No queda duda de que sacar adelante a un país exige ante todo una gran dosis de racionalidad de parte de todos los sectores de la sociedad. Y que esa característica se desdobla en la capacidad de entender la realidad y en aceptar los hechos económicos y sociales del país, concretando acuerdos con los demás sectores.
Suena fácil. Pero es precisamente esta capacidad la que se ha visto atrofiada en los últimos años y se manifiesta en la constante reticencia de algunos sectores de arrimar el hombro para sacar adelante al país.
Frente a una economía en crisis, con una caída del PIB de 9,6% según el Banco Central, y que se piensa podría ser aún mayor, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) anunció esta semana que presentará una acción de inconstitucionalidad por el atentado a los derechos del trabajador. Esto se debe al anuncio realizado por el Ministerio del Trabajo de mantener este año el salario básico unificado (SBU) en 400 dólares, por lo cual no se registrará elevación alguna. Algo que se explica fácilmente en el cálculo de la inflación anual proyectada al 2021 y la variación del índice de precios al consumidor, lo que resulta en una cifra negativa de -1,01%.
Ante un indicador que demuestra el frágil desempeño de la economía ecuatoriana en la cual no se incrementarán los precios al consumidor, la salida de un sector es defender intereses sectoriales específicos. Así, la propuesta del sindicalismo de elevar en 80 dólares el SBU no solo ignora al 48% de informales que tiene el país, si no que no considera la amenaza que se cierne sobre la estabilidad de muchos trabajadores que aún tienen empleo y que ganan el SBU. Si se diera una alza salarial, muchos más empleos estarían en peligro durante esta crisis económica. Crisis que de acuerdo con las proyecciones del propio Banco Central del Ecuador (BCE), es más profunda que la registrada en 1999.
Una elevación salarial de esta naturaleza es una simple resistencia a entender la realidad social y productiva del país. Propuesta que no tiene base en cifras económicas ni en cálculos sobre el incremento de productividad o competitividad, sino en una pretensión política que establece el carácter progresivo del salario básico. Lo cual llevado al extremo pretende ignorar una realidad social y económica, imponiendo un concepto jurídico solo ejecutable en una sociedad distópica.
La sociología jurídica del siglo 19 nos legó la capacidad de crear normas que respondan al escenario social, creando normas jurídicas con la capacidad de cambiar y desafiar al sistema a adaptarse constantemente. Con lo cual, pretender encontrar asidero en una norma ignorando el contexto es simplemente descabellado.
A estas alturas de la historia nadie desconoce la necesidad de elevar los niveles de vida del trabajador, y de proteger a los sectores mas vulnerables de la sociedad con una visión de justicia y equidad en relación a la capacidad de todos los sectores, Estado y empresa.
Y también es un hecho que si queremos progresar no podemos ya mantener sectores permanentemente reactivos y sin responsabilidades con la realidad productiva y económica del país. Quienes no han variado su postura y visión del mundo desde los años sesenta, y que no hacen esfuerzos por conocer mejor los mercados laborales emergentes en la economía moderna donde los servicios y tecnología modificaron la dicotomía marxista del capital vs. trabajo.
Los tiempos de repartir la prosperidad y redistribuir se dan de acuerdo a la capacidad económica del Estado y de los generadores de riqueza. Ecuación en la cual los trabajadores son una pieza clave, pero que dependen de hechos económicos tangibles.
Cifras oficiales a diciembre de 2019, dan cuenta de que la tasa de empleo adecuado en el país fue de 38,8%, 48% en el ámbito urbano y 20,6 % en el rural. Si el país requiere hoy algo, es precisamente empleo para las nuevas generaciones. La pandemia dejó sin empleo a un 17 % de jóvenes entre 18 y 29 años según cifras de la OIT.
Si queremos un futuro como país, es hora de un gesto de profunda responsabilidad de todos los sectores. Y de un cambio de discurso político sindical. De un viraje que les permita comprometerse activamente con el futuro del país.
María Amparo Albán es abogada y catedrática universitaria.
El salario para el siguiente año es continuo de este es decir se mantiene en la misma línea teniendo en cuenta que se debería subir un poco pero no se puede hacer eso por el motivo de pandemia, es muy lamentable lo que estamos pasando como Ecuatorianos. Hay otros recursos de los cuales debemos basarnos.
Con la reducción de los salarios, la economía se agrava. Se debería mantener los salarios, así, aumentaría la capacidad adquisitiva y el consumo doméstico, y, por tanto, incrementaría la demanda agregada interna. Este planteamiento provocaría una cadena de consecuencias que dinamizarían la economía. Por ejemplo, con una mayor demanda, las empresas aumentarían sus ventas y contratarían más trabajadores. Con tasas de interés más bajas, algunos empresarios se endeudarían para ampliar su personal. Este incremento de la demanda estaría respaldado en monedas digitales que, a su vez, tienen como sustento a la dolarización.
Nuestra capacidad de adaptarnos al cambio y desafiar a la economía del país es simplemente ilógico y descabellado. El país requiere inmediatamente generar empleo para las nuevas generaciones, ya que las cifras que nos refleja en esta pandemia son casos elevados de jóvenes sin empleo.
Si todos queremos aportar con nuestro granito de arena debemos ver factible que el valor de los SBU se mantenga hasta que crezca la economía del país
De los 11.7 millones de personas en edad de trabajar (15 a 69 años), solo el 23% gana $400 o más; este es el grupo que paga algo de impuestos y contribuye algo a la seguridad social. El 26% gana menos de $400. Y el 51% no gana ni un centavo (INEC, ENEMDU Septiembre 2020).
Dicho de otra forma:
1) la mitad de los ecuatorianos en edad de trabajar…. no tiene ocupación remunerada.
2) solo uno de cada cuatro ecuatorianos en edad de trabajar paga impuestos y contribuye a la seguridad social.
Lo cual es una tragedia social sin precedentes. No solo que el Estado y el IESS van a la quiebra, sino que todo el potencial humano del Ecuador está siendo desperdiciado.
El punto 1 no parece correcto: también los informalmente empleados registran ingresos, sin embargo, no pueden ser capturadas por las estadísticas oficiales ni el sistema tributario. Pero sí, tienen trabajo y sí tienen ganancias. Este detalle relativiza el resto un poco.
Hoy en día es necesario que los sectores sindicales y las empresas tanto publicas como privadas busquen consensos respecto a los salarios, tomando en cuenta que los 400 dólares no igual con el costo de la canasta básica actual, actualmente es duro vivir por eso se necesita que estos sectores busque alternativas para proteger y subir los puestos laborales con un sueldo que no haga mas pobre al empleado, mas bien se sienta que esta protegido por la empresa y el estado. Además estos sectores deben deben negociar el sueldo en el país donde nadie sea perjudicado ni el empleador peor aun el empleado.
Y donde en prioridad se ponga en la mesa el trabajo para los casi seis millones o más de personas que no tienen trabajo formal. Eso, Carlos.
El problema es que a los dirigentes sindicales les dan cuerda en las entrevistas con los periodistas y el gobierno, sin pararles en seco sus estupideces
La situación actual por la que pasa Ecuador es bastante preocupante, no solo en tema político, si no en tema social y económico. Por un parte, estamos cerca a las elecciones de nuestro nuevos mandatarios, pero sin saber una propuesta sólida.
En segundo lugar, tenemos nuestra balanza comercial, nuestro PIB y exportaciones caídas a causa de la crisis económica derivada del COVID-19. Así, llega el punto más esencial de todo esto, la remuneración básica unificada para el 2021, como menciona la autora María Albán, el CUT busca obtener privilegios y exigir sus derechos, pero si somos realistas todas las empresas están haciendo lo imposible por mantenerse a flote, entonces cabe preguntar ¿por qué no nos ponemos las camiseta de nuestra empresa y trabajamos juntos?. Es esencial entender que el país necesita de todos sus ciudadanos, de empresas pequeñas y grandes que se ayuden unas a otras, y no solamente busquen beneficios y utilidad propias.
El Ecuador necesita Instituciones sólidas que ponga a la par las necesidades de empleadores y trabjadores y ciudadanos realistas, que no exigan, que propogan y trabajen por soluciones.