El entuerto electoral que estamos viviendo en estos días, no hace más que confirmar la endeble institucionalidad que sigue presente en el Ecuador.
Si bien tenemos leyes, normas y reglamentos que regulan y encaminan los procesos electorales, los ecuatorianos vemos perplejos, cómo permanece la costumbre de querer tostar granizo: adecuar la norma para servir a intereses puntuales.
La pugna entre los órganos electorales, nos complica a todos. Se supone que la labor del órgano que imparte justicia electoral es -o debería ser- transmitirnos tranquilidad y certeza de que sus fallos no tienen nombre; no pertenecen a nadie más que a la Justicia. No obstante, su última decisión ha desatado más de una crítica y, lo que es más delicado, contribuye a levantar suspicacias que no le hace bien a un proceso que, de por sí, ya se viene difícil. Aún más, desde el punto de vista de la organización de las elecciones, desata un caos, por la consecuencia tácita del diferimiento de las elecciones.
EL calendario electoral que fue aprobado con conocimiento de los movimientos y partidos políticos estaba claro en cuanto a tiempos y plazos para inscripciones y procesos internos y, a estas alturas, ya todos deberíamos saber quiénes van en la papeleta. Eso suponía que los actores políticos, que venían preparándose durante cuatro años para este momento, iban a estar listos para, acatando la ley, entrar en la contienda en igualdad de condiciones. Es obvio que no ha sido así.
La equidad en las elecciones no solamente radica en que se trate a todos por igual, sino que también pasa porque todos acaten la ley por igual -los plazos especialmente- y empiecen la carrera electoral desde el mismo punto de partida.
Podemos estar de acuerdo o no con uno u otro partido y sus tesis, pero hay que admitir que algunos han cumplido a tiempo los requisitos de ley respecto a democracia interna, inscripción de candidatos, presentación de planes de gobierno etc. O sea, si algunos lo lograron, eso demuestra que sí se pueden hacer las cosas con tiempo y con seriedad. Esta disciplina política también demuestra el respeto de los actores políticos a la institucionalidad, y especialmente a la ciudadanía. Al fin y al cabo, es la ciudadanía la que va a escogerlos o no.
Otros actores, por el contrario, otros, por fuera de los plazos, y en un ejercicio forzado, pretenden participar subiéndose al proceso literalmente al vuelo y reclamando un trato especial. Ese tipo de conductas, provenientes de quienes nos quieren gobernar, debería preocuparnos como ciudadanos. La ley es para todos y los plazos establecidos, para cualquier situación o materia, deben ser respetados. Si así actúan ahora, ¿qué podemos esperar en el ejercicio del poder? Ciertamente, urge una renovación política, una nueva visión que desde los partidos políticos proyecte valores éticos y respeto al orden establecido.
Es un hecho que la participación política es un derecho que debe ser tutelado, pero también es cierto que ese derecho tiene que ser ejercido con estricto apego a la ley y desde la transparencia y la honestidad. ¿Cómo entender que un partido político, cuyo nacimiento tiene serios cuestionamientos éticos, respecto al origen de sus aportes, pretenda ahora ser calificado a último momento, postular y acceder a recursos públicos para la campaña?
Este escenario deja incertidumbre y zozobra: justamente lo que no debería suceder. Por ahora, la resolución de este embrollo ha sido lanzado a la Corte Constitucional, y estaremos a la espera de su dictamen, cualquiera que esta sea.
Tremendo entuerto electoral el que se vive. No obstante, está claro que para salir de esto, se requiere de pensamientos lúcidos, no viciados de intereses, con capacidad de sobreponer, por sobre todas las cosas, al bien mayor que debemos defender: la democracia y la ética.
Ruth Hidalgo es directora de Participación Ciudadana y decana de la Escuela de Ciencias Internacionales de la UDLA.
