualquier trabajo así sea con remuneración baja es bienvenido ya que no hay trabajo para el pueblo ecuatoriano, pero lamentablemente esta vez hubo victimas que pagaron con su vida, esto solo nos hace ver una ves mas que tenemos un gobierno incompetente que mal gasta la fluctuación del efectivo en cosas innecesarias en ves de apoyar a la producción ecuatoriana.